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Sant Josep: MAB asegura al juez que su planta de hormigón de Sant Jordi no causa ruido |
(Diario de Ibiza, 9/02/2007)
Declara como imputado Matías Arrom Quetglas, hijo del propietario de la empresa. Asegura que la instalación cumple la legalidad vigente, aunque admite carecer de licencia específica
Eivissa | J. Ll. Ferrer / Redacción
Matías Arrom Quetglas, uno de los principales responsables de la empresa MAB, constructora de la autovía del aeropuerto, defendió ayer ante el juez la legalidad de la planta de prefabricados de hormigón que ha venido funcionando cerca de Sant Jordi y que ha sido denunciada penalmente por los vecinos por los ruidos y molestias que genera. Arrom, a la salida del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, declinó efectuar declaraciones ante los medios de comunicación.
En su declaración, el empresario negó que esta instalación (dedicada al encofrado de prefabricados para las obras, apuntó) provoque las molestias denunciadas por los vecinos, además de defender su total legalidad.
No obstante, reconoció que no se solicitó autorización para esta instalación sino «para otra planta distinta, para la fabricación de suelo de cemento», y que «esa otra planta no se llegó a instalar». Preguntado por el juez por el motivo por el cual no se tramitó autorización para la planta instalada, dijo no recordar «si se llegó a pedir o no», pero que «en cualquier caso ahí no se realiza ninguna actividad de fabricación». No obstante, y respondiendo a uno de los letrados de la acusación, sí dijo «creer recordar» que solicitaron autorización para la instalación de una planta de graba y cemento.
En cuanto a las molestias, Arrom indicó estimar totalmente innecesario aplicar medidas correctoras de ningún tipo en esta planta de prefabricados de hormigón, puesto que «no se consideraba que [la industria] pudiera emitir ruidos molestos ya que se trata de dos grúas que no entiende que puedan emitir ruidos molestos». Ademas, aseguró que no le consta que recibieran quejas de los vecinos «de los ruidos y vibraciones»; a preguntas de uno de los letrados de la acusación, relató posteriormente que recibieron una inspección por ruidos de la conselleria de Obras Públicas del Govern.
Asimismo, declaró al juez que el tráfico de camiones en la planta se limitaba «a un viaje por la mañana y otro por la tarde» (como mucho se podían juntar dos camiones a la vez, «uno para dejar el hormigón y otro para cargar las piezas hechas», agregó), y que estos vehículos provocaban «el ruido normal que hace cualquier camión». Incluso, Arrom dijo ignorar la existencia de denuncias de vecinos sobre las molestias ocasionadas por esta planta.
Por otra parte, negó que ya se hubiera instalado una planta-suelo de cemento cuando se dictó la primera orden de suspensión de actividad y aseguró desconocer por qué se ordenó la paralización de la planta. Sí reconoció que la industria volvió a trabajar «en las mismas condiciones» que antes de la primera orden. En relación al segundo auto de paralización, dijo tener conocimiento de su existencia y matizó que cuando éste se emitió «ya se iba a desmontar la planta».
En cuanto al informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que exigía para la aprobación del estudio de impacto ambiental el cumplimiento del decreto sobre control de ruidos, explicó que «esto se exigió para una planta, pero no se instaló una planta de fabricación» de cemento.
A preguntas de otro de los abogados de la acusación, declaró que el proyecto de carreteras preveía que ésta era «una zona de acopio e instalaciones de maquinaria».
Arrom reconoció que los camiones circulaban descubiertos y que en los accesos a la planta se aplicaron las «restricciones normales del plan de seguridad de la obra», que dijo creer recordar «establecen unos límites de 10 ó 20 kilómetros por hora». Siguiendo con el trabajo de los camiones, insistió en que el traslado de las piezas cuando son transportadas no provocaba ruidos. Manifestó «haber leído» pero no recordar si conocía las recomendaciones de Medio Ambiente sobre la instalación de barreras antirruido en la planta.
A instancias de su defensa, declaró no haber recibido requerimiento alguno por parte de la Guardia Civil y que no le comunicaron que se iba a practicar un peritaje en la planta, durante el cual aseguro que no estuvo presente.
A juicio del letrado que representa a los vecinos, Josep Costa, Arrom «ha reconocido que la empresa no ha pedido nunca permiso para instalar la planta allí, porque cree que no hace falta al ser una zona expropiada temporalmente para colocar la planta».
