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«La corrupción en Eivissa no existe», proclama el PP del Consell |
(Diario de Ibiza, 24/01/2007)
El procesamiento e inminente juicio de dos alcaldes en activo son sólo «casos puntuales», afirma José Sala
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El pleno del Consell Insular rechazó ayer, gracias a los votos del PP, una propuesta del Pacto Progresista para que la institución se persone como acusación en las distintas causas penales por presuntos delitos urbanísticos y ambientales que actualmente se están tramitando en los juzgados, al objeto de «llevar la iniciativa» y dar ejemplo de lucha contra la corrupción política.
El PP, a través de su conseller de Presidencia, José Sala, aseguró que la propuesta tiene «una intencionalidad política» y, además, «corresponde a la Fiscalía llevar adelante la iniciativa denunciadora; nosotros confiamos en su profesionalidad e imparcialidad». En un momento determinado, Sala proclamó: «En Eivissa, la corrupción ni está generalizada ni existe; la oposición ve brujas allí donde no las hay».
El debate desencadenado por esta propuesta desató una fuerte controversia y derivó en intensas acusaciones del Pacto al equipo de gobierno, que fue acusado por la portavoz de la oposición, Pilar Costa, de cometer graves delitos. Costa criticó en concreto la existencia de «consellers del PP que tenían información privilegiada y han hecho compraventas de terrenos condicionadas a lo que diría el futuro Plan Territorial Insular. Esto es tráfico de influencias. Es una prevaricación como una casa», afirmó.
La oposición afirmó que «no sólo es corrupción política lo sucedido en Andratx. También lo es votar recalificaciones en el pleno del Consell cuando se tienen intereses personales, o permitir una ilegalidad y luego hacer una ley a medida para tapar esta ilegalidad, o modificar hasta diez leyes autonómicas para poder aprobar un Plan Territorial ilegal», entre otras cosas que enumeró.
José Sala se limitó a proclamar que «el PP rechaza claramente cualquier actuación delictiva y siempre está a disposición de la Justica», afirmación que fue considerada una obviedad por la oposición.
«La personación», prosiguió Sala, «no puede ser neutra, pues la intervención de terceros sólo puede ser acusatoria». Según él, «ninguno de los supuestos que ahora están sub judice tienen motivos suficientes para poner una querella» por parte la institución.
A esta afirmación Costa respondió que «el caso del túnel de Sóller terminó en absolución y hoy nadie se atreve a negar que fue un caso de corrupción política».
Además, recordó que «el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha ordenado la creación de una fiscalía especial para delitos urbanísticos y ambientales en una isla tan pequeña como la nuestra; por algo será».
Tras remarcar que dos alcaldes en activo, el de Sant Josep y el de Santa Eulària, se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por presuntos delitos urbanísticos, Pilar Costa afirmó: «O se actúa contra la corrupción o se es cómplice de ella».
Aprobadas las multas a Privilege y al vertedero insular
El pleno del Consell Insular aprobó ayer la imposición de una multa a la discoteca Privilege por valor de 15.000 euros por la falta de medidas de seguridad en este local. También se impuso una multa de 366.000 euros a las empresas adjudicatarias de la reforma del vertedero de Ca na Putxa por el retraso que acumulan las obras. Al propio tiempo, se impuso una sanción de 18.000 euros a un restaurante de la cala de Sol d´en Serra que organizó una fiesta ilegal multitudinaria. Todas estas multas se aprobaron sin ningún voto en contra y sin que se suscitara debate alguno en el pleno. El Pacto se mostró de acuerdo con la multa al vertedero, aunque consideró que se ha esperado demasiado tiempo sin actuar por parte del Consell.
El procesamiento e inminente juicio de dos alcaldes en activo son sólo «casos puntuales», afirma José Sala
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El pleno del Consell Insular rechazó ayer, gracias a los votos del PP, una propuesta del Pacto Progresista para que la institución se persone como acusación en las distintas causas penales por presuntos delitos urbanísticos y ambientales que actualmente se están tramitando en los juzgados, al objeto de «llevar la iniciativa» y dar ejemplo de lucha contra la corrupción política.
El PP, a través de su conseller de Presidencia, José Sala, aseguró que la propuesta tiene «una intencionalidad política» y, además, «corresponde a la Fiscalía llevar adelante la iniciativa denunciadora; nosotros confiamos en su profesionalidad e imparcialidad». En un momento determinado, Sala proclamó: «En Eivissa, la corrupción ni está generalizada ni existe; la oposición ve brujas allí donde no las hay».
El debate desencadenado por esta propuesta desató una fuerte controversia y derivó en intensas acusaciones del Pacto al equipo de gobierno, que fue acusado por la portavoz de la oposición, Pilar Costa, de cometer graves delitos. Costa criticó en concreto la existencia de «consellers del PP que tenían información privilegiada y han hecho compraventas de terrenos condicionadas a lo que diría el futuro Plan Territorial Insular. Esto es tráfico de influencias. Es una prevaricación como una casa», afirmó.
La oposición afirmó que «no sólo es corrupción política lo sucedido en Andratx. También lo es votar recalificaciones en el pleno del Consell cuando se tienen intereses personales, o permitir una ilegalidad y luego hacer una ley a medida para tapar esta ilegalidad, o modificar hasta diez leyes autonómicas para poder aprobar un Plan Territorial ilegal», entre otras cosas que enumeró.
José Sala se limitó a proclamar que «el PP rechaza claramente cualquier actuación delictiva y siempre está a disposición de la Justica», afirmación que fue considerada una obviedad por la oposición.
«La personación», prosiguió Sala, «no puede ser neutra, pues la intervención de terceros sólo puede ser acusatoria». Según él, «ninguno de los supuestos que ahora están sub judice tienen motivos suficientes para poner una querella» por parte la institución.
A esta afirmación Costa respondió que «el caso del túnel de Sóller terminó en absolución y hoy nadie se atreve a negar que fue un caso de corrupción política».
Además, recordó que «el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha ordenado la creación de una fiscalía especial para delitos urbanísticos y ambientales en una isla tan pequeña como la nuestra; por algo será».
Tras remarcar que dos alcaldes en activo, el de Sant Josep y el de Santa Eulària, se sentarán próximamente en el banquillo de los acusados por presuntos delitos urbanísticos, Pilar Costa afirmó: «O se actúa contra la corrupción o se es cómplice de ella».
Aprobadas las multas a Privilege y al vertedero insular
El pleno del Consell Insular aprobó ayer la imposición de una multa a la discoteca Privilege por valor de 15.000 euros por la falta de medidas de seguridad en este local. También se impuso una multa de 366.000 euros a las empresas adjudicatarias de la reforma del vertedero de Ca na Putxa por el retraso que acumulan las obras. Al propio tiempo, se impuso una sanción de 18.000 euros a un restaurante de la cala de Sol d´en Serra que organizó una fiesta ilegal multitudinaria. Todas estas multas se aprobaron sin ningún voto en contra y sin que se suscitara debate alguno en el pleno. El Pacto se mostró de acuerdo con la multa al vertedero, aunque consideró que se ha esperado demasiado tiempo sin actuar por parte del Consell.