(Diario de Ibiza, 2/01/2006)

Telefónica Móviles España S. A. ofreció una garantía de 120.202 euros para seguir operando por los daños y perjuicios que podría causar la suspensión de la denegación de licencia por parte de Santa Eulària

EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
La magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca, Carmen Frígola, rechaza en un auto la petición de Telefónica Móviles España S.A. para que la antena de telefonía móvil de la calle Cuervo número 5, en Jesús, pueda seguir operando mientras no se resuelva el contencioso administrativo interpuesto contra la denegación de licencia por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària. Se trata de una de las dos antenas instaladas sin licencia en el barrio de Can Cirer y cuyo desmantelamiento fue ordenado por el Consistorio después de que los vecinos de la zona denunciasen problemas de salud. La otra instalación, propiedad de Retevisión Móvil, se halla en el número 2 de la calle Ruiseñor.

Según fuentes judiciales, Telefónica Móviles España S.A. ha ofrecido incluso una garantía de 120.202 euros (20 millones de pesetas) por «los posibles daños y perjuicios» que podrían causar la suspensión de la denegación por parte del Ayuntamiento de la concesión de la licencia. La empresa alegó en el Juzgado que el pasado 10 de abril solicitó expresamente en el Consistorio la suspensión del acto impugnado (la denegación de la licencia) y que, al no resolverse esta petición, se entendía que «el acto quedaba suspendido» y, por tanto, se podía «dar por concedida la licencia municipal con carácter provisional». La juez rechaza este argumento y señala que «el interés general de las comunicaciones no legitima ni puede prevalecer sobre otros intereses generales como puede ser el de comprobación de la adecuación de las instalaciones o de las actividades que tienen las corporaciones locales».

En el auto, la magistrada-juez recuerda, además, que la empresa recurrente sólo puede sufrir un perjuicio de índole pecuniario «consistente en las pérdidas económicas por el cese del ejercicio de su actividad de telefonía» y que, «al ser cuantificables» y la administración «solvente», puede ser reparado. Recalca, además, que a pesar del interés general de las telecomunicaciones «no pueden obviarse» las autorizaciones necesarias.

Problemas de salud y movilizaciones

EIVISSA | E. R.
Los vecinos del barrio de Can Cirer, en Jesús, llevan años reivindicando el desmantelamiento de las dos antenas instaladas sin licencia junto a sus casas. Hace algo más de un año emprendieron la batalla legal contra las compañías de telecomunicación después de que algunos vecinos denunciasen problemas de salud, que vinculaban a las emisiones electromagnéticas de estas instalaciones. Uno de los casos más significativos es el de una joven de menos de 30 años a la que hace dos años le extirparon un tumor y que posteriormente desarrolló otro. Como nadie de su familia tiene antecedentes similares, esta joven apuntaba a las antenas ilegales, que se orientan hacia su dormitorio, como una de las posibles causas. No es el único caso. Otros vecinos alegaban padecer frecuentes dolores de cabeza, que, aunque nadie puede demostrar que se deba a las emisiones electromagnéticas, atribuían a la presencia de las antenas.

La lentitud de los trámites administrativos en la ejecución del desmantelamiento de las antenas llevó a los vecinos a convocar dos movilizaciones para reclamar una respuesta más rápida de las autoridades. También se presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que fue admitida a trámite. Finalmente, el alcalde de Santa Eulària firmó dos decretos en enero y febrero de 2006 por los que ordenaba a Retevisión Móvil y Telefónica Móviles a desmantelar en un plazo de 48 horas las dos antenas instaladas sin permiso municipal.