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Sant Josep cree que no tiene sentido la legalización de más casas antiguas |
(Diario de Ibiza, 15/11/2007)
El concejal de Urbanismo asegura que la norma que aprobó el PP reporta «muy pocos ingresos» y que no se puede mantener «para siempre». «En dos años ya se habrán acogido las personas interesadas», dice
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado por la coalición PSOE-Eivissa pel Canvi, discrepa de la posición del alcalde de Sant Antoni, José Sala, del PP, sobre la conveniencia de que se mantenga la norma, incluida en la ley 11/2005 de medidas urbanísticas específicas para las Pitiüses, que permite la legalización de aquellas viviendas fuera de ordenación cuya infracción urbanística haya prescrito y, por tanto, no se puedan derribar. Dicha norma determina que para legalizar estas viviendas sus propietarios deben abonar las tasas y los impuestos previstos en la normativa para nuevas edificaciones, más un 10 por ciento del valor de la obra, cuyo ingreso se destinará a la recuperación o gestión de espacios y recursos naturales. Además, una vez superado este trámite, los propietarios tienen derecho a ampliar dichas construcciones.
La ley de medidas territoriales urgentes para la sostenibilidad de Balears prevista por el Govern prevé eliminar éste y otros artículos de la norma urbanística, de exclusiva aplicación en las Pitiüses, aprobada por el PP, lo que ha provocado las quejas del alcalde de Sant Antoni, quien entiende que al menos este artículo que prevé la legalización de viviendas va de «maravilla» a los ayuntamientos porque supone «ingresos para actuaciones ambientales».
Por contra, el concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, de ERC, apunta que los ingresos que puedan obtener los consistorios son «muy poca cosa». Prats aboga por eliminar este artículo, tal como prevé la nueva ley, y que las viviendas ilegales cuya infracción haya prescrito queden fuera de ordenación. «No se pueden derribar, pero si siguen fuera de ordenación tampoco se pueden ampliar», justifica el concejal de Urbanismo, quien destaca que esta norma debe afectar a pocos casos, por lo cual «no tiene sentido» darle vueltas a cosas que «no tienen una trascendencia importante». Además, Prats apunta que las personas interesadas en esta norma (en Sant Josep se han tramitado algunos casos), que se aprobó hace dos años, «ya habrán legalizado la situación de su vivienda». «No tiene sentido mantener para siempre una norma que se concibió para legalizar construcciones sin licencia anteriores a 1990», agrega. Tampoco entiende por qué el PP tiene interés en que se mantenga este artículo de la polémica ley, puesto que «si tenían interés en legalizar una serie de construcciones ya lo deberían haber hecho».
Por otra parte, los ayuntamientos de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària coinciden en la conveniencia de que, tal como prevé la futura ley urbanística, se mantenga la norma que prevé condiciones para compensar a los propietarios de fincas inedificables, aunque en dos años aún no se ha aplicado a la espera de que cada municipio lo regule en la revisión de sus planes urbanísticos.
El concejal de Urbanismo asegura que la norma que aprobó el PP reporta «muy pocos ingresos» y que no se puede mantener «para siempre». «En dos años ya se habrán acogido las personas interesadas», dice
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ El Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado por la coalición PSOE-Eivissa pel Canvi, discrepa de la posición del alcalde de Sant Antoni, José Sala, del PP, sobre la conveniencia de que se mantenga la norma, incluida en la ley 11/2005 de medidas urbanísticas específicas para las Pitiüses, que permite la legalización de aquellas viviendas fuera de ordenación cuya infracción urbanística haya prescrito y, por tanto, no se puedan derribar. Dicha norma determina que para legalizar estas viviendas sus propietarios deben abonar las tasas y los impuestos previstos en la normativa para nuevas edificaciones, más un 10 por ciento del valor de la obra, cuyo ingreso se destinará a la recuperación o gestión de espacios y recursos naturales. Además, una vez superado este trámite, los propietarios tienen derecho a ampliar dichas construcciones.
La ley de medidas territoriales urgentes para la sostenibilidad de Balears prevista por el Govern prevé eliminar éste y otros artículos de la norma urbanística, de exclusiva aplicación en las Pitiüses, aprobada por el PP, lo que ha provocado las quejas del alcalde de Sant Antoni, quien entiende que al menos este artículo que prevé la legalización de viviendas va de «maravilla» a los ayuntamientos porque supone «ingresos para actuaciones ambientales».
Por contra, el concejal de Urbanismo de Sant Josep, Josep Antoni Prats, de ERC, apunta que los ingresos que puedan obtener los consistorios son «muy poca cosa». Prats aboga por eliminar este artículo, tal como prevé la nueva ley, y que las viviendas ilegales cuya infracción haya prescrito queden fuera de ordenación. «No se pueden derribar, pero si siguen fuera de ordenación tampoco se pueden ampliar», justifica el concejal de Urbanismo, quien destaca que esta norma debe afectar a pocos casos, por lo cual «no tiene sentido» darle vueltas a cosas que «no tienen una trascendencia importante». Además, Prats apunta que las personas interesadas en esta norma (en Sant Josep se han tramitado algunos casos), que se aprobó hace dos años, «ya habrán legalizado la situación de su vivienda». «No tiene sentido mantener para siempre una norma que se concibió para legalizar construcciones sin licencia anteriores a 1990», agrega. Tampoco entiende por qué el PP tiene interés en que se mantenga este artículo de la polémica ley, puesto que «si tenían interés en legalizar una serie de construcciones ya lo deberían haber hecho».
Por otra parte, los ayuntamientos de Sant Josep, Sant Antoni y Santa Eulària coinciden en la conveniencia de que, tal como prevé la futura ley urbanística, se mantenga la norma que prevé condiciones para compensar a los propietarios de fincas inedificables, aunque en dos años aún no se ha aplicado a la espera de que cada municipio lo regule en la revisión de sus planes urbanísticos.