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Sant Antoni activa la cuenta atrás de 18 meses para que se derribe la mansión de Cretu |
(Diario de Ibiza, 1/03/2007)
Hoy comienza la cuenta atrás para que en un plazo máximo de 18 meses se ejecute el derribo de la mansión de Cretu. La secretaria del Ayuntamiento de Sant Antoni requirió ayer en el pleno a todos los miembros de la Corporación del ineludible cumplimiento de la sentencia, tal como ordenó recientemente la jueza a través de un auto, lo que marca el inicio de la cuenta atrás. El Consistorio espera que la misma jueza le conceda ahora la autorización para poder entrar en el domicilio de Michel Cretu para la redacción del proyecto de demolición. El Pacto acusó al alcalde de retrasar deliberadamente la tramitación del derrumbe del inmueble.
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, informó ayer de que a partir de hoy comienza a contar el plazo máximo de 18 meses dado recientemente por la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, Carmen Frígola, para la ejecución de la sentencia que obliga a derribar la mansión situada en una cima de Santa Agnès. La secretaria del Ayuntamiento requirió en el pleno de ayer a todos los miembros de la Corporación, tal como apuntaba el auto judicial, del ineludible cumplimiento de la sentencia de demolición en el plazo mencionado a contar desde hoy y que, por tanto, acaba el próximo 1 de septiembre de 2008.
Sala aseguró que el auto de la juez aclara «las dudas» que existían sobre los plazos de cumplimiento de la sentencia, especialmente por «las interrupciones» producidas por la presentación de recursos por parte de las dos partes (la propiedad y el propio Ayuntamiento) para tratar de legalizarla la vivienda y evitar así su demolición. El alcalde señaló que el Consistorio en «ningún caso ha tratado de obstaculizar» el cumplimiento de la sentencia, a pesar de que la jueza «insinúe» la posibilidad de que haya provocado «una demora injustificada». «Nada más lejos de la realidad», recalcó.
También destacó el hecho de que la jueza ofrezca «su apoyo» al Consistorio para la tramitación del proceso de derribo. En este sentido, el Ayuntamiento está a la espera de que la misma jueza conceda la autorización de entrada en el domicilio de Cretu, solicitada el pasado 19 de noviembre, para que los técnicos puedan redactar el proyecto de derribo del inmueble. «Una vez esté hecho se le enviará a la jueza para que esté al tanto de todos los pasos que demos y determine si el proceso que se sigue es el correcto», señaló.
Responsabilidad patrimonial
Sala explicó que la demanda de responsabilidad patrimonial está suspendida y que se reanudará cuando la propiedad de la mansión lo solicite. Michel Cretu ya ha pedido al Ayuntamiento el pago de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) en concepto de daños y perjuicios por la concesión de la licencia de construcción a pesar de que no se podía construir en la cima protegida de Santa Agnès. Esta reclamación quedó en suspenso a la espera del resultado de los recursos presentados, según explicó el alcalde, quien, en todo caso, señaló que no se podrá resolver hasta el final, cuando se puedan «cuantificar» los daños causados.
Por su parte, el Pacto presentó una moción de control en la que pedía explicaciones al equipo de gobierno por el retraso acumulado en el cumplimiento de la sentencia de demolición de la mansión. «Estamos decepcionados por la utilización que hace el PP de las leyes para tapar los agujeros que ha dejado otro equipo de gobierno», criticó la portavoz del Pacto, Laura Carrascosa, quien también recordó que el auto judicial advierte de que el alcalde puede ser sancionado con multas sobre su patrimonio personal en el caso de que entorpezca el derribo de la vivienda. «No se preocupe de la integridad de mi patrimonio personal que de eso ya me encargaré yo», le respondió Sala, que puntualizó que en el auto la jueza afirma textualmente que actuaría contra el primer edil «si hubiera causa y motivo, sin prejuzgar nada». «La jueza no dice que el Ayuntamiento hubiese hecho algo mal, pero entiendo que a usted, ahora que se acercan las elecciones, le interesa mantener este asunto y seguir haciendo demagogia», indicó.
Carrascosa calificó de «escalofriante» el auto judicial e insistió en que el alcalde ha tratado de retrasar la ejecución de la sentencia, al tiempo que acusó al Consistorio de conceder licencias ilegales. Sala respondió que su equipo de gobierno «no ha concedido ningún permiso de construcción irregular». [Nota de Disúrbia: és una llàstima que els jutges no opinin igual... Mira que s'ha de tenir barra per encara sostenir això.]
