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Sant Josep: el fiscal pide la demolición de parte de una casa en la que veraneó Aznar |
(Diario de Ibiza, 6/03/2007)
La dueña, el arquitecto y el constructor se enfrentan a un año y medio de cárcel, 27.000 euros de multa. Al parecer, la vivienda se construyó ilegalmente en una zona de influencia del Parque de Ses Salines
EIVISSA | PEDRO PRIETO
La dueña de la vivienda de sa Caleta en la que se alojó el ex presidente del Gobierno José María Aznar el pasado verano se enfrenta a un año y medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. En el banquillo de los acusados se sentaron junto a ella el constructor de la vivienda y su arquitecto, también por un delito contra la ordenación del territorio.
En 2003, la dueña, Rocío M. S., pidió licencia ante el Ayuntamiento de Sant Josep para reformar varias viviendas de una zona denominada Can Toni Fita, en sa Caleta, y bajo la protección del Parque Natural de ses Salines. La reforma obtuvo un informe favorable de la conselleria balear de Medio Ambiente en diciembre de ese mismo año. No obstante, antes de recibir la licencia, se presentó un plano modificado, que fue informado desfavorablemente por Medio Ambiente en 2005, lo que motivó la denegación de la licencia por el Ayuntamiento de Sant Josep el 10 de mayo de 2005.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, relata que las obras continuaron pese a carecer de licencias. Los trabajos, según el fiscal, consistieron en ampliar algunos edificios, levantar paredes, crear nuevos módulos, jardineras y muros de cerramiento, entre otras actuaciones. Las obras, además, se efectuaron dentro de la Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, según la Fiscalía.
En el juicio, los abogados de los tres acusados reclamaron su absolución, al considerar que la infracción pertenece al «ámbito administrativo, no penal». Los acusados revelaron que existía una negociación con el Ayuntamiento de Sant Josep para «cambiar» la edificabilidad en una zona por otra de la misma finca.
Por su parte, el constructor, José P. P., argumentó que desconocía las normativas que afectaban a la zona en la que estaba construyendo.
El fiscal sostuvo su acusación argumentando que todos los imputados debían saber «que no se pueden hacer las cosas sin licencia». Además de la pena de cárcel, pide la demolición de las partes construidas ilegalmente -se detallan cuatro módulos, que suman unos 90 metros cuadrados- y que paguen una multa de 27.000 euros cada uno.
Sin embargo, los letrados aseguran que las únicas partes que se construyeron sin licencia fueron unos muros y jardineras que ya se han derribado.
La dueña, el arquitecto y el constructor se enfrentan a un año y medio de cárcel, 27.000 euros de multa. Al parecer, la vivienda se construyó ilegalmente en una zona de influencia del Parque de Ses Salines
EIVISSA | PEDRO PRIETO
La dueña de la vivienda de sa Caleta en la que se alojó el ex presidente del Gobierno José María Aznar el pasado verano se enfrenta a un año y medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. En el banquillo de los acusados se sentaron junto a ella el constructor de la vivienda y su arquitecto, también por un delito contra la ordenación del territorio.
En 2003, la dueña, Rocío M. S., pidió licencia ante el Ayuntamiento de Sant Josep para reformar varias viviendas de una zona denominada Can Toni Fita, en sa Caleta, y bajo la protección del Parque Natural de ses Salines. La reforma obtuvo un informe favorable de la conselleria balear de Medio Ambiente en diciembre de ese mismo año. No obstante, antes de recibir la licencia, se presentó un plano modificado, que fue informado desfavorablemente por Medio Ambiente en 2005, lo que motivó la denegación de la licencia por el Ayuntamiento de Sant Josep el 10 de mayo de 2005.
La Fiscalía, en su escrito de acusación, relata que las obras continuaron pese a carecer de licencias. Los trabajos, según el fiscal, consistieron en ampliar algunos edificios, levantar paredes, crear nuevos módulos, jardineras y muros de cerramiento, entre otras actuaciones. Las obras, además, se efectuaron dentro de la Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre, según la Fiscalía.
En el juicio, los abogados de los tres acusados reclamaron su absolución, al considerar que la infracción pertenece al «ámbito administrativo, no penal». Los acusados revelaron que existía una negociación con el Ayuntamiento de Sant Josep para «cambiar» la edificabilidad en una zona por otra de la misma finca.
Por su parte, el constructor, José P. P., argumentó que desconocía las normativas que afectaban a la zona en la que estaba construyendo.
El fiscal sostuvo su acusación argumentando que todos los imputados debían saber «que no se pueden hacer las cosas sin licencia». Además de la pena de cárcel, pide la demolición de las partes construidas ilegalmente -se detallan cuatro módulos, que suman unos 90 metros cuadrados- y que paguen una multa de 27.000 euros cada uno.
Sin embargo, los letrados aseguran que las únicas partes que se construyeron sin licencia fueron unos muros y jardineras que ya se han derribado.
El fiscal recrimina al arquitecto
EIVISSA | P. P.
En el juicio salió a relucir que el plano en el que se mostraba de forma definitiva cómo quedarían las obras de reforma no estaba visado por el Colegio Profesional de Arquitectos. El arquitecto imputado, Jaime R. C., aseguró que se trató de un dibujo que solicitó el Ayuntamiento de Sant Josep cuando las obras ya estaban en marcha. También dijo que «en todo momento» el Consistorio supo que las obras se estaban ejecutando «y no las paralizaron». También reveló que llegó un momento en el que el proyecto que se estaba ejecutando no era el que él había presentado y trató de renunciar: «El Colegio no me dejó, porque aún no tenía la licencia».
El fiscal le recriminó al arquitecto su actuación profesional: «No me vale que me diga que no estaba de acuerdo con lo que se hizo, pero que si no lo hacía usted lo harían otros cobrando con dinero negro. Las cosas no se hacen así».
Las dos técnicos de Medio Ambiente que inspeccionaron la zona explicaron en el juicio (celebrado ayer en el juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa) que las obras «no tenían nada que ver» con el proyecto presentado.