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Sant Josep: el GEN reclama a Costas el derribo de los restaurantes de ses Salines |
(Diario de Ibiza, 17/09/2007)
Los ecologistas alegan que la superficie de los establecimientos excede en más de un 450% el área declarada, según los recibos del IAE de 1992. Creen que puede ser constitutivo de un delito urbanístico
EIVISSA | E. R. El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) ha presentado ante la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, un escrito de alegaciones al proyecto de legalización de los restaurantes de las playas de ses Salines y es Cavallet (Guaraná, Malibú, Jockey, La Trinxa, Es Freus o Chiringay y es Cavallet) solicitado por la empresa Ibifor, en el que reclaman su derribo puesto que, a su entender, «incumplen flagrantemente la Ley de Costas y tienen repercusiones ambientales negativas sobre el Parque Natural». Los ecologistas van más allá y apuntan en un comunicado que la construcción de estos establecimientos de restauración sobre las dunas hace más de 30 años podría ser constitutivo de un delito urbanístico y contra el medio ambiente.
Precisamente, el proyecto de recuperación dunar de ses Salines y es Cavallet elaborado por la dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que ha estado en exposición pública este verano prevé la demolición de estos negocios al provocar «una elevada presión» sobre el equilibrio de la playa, pero el Ayuntamiento de Sant Josep ha solicitado su legalización a través de un escrito de alegaciones.
Ibifor informó en el proyecto de legalización de los restaurantes de la existencia de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el deslinde de la zona de dominio público marítimo terrestre, pero el GEN apunta que la empresa que gestiona los establecimientos no hace mención a que dicho recurso fue resuelto por el TS en febrero de este año, desestimando sus pretensiones y «confirmando la legalidad de la delimitación de esta franja de protección costera. El GEN afirma que Ibifor sólo dispone de una autorización de Costas de 1972 para la construcción de cuatro bares (no seis), pero que la superficie ocupada que se pretende legalizar excede en más de un 450 por ciento de la declarada en los recibos del Impuesto de Actividades Clasificadas del año 1992 aportados por la empresa en el proyecto de legalización. Así, por ejemplo, el Guaraná, en ses Salines, dispone de 227 metros cuadrados según el recibo del IAE de 1992 cuando en realidad ocupa un área de 1.049 metros. Los ecologistas creen que Ibifor no puede acogerse a una disposición de la Ley de Costas para su legalización porque, aparte de las «irregularidades» citadas, tendría que haberse hecho un año después de que la normativa entrase en vigor y no 20 años después.
Los ecologistas alegan que la superficie de los establecimientos excede en más de un 450% el área declarada, según los recibos del IAE de 1992. Creen que puede ser constitutivo de un delito urbanístico
EIVISSA | E. R. El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) ha presentado ante la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, un escrito de alegaciones al proyecto de legalización de los restaurantes de las playas de ses Salines y es Cavallet (Guaraná, Malibú, Jockey, La Trinxa, Es Freus o Chiringay y es Cavallet) solicitado por la empresa Ibifor, en el que reclaman su derribo puesto que, a su entender, «incumplen flagrantemente la Ley de Costas y tienen repercusiones ambientales negativas sobre el Parque Natural». Los ecologistas van más allá y apuntan en un comunicado que la construcción de estos establecimientos de restauración sobre las dunas hace más de 30 años podría ser constitutivo de un delito urbanístico y contra el medio ambiente.
Precisamente, el proyecto de recuperación dunar de ses Salines y es Cavallet elaborado por la dirección general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y que ha estado en exposición pública este verano prevé la demolición de estos negocios al provocar «una elevada presión» sobre el equilibrio de la playa, pero el Ayuntamiento de Sant Josep ha solicitado su legalización a través de un escrito de alegaciones.
Ibifor informó en el proyecto de legalización de los restaurantes de la existencia de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el deslinde de la zona de dominio público marítimo terrestre, pero el GEN apunta que la empresa que gestiona los establecimientos no hace mención a que dicho recurso fue resuelto por el TS en febrero de este año, desestimando sus pretensiones y «confirmando la legalidad de la delimitación de esta franja de protección costera. El GEN afirma que Ibifor sólo dispone de una autorización de Costas de 1972 para la construcción de cuatro bares (no seis), pero que la superficie ocupada que se pretende legalizar excede en más de un 450 por ciento de la declarada en los recibos del Impuesto de Actividades Clasificadas del año 1992 aportados por la empresa en el proyecto de legalización. Así, por ejemplo, el Guaraná, en ses Salines, dispone de 227 metros cuadrados según el recibo del IAE de 1992 cuando en realidad ocupa un área de 1.049 metros. Los ecologistas creen que Ibifor no puede acogerse a una disposición de la Ley de Costas para su legalización porque, aparte de las «irregularidades» citadas, tendría que haberse hecho un año después de que la normativa entrase en vigor y no 20 años después.