Hoy comienza la cuenta atrás para que en un plazo máximo de 18 meses se ejecute el derribo de la mansión de Cretu. La secretaria del Ayuntamiento de Sant Antoni requirió ayer en el pleno a todos los miembros de la Corporación del ineludible cumplimiento de la sentencia, tal como ordenó recientemente la jueza a través de un auto, lo que marca el inicio de la cuenta atrás. El Consistorio espera que la misma jueza le conceda ahora la autorización para poder entrar en el domicilio de Michel Cretu para la redacción del proyecto de demolición. El Pacto acusó al alcalde de retrasar deliberadamente la tramitación del derrumbe del inmueble.
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, informó ayer de que a partir de hoy comienza a contar el plazo máximo de 18 meses dado recientemente por la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, Carmen Frígola, para la ejecución de la sentencia que obliga a derribar la mansión situada en una cima de Santa Agnès. La secretaria del Ayuntamiento requirió en el pleno de ayer a todos los miembros de la Corporación, tal como apuntaba el auto judicial, del ineludible cumplimiento de la sentencia de demolición en el plazo mencionado a contar desde hoy y que, por tanto, acaba el próximo 1 de septiembre de 2008.
Sala aseguró que el auto de la juez aclara «las dudas» que existían sobre los plazos de cumplimiento de la sentencia, especialmente por «las interrupciones» producidas por la presentación de recursos por parte de las dos partes (la propiedad y el propio Ayuntamiento) para tratar de legalizarla la vivienda y evitar así su demolición. El alcalde señaló que el Consistorio en «ningún caso ha tratado de obstaculizar» el cumplimiento de la sentencia, a pesar de que la jueza «insinúe» la posibilidad de que haya provocado «una demora injustificada». «Nada más lejos de la realidad», recalcó.
También destacó el hecho de que la jueza ofrezca «su apoyo» al Consistorio para la tramitación del proceso de derribo. En este sentido, el Ayuntamiento está a la espera de que la misma jueza conceda la autorización de entrada en el domicilio de Cretu, solicitada el pasado 19 de noviembre, para que los técnicos puedan redactar el proyecto de derribo del inmueble. «Una vez esté hecho se le enviará a la jueza para que esté al tanto de todos los pasos que demos y determine si el proceso que se sigue es el correcto», señaló.
Responsabilidad patrimonial
Sala explicó que la demanda de responsabilidad patrimonial está suspendida y que se reanudará cuando la propiedad de la mansión lo solicite. Michel Cretu ya ha pedido al Ayuntamiento el pago de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas) en concepto de daños y perjuicios por la concesión de la licencia de construcción a pesar de que no se podía construir en la cima protegida de Santa Agnès. Esta reclamación quedó en suspenso a la espera del resultado de los recursos presentados, según explicó el alcalde, quien, en todo caso, señaló que no se podrá resolver hasta el final, cuando se puedan «cuantificar» los daños causados.
Por su parte, el Pacto presentó una moción de control en la que pedía explicaciones al equipo de gobierno por el retraso acumulado en el cumplimiento de la sentencia de demolición de la mansión. «Estamos decepcionados por la utilización que hace el PP de las leyes para tapar los agujeros que ha dejado otro equipo de gobierno», criticó la portavoz del Pacto, Laura Carrascosa, quien también recordó que el auto judicial advierte de que el alcalde puede ser sancionado con multas sobre su patrimonio personal en el caso de que entorpezca el derribo de la vivienda. «No se preocupe de la integridad de mi patrimonio personal que de eso ya me encargaré yo», le respondió Sala, que puntualizó que en el auto la jueza afirma textualmente que actuaría contra el primer edil «si hubiera causa y motivo, sin prejuzgar nada». «La jueza no dice que el Ayuntamiento hubiese hecho algo mal, pero entiendo que a usted, ahora que se acercan las elecciones, le interesa mantener este asunto y seguir haciendo demagogia», indicó.
Carrascosa calificó de «escalofriante» el auto judicial e insistió en que el alcalde ha tratado de retrasar la ejecución de la sentencia, al tiempo que acusó al Consistorio de conceder licencias ilegales. Sala respondió que su equipo de gobierno «no ha concedido ningún permiso de construcción irregular». [Nota de Disúrbia: és una llàstima que els jutges no opinin igual... Mira que s'ha de tenir barra per encara sostenir això.]