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Petra no ha cobrado ninguna multa por infracción urbanística en esta legislatura |
(El Mundo, 15/05/2007)
El cobro de las 33 sanciones impuestas en los últimos cuatro años continúa en el aire - También quedan por liquidar 27 de la anterior legislatura, 4 de las cuales prescriben este mismo año
ENRIQUE FUERIS. EDUARDO COLOM
PETRA.- El Ayuntamiento de Petra no ha cobrado ni una sola multa por infracción urbanística en la legislatura que ahora llega a su fin. Desde 2003 se ha levantado un total de 33 expedientes de disciplina urbanística. El cobro de las correspondientes sanciones sigue en el aire.
Asimismo, todavía queda pendiente el cobro de 27 de las 54 sanciones que fueron levantadas en la anterior legislatura. De esta manera, de las 86 sanciones levantadas entre 1999 y 2007, el dinero correspondiente a un total de 60 sigue sin ser ingresado en las arcas municipales.
Los últimos cobros de sanciones por infracción urbanística que el gobierno municipal (PSM) hizo efectivos datan de mayo de 2003 (aunque estos expedientes fueron abiertos en 2000 y 2001). Desde entonces, nada: 33 nuevos sanciones cuyo cobro sigue en el limbo.
Todos estos casos han sido denunciados bien porque la construcción ha sido ejecutada sin licencia municipal o bien porque las características de la ejecución no se ajustan a la Ley o ha excedido los límites establecidos por ésta.
Por lo que respecta a las sanciones pendientes de la anterior legislatura (1999-03) algunas casos podrían prescribir al haber sido abierto el expediente en 1999. De esta manera, un total de cuatro denunciados por infracción urbanística en ese año podrían marcharse de rositas al haberse cumplido el plazo de ocho años que la Ley fija para que el expediente expire [Nota de Disúrbia: aquest termini és el previst per a la prescripció de la infracció. La caducitat dels expedients sancionadors esdevé un cop transcorregut un any des de l'inici sense que hi hagi causa de suspensió imputable a l'infractor. Respecte a l'expedient de demolició, ni el TSJIB encara ho ha aclarit...].
Bonany y Son Canals
Entre los casos sancionados en estos últimos cuatro años destacan dos que han suscitado especial polémica: el de la Ferretería Bonany (cuyo propietario es el marido de la edil del PSM Catalina Mas) y el de Son Canals, ambos aún por liquidar al igual que el resto de esta legislatura.
La ampliación sin licencia llevada a cabo en la Ferretería Bonany fue denunciado, paralizada y declarada «ilegal e ilegalizable» por los propios informes municipales. La multa, que ascendía a 58.608 euros a pagar entre promotor y constructor, fue la de mayor cuantía de las impuestas en esta legislatura. El caso fue destapado por EL MUNDO/El Día de Baleares en 2004. La sanción original, de 119.000 euros, caducó y por lo que parece ésta, sensiblemente rebajada, lleva el mismo camino.
La incapacidad de resolución de expedientes urbanísticos conoció otro de sus episodios más significativos con el polémico caso de Son Canals. El Tribunal Superior ordenó la demolición de un chalé construido gracias a una licencia de reforma. De igual manera, el juez condenó al Consistorio -que recurrió la sentencia- por permitir tal infracción a la empresa dueña del solar, Producciones Son Canals S. L.
El cobro de las 33 sanciones impuestas en los últimos cuatro años continúa en el aire - También quedan por liquidar 27 de la anterior legislatura, 4 de las cuales prescriben este mismo año
ENRIQUE FUERIS. EDUARDO COLOM
PETRA.- El Ayuntamiento de Petra no ha cobrado ni una sola multa por infracción urbanística en la legislatura que ahora llega a su fin. Desde 2003 se ha levantado un total de 33 expedientes de disciplina urbanística. El cobro de las correspondientes sanciones sigue en el aire.
Asimismo, todavía queda pendiente el cobro de 27 de las 54 sanciones que fueron levantadas en la anterior legislatura. De esta manera, de las 86 sanciones levantadas entre 1999 y 2007, el dinero correspondiente a un total de 60 sigue sin ser ingresado en las arcas municipales.
Los últimos cobros de sanciones por infracción urbanística que el gobierno municipal (PSM) hizo efectivos datan de mayo de 2003 (aunque estos expedientes fueron abiertos en 2000 y 2001). Desde entonces, nada: 33 nuevos sanciones cuyo cobro sigue en el limbo.
Todos estos casos han sido denunciados bien porque la construcción ha sido ejecutada sin licencia municipal o bien porque las características de la ejecución no se ajustan a la Ley o ha excedido los límites establecidos por ésta.
Por lo que respecta a las sanciones pendientes de la anterior legislatura (1999-03) algunas casos podrían prescribir al haber sido abierto el expediente en 1999. De esta manera, un total de cuatro denunciados por infracción urbanística en ese año podrían marcharse de rositas al haberse cumplido el plazo de ocho años que la Ley fija para que el expediente expire [Nota de Disúrbia: aquest termini és el previst per a la prescripció de la infracció. La caducitat dels expedients sancionadors esdevé un cop transcorregut un any des de l'inici sense que hi hagi causa de suspensió imputable a l'infractor. Respecte a l'expedient de demolició, ni el TSJIB encara ho ha aclarit...].
Bonany y Son Canals
Entre los casos sancionados en estos últimos cuatro años destacan dos que han suscitado especial polémica: el de la Ferretería Bonany (cuyo propietario es el marido de la edil del PSM Catalina Mas) y el de Son Canals, ambos aún por liquidar al igual que el resto de esta legislatura.
La ampliación sin licencia llevada a cabo en la Ferretería Bonany fue denunciado, paralizada y declarada «ilegal e ilegalizable» por los propios informes municipales. La multa, que ascendía a 58.608 euros a pagar entre promotor y constructor, fue la de mayor cuantía de las impuestas en esta legislatura. El caso fue destapado por EL MUNDO/El Día de Baleares en 2004. La sanción original, de 119.000 euros, caducó y por lo que parece ésta, sensiblemente rebajada, lleva el mismo camino.
La incapacidad de resolución de expedientes urbanísticos conoció otro de sus episodios más significativos con el polémico caso de Son Canals. El Tribunal Superior ordenó la demolición de un chalé construido gracias a una licencia de reforma. De igual manera, el juez condenó al Consistorio -que recurrió la sentencia- por permitir tal infracción a la empresa dueña del solar, Producciones Son Canals S. L.