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Apoyo unánime a la creación de una fiscalía de medio ambiente en Eivissa |
(Diario de Ibiza, 19/01/2007)
Pep Mayans considera que cada administración «debe preservar el medio» desde sus competencias. El Colegio de Arquitectos dice que las administraciones «no llevan como deberían la disciplina urbanística»
EIVISSA | PEDRO PRIETO
Los principales sectores relacionados con el medio ambiente, el urbanismo y la justicia respaldaron ayer la decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de nombrar en las próximas semanas un fiscal que se especialice en todos los asuntos relacionados con los delitos medioambientales y urbanísticos.
El conseller insular de Medio Ambiente, Pep Mayans, consideró que esta decisión «está muy bien». «Cada uno debe preservar y conservar el medio natural desde el trabajo que cada uno tiene asignado. Así, las administraciones competentes deben llevar a cabo proyectos de preservación y mejora, mientras que la fiscalía, en caso de que alguien transgreda la normativa vigente, debe perseguirlo». Una de las razones esgrimidas por la Fiscalía del TSJB es el elevado número de denuncias que hay en las Pitiüses sobre delitos medioambientales, un extremo que el conseller del ramo prefiere no valorar: «Aquí no entro. En todos lados hay peculiaridades y prioridades, por lo que si han decidido hacerlo será que lo han valorado así». No obstante, Mayans reclamó que se tenga la misma sensibilidad con la creación de un juzgado para Formentera: «Me gustaría que también se considerase prioritario, al igual que la construcción de un edificio digno para Eivissa».
El presidente de la delegación pitiusa del Colegio de Arquitectos, José Ferrer Llaneras, también aplaudió la iniciativa: «Dada la problemática de Eivissa y Formentera con los delitos urbanísticos y medioambientales, el hecho de que haya una fiscalía específica es positivo». «En las Pitiüses hay unas tensiones y presiones inmobiliarias de tal calibre que justifican claramente que haya una intervención de esta clase. También hay que tener en cuenta que la disciplina urbanística corresponde a las administraciones competentes, pero aquí no se lleva como se debería», añadió Ferrer, quien recordó que el Colegio de Arquitectos ha prestado ayuda técnica a la Justicia balear en varias ocasiones: «Encontrar especialistas es difícil porque el lenguaje que utilizamos es bastante críptico y técnico», indicó. Esta colaboración profesional «seguirá existiendo», independientemente de la creación de una fiscalía especializada, indicó Ferrer Llaneras.
Por su parte, el presidente del colegio de Abogados de Eivissa, Manuel Alcaide, también consideró «positivo» el anuncio. «Como abogado que lleva temas administrativos y urbanísticos, creo que es una buena iniciativa que exista una especialización en la Fiscalía de Eivissa. Servirá para que no se valoren como delitos actuaciones que no lo son, y que aquellos que realmente lo son se persigan con el rigor necesario». «Desde que se fue el fiscal que más asuntos de este tipo llevaba [en referencia a Manuel Campoy], los temas van como van, y a veces pesa más la opinión de los medios de comunicación que no lo que realmente son». En este sentido, destacó que la «especialización» es «muy interesante», ya que los casos medioambientales y urbanísticos «son complejos, y muchas veces tienen que ver con el derecho administrativo».
El presidente del grupo ecologista GEN, Joan Carles Palerm, manifestó que también está «totalmente de acuerdo». «Hay mucho trabajo y es muy complejo, con normativas muy específicas, como las de agua y residuos, que precisan de conocimientos previos». Según su criterio, «de la misma forma que un fiscal que trata un caso de negligencia médica debe conocer a fondo la patología que trata, en temas de residuos, por ejemplo, hay que conocer a fondo el tema para descubrir la gravedad de un posible vertido».
Pep Mayans considera que cada administración «debe preservar el medio» desde sus competencias. El Colegio de Arquitectos dice que las administraciones «no llevan como deberían la disciplina urbanística»
EIVISSA | PEDRO PRIETO
Los principales sectores relacionados con el medio ambiente, el urbanismo y la justicia respaldaron ayer la decisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de nombrar en las próximas semanas un fiscal que se especialice en todos los asuntos relacionados con los delitos medioambientales y urbanísticos.
El conseller insular de Medio Ambiente, Pep Mayans, consideró que esta decisión «está muy bien». «Cada uno debe preservar y conservar el medio natural desde el trabajo que cada uno tiene asignado. Así, las administraciones competentes deben llevar a cabo proyectos de preservación y mejora, mientras que la fiscalía, en caso de que alguien transgreda la normativa vigente, debe perseguirlo». Una de las razones esgrimidas por la Fiscalía del TSJB es el elevado número de denuncias que hay en las Pitiüses sobre delitos medioambientales, un extremo que el conseller del ramo prefiere no valorar: «Aquí no entro. En todos lados hay peculiaridades y prioridades, por lo que si han decidido hacerlo será que lo han valorado así». No obstante, Mayans reclamó que se tenga la misma sensibilidad con la creación de un juzgado para Formentera: «Me gustaría que también se considerase prioritario, al igual que la construcción de un edificio digno para Eivissa».
El presidente de la delegación pitiusa del Colegio de Arquitectos, José Ferrer Llaneras, también aplaudió la iniciativa: «Dada la problemática de Eivissa y Formentera con los delitos urbanísticos y medioambientales, el hecho de que haya una fiscalía específica es positivo». «En las Pitiüses hay unas tensiones y presiones inmobiliarias de tal calibre que justifican claramente que haya una intervención de esta clase. También hay que tener en cuenta que la disciplina urbanística corresponde a las administraciones competentes, pero aquí no se lleva como se debería», añadió Ferrer, quien recordó que el Colegio de Arquitectos ha prestado ayuda técnica a la Justicia balear en varias ocasiones: «Encontrar especialistas es difícil porque el lenguaje que utilizamos es bastante críptico y técnico», indicó. Esta colaboración profesional «seguirá existiendo», independientemente de la creación de una fiscalía especializada, indicó Ferrer Llaneras.
Por su parte, el presidente del colegio de Abogados de Eivissa, Manuel Alcaide, también consideró «positivo» el anuncio. «Como abogado que lleva temas administrativos y urbanísticos, creo que es una buena iniciativa que exista una especialización en la Fiscalía de Eivissa. Servirá para que no se valoren como delitos actuaciones que no lo son, y que aquellos que realmente lo son se persigan con el rigor necesario». «Desde que se fue el fiscal que más asuntos de este tipo llevaba [en referencia a Manuel Campoy], los temas van como van, y a veces pesa más la opinión de los medios de comunicación que no lo que realmente son». En este sentido, destacó que la «especialización» es «muy interesante», ya que los casos medioambientales y urbanísticos «son complejos, y muchas veces tienen que ver con el derecho administrativo».
El presidente del grupo ecologista GEN, Joan Carles Palerm, manifestó que también está «totalmente de acuerdo». «Hay mucho trabajo y es muy complejo, con normativas muy específicas, como las de agua y residuos, que precisan de conocimientos previos». Según su criterio, «de la misma forma que un fiscal que trata un caso de negligencia médica debe conocer a fondo la patología que trata, en temas de residuos, por ejemplo, hay que conocer a fondo el tema para descubrir la gravedad de un posible vertido».