(Diario de Ibiza, 14/04/2008)

El nuevo equipo de gobierno descarta que las viviendas construidas sin autorización se puedan legalizar. La propiedad recurre de nuevo en los tribunales la orden dada por el Consistorio para echar abajo un local

EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El nuevo equipo de gobierno de Sant Josep defiende la demolición de los 17 apartamentos ilegales de Pimar, en Cala de Bou, propiedad de Si-Pla-Cu. S.L. del empresario Fernando Ferré. «Políticamente defendemos que los apartamentos se derriben, pero hay que dar los pasos con sensatez», indica el concejal de Urbanismo, Josep Antoni Prats, que destaca por encima de todo que esta construcción es «ilegalizable», puesto que en la revisión de las Normas Subsidiarias se mantiene el uso de vivienda unifamiliar, lo que elimina las expectativas de la propiedad para tratar de eludir el derribo, ordenado por sentencia judicial.

En este sentido, Prats recuerda que el anterior equipo de gobierno, del PP, tenía intención de legalizar esta construcción. «Nuestra voluntad es que la legalidad se cumpla al cien por cien. Se podría haber modificado el uso del solar a través del nuevo planeamiento urbanístico, pero no hemos querido hacerlo. Se debe mantener el uso anterior a la construcción de los apartamentos. Si había un bar o algo preexistente podría mantenerse como una construcción fuera de ordenación», agrega el edil.

Hace unos meses, la Junta de Gobierno de Sant Josep ordenó a la propiedad la demolición de uno de los locales construidos sin autorización en el plazo de 30 días. De hecho, el Consistorio ya concedió en su momento permiso de obra para el derribo del mismo, aunque sigue sin ser ejecutado. Dicha resolución se amparaba en una nueva sentencia que desestimaba el recurso presentado por la propiedad en contra de la demolición de uno de los locales del complejo de viviendas. Incluso el Consistorio apunta, en dicho acuerdo, que iba a solicitar autorización judicial para ejecutar de forma subsidiaria la demolición de dicho inmueble en el caso de que la entidad propietaria rehusara hacerlo. De la misma manera, la Junta de Gobierno acordaba impedir el uso del edificio, que se ha convertido en 17 apartamentos sin permiso, y a su vez daba un plazo de 10 días para que se desalojase uno de los apartamentos que estaba ocupado, previo al precinto de las instalaciones.

Sin embargo, la propiedad de las construcciones ha recurrido dicho acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Palma, lo que supone un nuevo retraso en la ejecución del derribo del local. Cabe tener en cuenta que este expediente de infracción urbanística acumula ya un proceso de casi seis años. El Ayuntamiento abrió expediente de infracción urbanística en octubre de 2002, ordenó el precinto cautelar de los apartamentos y e impuso una sanción de 184.000 euros. Posteriormente, en marzo de 2004, el Consistorio, gobernado por el PP, denunció en los juzgados la rotura de los precintos y constató que 14 de los 17 apartamentos ilegales estaban ocupados. Poco más de un año después, en mayo de 2005, dio un plazo de dos meses a la empresa propietaria para que presentase un proyecto de legalización de la construcción, aunque se agotó el plazo sin que se solicitase la licencia.