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La juez ordena derribar un edificio ilegal en es Pouet de Sant Antoni |
(Diario de Ibiza, 19/11/2007)
La construcción fue autorizada por el Ayuntamiento dentro de la franja de protección de la costa. La Corporación anuló primero su propia licencia, pero luego pidió ante el juzgado que la mantenga en vigor
EIVISSA | J. LL. FERRER La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, Carmen Frígola Castillón, ha dictado una sentencia en la que ordena que se restablezca la legalidad infringida en es Pouet de Sant Antoni, donde el Ayuntamiento concedió una licencia en plena zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre. El Consistorio, tras denuncias de la Demarcación de Costas, admitió el «error» y anuló la licencia. Sin embargo, posteriormente presentó un recurso ante el juzgado en el que pedía que se mantuviera en vigor dicho permiso.
El edificio en cuestión consta de cuatro viviendas, dos locales comerciales y garajes. El Ayuntamiento, mediante un decreto de alcaldía del 19 de julio de este año, acordó la inmediata suspensión de los efectos de la licencia de obras concedida para este edificio, que promueve la entidad Residencial Portofino SL. Esa suspensión se decidió después de que el aparejador municipal comprobara que «la citada construcción invade la zona de servidumbre de protección».
Sin embargo, sólo ocho días después de decretar la paralización, Sant Antoni presenta un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que pide que se mantenga en vigor dicho permiso.
La sentencia recalca la paradójica actuación del Ayuntamiento, cuyo escrito rezaba así: «Si bien existen razones para suspender los efectos de la licencia y para impugnarla como se hizo, resulta que en la zona donde se ubican las obras de la licencia otorgada existen errores manifiestos sobre el deslinde definitivo de la zona marítimo-terrestre de es Pouet», por lo que acaba considerando que «resulta superfluo mantener la suspensión de la licencia». «Si lo que es erróneo es el deslinde definitivo de la zona marítimo-terrestre que le afecta, lo que procede es estar al resultado final de esta operación de deslinde definitivo» por si permitiera legalizar la obra.
Errores que «no constan»
La juez es categórica al establecer que dichos errores «por ningún medio documental constan en autos, y que por supuesto esta sentencia ni entra a valorar, ni puede hacerlo, ni es su competencia».
A la vista de los planos de Costas, señala la magistrada, «la licencia incide en un defecto muy grave, que comporta un vicio de nulidad radical». Por ello, el fallo estipula que «el Ayuntamiento procederá a adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la legalidad urbanística vigente».
En su recurso, Residencial Portofino SL expone también la necesidad de ser indemnizada por la anulación de la licencia, pero el juzgado señala que este no es el momento para debatir este asunto.
Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, señaló que de momento no ha leído la resolución judicial, pero indicó que aún es prematuro pronunciarse sobre la demolición, puesto que «los deslindes no son definitivos». Además, subrayó el hecho «extraño» de que la delimitación de la zona de servidumbre de protección invada este terreno de es Pouet y, en cambio, a sólo unos metros de distancia, pero dentro del mismo área, ésta se deje fuera del límite.
Además, el hecho de que dicha casa esté en zona de servidumbre de protección «significa que también lo están todos los servicios urbanos del lugar, como los tendidos eléctricos, las tuberías de agua, etcétera».
Es por este motivo que el Ayuntamiento de Sant Antoni tiene impugnado ante Costas, mediante la presentación de alegaciones, este tramo del deslinde, para el que pide una rectificación. «Se deberá esperar a que se confirme el deslinde definitivo».
La construcción fue autorizada por el Ayuntamiento dentro de la franja de protección de la costa. La Corporación anuló primero su propia licencia, pero luego pidió ante el juzgado que la mantenga en vigor
EIVISSA | J. LL. FERRER La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, Carmen Frígola Castillón, ha dictado una sentencia en la que ordena que se restablezca la legalidad infringida en es Pouet de Sant Antoni, donde el Ayuntamiento concedió una licencia en plena zona de servidumbre de protección marítimo-terrestre. El Consistorio, tras denuncias de la Demarcación de Costas, admitió el «error» y anuló la licencia. Sin embargo, posteriormente presentó un recurso ante el juzgado en el que pedía que se mantuviera en vigor dicho permiso.
El edificio en cuestión consta de cuatro viviendas, dos locales comerciales y garajes. El Ayuntamiento, mediante un decreto de alcaldía del 19 de julio de este año, acordó la inmediata suspensión de los efectos de la licencia de obras concedida para este edificio, que promueve la entidad Residencial Portofino SL. Esa suspensión se decidió después de que el aparejador municipal comprobara que «la citada construcción invade la zona de servidumbre de protección».
Sin embargo, sólo ocho días después de decretar la paralización, Sant Antoni presenta un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo en el que pide que se mantenga en vigor dicho permiso.
La sentencia recalca la paradójica actuación del Ayuntamiento, cuyo escrito rezaba así: «Si bien existen razones para suspender los efectos de la licencia y para impugnarla como se hizo, resulta que en la zona donde se ubican las obras de la licencia otorgada existen errores manifiestos sobre el deslinde definitivo de la zona marítimo-terrestre de es Pouet», por lo que acaba considerando que «resulta superfluo mantener la suspensión de la licencia». «Si lo que es erróneo es el deslinde definitivo de la zona marítimo-terrestre que le afecta, lo que procede es estar al resultado final de esta operación de deslinde definitivo» por si permitiera legalizar la obra.
Errores que «no constan»
La juez es categórica al establecer que dichos errores «por ningún medio documental constan en autos, y que por supuesto esta sentencia ni entra a valorar, ni puede hacerlo, ni es su competencia».
A la vista de los planos de Costas, señala la magistrada, «la licencia incide en un defecto muy grave, que comporta un vicio de nulidad radical». Por ello, el fallo estipula que «el Ayuntamiento procederá a adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la legalidad urbanística vigente».
En su recurso, Residencial Portofino SL expone también la necesidad de ser indemnizada por la anulación de la licencia, pero el juzgado señala que este no es el momento para debatir este asunto.
Por su parte, el alcalde de Sant Antoni, José Sala, señaló que de momento no ha leído la resolución judicial, pero indicó que aún es prematuro pronunciarse sobre la demolición, puesto que «los deslindes no son definitivos». Además, subrayó el hecho «extraño» de que la delimitación de la zona de servidumbre de protección invada este terreno de es Pouet y, en cambio, a sólo unos metros de distancia, pero dentro del mismo área, ésta se deje fuera del límite.
Además, el hecho de que dicha casa esté en zona de servidumbre de protección «significa que también lo están todos los servicios urbanos del lugar, como los tendidos eléctricos, las tuberías de agua, etcétera».
Es por este motivo que el Ayuntamiento de Sant Antoni tiene impugnado ante Costas, mediante la presentación de alegaciones, este tramo del deslinde, para el que pide una rectificación. «Se deberá esperar a que se confirme el deslinde definitivo».