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Sant Josep: la Fiscalía examina el acuerdo que evita una demolición en Cala Pinet |
(Diario de Ibiza, 26/06/2007)
Solicita al Ayuntamiento de Sant Josep el convenio suscrito por el anterior alcalde para evitar la ejecución de la sentencia del Residencial Cala Pinet. El Ministerio Público también estudia si puede haber un delito de estafa
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
La Fiscalía investiga el convenio urbanístico firmado por el anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, para evitar la demolición de los cuatro apartamentos ilegales del Residencial Cala Pinet. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenó al Ayuntamiento, tras aceptar un recurso de los titulares de la propiedad colindante al bloque de apartamentos, a incoar con «la máxima celeridad y urgencia» un expediente de infracción urbanística.
El propietario del terreno colindante al Residencial Cala Pinet presentó en su día un contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma y, después, un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que finalmente le dio la razón. Sin embargo, Serra Escandell firmó recientemente un convenio con Anglobalear S.L., promotora del bloque de apartamentos, y el denunciante, que permite a este último, según desveló el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), construir en su propiedad un área en primera línea de mar de 2.000 metros cuadrados, con una altura de cuatro plantas, a cambio de no pedir al TSJB la ejecución de la sentencia.
El Ministerio Público ha requerido al Ayuntamiento de Sant Josep para que le remita el expediente y el supuesto convenio suscrito entre las tres partes. Sin prejuzgar nada, la Fiscalía recuerda que la ley reguladora de la jurisdicción de lo contencioso administrativo determina que las sentencias tienen que cumplirse y que cualquier acto dirigido a evitarlo es nulo de pleno derecho. El fiscal señala que el Consistorio está obligado a ejecutar el expediente de infracción urbanística, tal como ordenó el alto tribunal balear, aunque puntualiza que dicha sentencia no hace referencia concreta a la demolición de las viviendas ilegales, decisión que compete al Consistorio como consecuencia del expediente de infracción urbanística.
El fiscal también investiga si se ha podido cometer una estafa por la venta de los apartamentos ilegales en el caso de que la promotora hubiera vendido los inmuebles sin advertir a los compradores de la existencia de un litigio con el titular de la propiedad colindante.
El Consistorio concedió el final de obra del edificio en mayo de 2003 (el asunto estaba denunciado en los juzgados desde 2001), incluida la parte ilegal, después de que la promotora le entregase un documento en el que se comprometía a ejecutar la demolición de los apartamentos ilegales en el caso de que los tribunales dictasen una sentencia desfavorable.
Solicita al Ayuntamiento de Sant Josep el convenio suscrito por el anterior alcalde para evitar la ejecución de la sentencia del Residencial Cala Pinet. El Ministerio Público también estudia si puede haber un delito de estafa
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
La Fiscalía investiga el convenio urbanístico firmado por el anterior alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, para evitar la demolición de los cuatro apartamentos ilegales del Residencial Cala Pinet. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenó al Ayuntamiento, tras aceptar un recurso de los titulares de la propiedad colindante al bloque de apartamentos, a incoar con «la máxima celeridad y urgencia» un expediente de infracción urbanística.
El propietario del terreno colindante al Residencial Cala Pinet presentó en su día un contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Palma y, después, un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), que finalmente le dio la razón. Sin embargo, Serra Escandell firmó recientemente un convenio con Anglobalear S.L., promotora del bloque de apartamentos, y el denunciante, que permite a este último, según desveló el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN), construir en su propiedad un área en primera línea de mar de 2.000 metros cuadrados, con una altura de cuatro plantas, a cambio de no pedir al TSJB la ejecución de la sentencia.
El Ministerio Público ha requerido al Ayuntamiento de Sant Josep para que le remita el expediente y el supuesto convenio suscrito entre las tres partes. Sin prejuzgar nada, la Fiscalía recuerda que la ley reguladora de la jurisdicción de lo contencioso administrativo determina que las sentencias tienen que cumplirse y que cualquier acto dirigido a evitarlo es nulo de pleno derecho. El fiscal señala que el Consistorio está obligado a ejecutar el expediente de infracción urbanística, tal como ordenó el alto tribunal balear, aunque puntualiza que dicha sentencia no hace referencia concreta a la demolición de las viviendas ilegales, decisión que compete al Consistorio como consecuencia del expediente de infracción urbanística.
El fiscal también investiga si se ha podido cometer una estafa por la venta de los apartamentos ilegales en el caso de que la promotora hubiera vendido los inmuebles sin advertir a los compradores de la existencia de un litigio con el titular de la propiedad colindante.
El Consistorio concedió el final de obra del edificio en mayo de 2003 (el asunto estaba denunciado en los juzgados desde 2001), incluida la parte ilegal, después de que la promotora le entregase un documento en el que se comprometía a ejecutar la demolición de los apartamentos ilegales en el caso de que los tribunales dictasen una sentencia desfavorable.