El abogado considera que Arrom «ha reconocido que allí había una actividad sin control y sin ningún tipo de precaución».
Declara como imputado Matías Arrom Quetglas, hijo del propietario de la empresa. Asegura que la instalación cumple la legalidad vigente, aunque admite carecer de licencia específica
Eivissa | J. Ll. Ferrer / Redacción
Matías Arrom Quetglas, uno de los principales responsables de la empresa MAB, constructora de la autovía del aeropuerto, defendió ayer ante el juez la legalidad de la planta de prefabricados de hormigón que ha venido funcionando cerca de Sant Jordi y que ha sido denunciada penalmente por los vecinos por los ruidos y molestias que genera. Arrom, a la salida del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, declinó efectuar declaraciones ante los medios de comunicación.
En su declaración, el empresario negó que esta instalación (dedicada al encofrado de prefabricados para las obras, apuntó) provoque las molestias denunciadas por los vecinos, además de defender su total legalidad.
No obstante, reconoció que no se solicitó autorización para esta instalación sino «para otra planta distinta, para la fabricación de suelo de cemento», y que «esa otra planta no se llegó a instalar». Preguntado por el juez por el motivo por el cual no se tramitó autorización para la planta instalada, dijo no recordar «si se llegó a pedir o no», pero que «en cualquier caso ahí no se realiza ninguna actividad de fabricación». No obstante, y respondiendo a uno de los letrados de la acusación, sí dijo «creer recordar» que solicitaron autorización para la instalación de una planta de graba y cemento.
En cuanto a las molestias, Arrom indicó estimar totalmente innecesario aplicar medidas correctoras de ningún tipo en esta planta de prefabricados de hormigón, puesto que «no se consideraba que [la industria] pudiera emitir ruidos molestos ya que se trata de dos grúas que no entiende que puedan emitir ruidos molestos». Ademas, aseguró que no le consta que recibieran quejas de los vecinos «de los ruidos y vibraciones»; a preguntas de uno de los letrados de la acusación, relató posteriormente que recibieron una inspección por ruidos de la conselleria de Obras Públicas del Govern.
Asimismo, declaró al juez que el tráfico de camiones en la planta se limitaba «a un viaje por la mañana y otro por la tarde» (como mucho se podían juntar dos camiones a la vez, «uno para dejar el hormigón y otro para cargar las piezas hechas», agregó), y que estos vehículos provocaban «el ruido normal que hace cualquier camión». Incluso, Arrom dijo ignorar la existencia de denuncias de vecinos sobre las molestias ocasionadas por esta planta.
Por otra parte, negó que ya se hubiera instalado una planta-suelo de cemento cuando se dictó la primera orden de suspensión de actividad y aseguró desconocer por qué se ordenó la paralización de la planta. Sí reconoció que la industria volvió a trabajar «en las mismas condiciones» que antes de la primera orden. En relación al segundo auto de paralización, dijo tener conocimiento de su existencia y matizó que cuando éste se emitió «ya se iba a desmontar la planta».
En cuanto al informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente, que exigía para la aprobación del estudio de impacto ambiental el cumplimiento del decreto sobre control de ruidos, explicó que «esto se exigió para una planta, pero no se instaló una planta de fabricación» de cemento.
A preguntas de otro de los abogados de la acusación, declaró que el proyecto de carreteras preveía que ésta era «una zona de acopio e instalaciones de maquinaria».
Arrom reconoció que los camiones circulaban descubiertos y que en los accesos a la planta se aplicaron las «restricciones normales del plan de seguridad de la obra», que dijo creer recordar «establecen unos límites de 10 ó 20 kilómetros por hora». Siguiendo con el trabajo de los camiones, insistió en que el traslado de las piezas cuando son transportadas no provocaba ruidos. Manifestó «haber leído» pero no recordar si conocía las recomendaciones de Medio Ambiente sobre la instalación de barreras antirruido en la planta.
A instancias de su defensa, declaró no haber recibido requerimiento alguno por parte de la Guardia Civil y que no le comunicaron que se iba a practicar un peritaje en la planta, durante el cual aseguro que no estuvo presente.
A juicio del letrado que representa a los vecinos, Josep Costa, Arrom «ha reconocido que la empresa no ha pedido nunca permiso para instalar la planta allí, porque cree que no hace falta al ser una zona expropiada temporalmente para colocar la planta».
El abogado considera que Arrom «ha reconocido que allí había una actividad sin control y sin ningún tipo de precaución».