 |
Sant Josep: el Consell detecta dos urbanizaciones ilegales en Port des Torrent |
(Diario de Ibiza, 16/10/2007)
El anterior Ayuntamiento del PP pudo haber incurrido en un delito de prevaricación en la subdivisión de los suelos urbanos, hecho que está investigando la Fiscalía de Medio Ambiente
Eivissa | L. F. A.
La Comissió Insular d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (Ciotupha) acordó ayer informar a la Fiscalía de la ilegalidad que ha detectado en dos urbanizaciones (5.10 y 5.20) en la zona de Port des Torrent, en Sant Josep, ambas aprobadas por el anterior equipo de gobierno que dirigía José Serra Escandell. La propia Fiscalía solicitó la opinión de la institución sobre las licencias tras recibir la denuncia de ilegalidad por parte del Colegio de Arquitectos, que cita hasta ocho urbanizaciones diferentes en este municipio que pueden haber incurrido en la misma ilegalidad a la hora de parcelar los suelos urbanos. Este «procedimiento anómalo», según denuncian los arquitectos y publicó este diario el pasado mes de agosto, consistía en tomar suelos urbanos claramente definidos en el planeamiento como Áreas de Actuación y subdividirlos artificialmente en sucesivos estudios de detalle, con una fragmentación por etapas, lo cual incumple la legislación vigente. Según el portavoz de la Ciotupha, Miquel Ramon, estas ilegalidades se concretan en un «urbanismo a la carta, hecho a la medida de los intereses de los propietarios». Lo peor, sin embargo, es que esta `microparcelación´ reducía al mínimo el 10 por ciento de terreno que los promotores de la obra deben ceder al Ayuntamiento como suelo público. La consecuencia directa es que el Ayuntamiento deja de acumular suelo y no puede llevar adelante ninguna infraestructura pública.
No a la planta de Benimussa
Por otra parte, la Ciotupha ha decidido no autorizar la planta de tratamiento de residuos de construcción que se planeaba en Benimussa, Sant Josep. «Se habría podido autorizar con una declaración de interés general pero el impacto territorial es más importante, a los pies de un ANEI, con evidentes problemas de tránsito y con la posibilidad de contaminar acuíferos», explicó Ramon.
El anterior Ayuntamiento del PP pudo haber incurrido en un delito de prevaricación en la subdivisión de los suelos urbanos, hecho que está investigando la Fiscalía de Medio Ambiente
Eivissa | L. F. A.
La Comissió Insular d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (Ciotupha) acordó ayer informar a la Fiscalía de la ilegalidad que ha detectado en dos urbanizaciones (5.10 y 5.20) en la zona de Port des Torrent, en Sant Josep, ambas aprobadas por el anterior equipo de gobierno que dirigía José Serra Escandell. La propia Fiscalía solicitó la opinión de la institución sobre las licencias tras recibir la denuncia de ilegalidad por parte del Colegio de Arquitectos, que cita hasta ocho urbanizaciones diferentes en este municipio que pueden haber incurrido en la misma ilegalidad a la hora de parcelar los suelos urbanos. Este «procedimiento anómalo», según denuncian los arquitectos y publicó este diario el pasado mes de agosto, consistía en tomar suelos urbanos claramente definidos en el planeamiento como Áreas de Actuación y subdividirlos artificialmente en sucesivos estudios de detalle, con una fragmentación por etapas, lo cual incumple la legislación vigente. Según el portavoz de la Ciotupha, Miquel Ramon, estas ilegalidades se concretan en un «urbanismo a la carta, hecho a la medida de los intereses de los propietarios». Lo peor, sin embargo, es que esta `microparcelación´ reducía al mínimo el 10 por ciento de terreno que los promotores de la obra deben ceder al Ayuntamiento como suelo público. La consecuencia directa es que el Ayuntamiento deja de acumular suelo y no puede llevar adelante ninguna infraestructura pública.
No a la planta de Benimussa
Por otra parte, la Ciotupha ha decidido no autorizar la planta de tratamiento de residuos de construcción que se planeaba en Benimussa, Sant Josep. «Se habría podido autorizar con una declaración de interés general pero el impacto territorial es más importante, a los pies de un ANEI, con evidentes problemas de tránsito y con la posibilidad de contaminar acuíferos», explicó Ramon.