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Eivissa: el PP anuncia que reactivará la denuncia penal contra el alcalde |
(Diario de Ibiza, 28/12/2006)
Virtudes Marí pone condiciones para recuperar el diálogo con el equipo de gobierno, basadas en modificaciones en el proyecto aprobado para la reforma del centro de la ciudad
Eivissa | J. Ll. F.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Eivissa, Virtudes Marí, anunció ayer que tiene previsto promover la reactivación de la denuncia penal que había sido presentada el año pasado en Fiscalía contra el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por la falta de la licencia adecuada para algunas de las obras del proyecto de Eivissa Centre. Esta denuncia fue archivada por el Ministerio Público al no apreciar indicios de delito, pero el PP considera que la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) proporciona nueva base legal para la denuncia.
La concejala, en una rueda de prensa inmediatamente posterior a la ofrecida media hora antes por el equipo de gobierno sobre el mismo tema (ver página 5), dijo que en el caso del edificio de Joan XXIII -donde irán a parar los vecinos desalojados de las antiguas viviendas protegidas, que serán derribadas- se ha producido «una falsedad documental por haber declarado una obra nueva inexistente» en el Registro de la Propiedad.
«El auto del TSJB demuestra que nuestras críticas no eran una cuestión política, sino que el alcalde se saltó el procedimiento establecido, y así lo ha dicho el juzgado», dijo Virtudes Marí.
«No teníamos toda la confianza en que se diera la suspensión cautelar, porque siempre se presume la legalidad de la actuación de las instituciones», agregó.
A su juicio, existe «responsabilidad política, porque el alcalde dictó el decreto de Eivissa Centre sabiendo que no podía dictarlo».
El PP culpó a Tarrés de «usar dos varas de medir», ya que en el caso de la mansión de Michael Cretu en Sant Antoni «se ha producido un linchamiento personal a compañeros» de su partido, porque la sentencia que hay allí es sólo administrativa». «No vale que cuando te toca a tí, te dediques a rehuir responsabilidades», agregó.
Sin embargo, aseguró que podría reanudarse el diálogo si se cumplen tres condiciones: «Mantener el colegio de Sa Graduada con su uso y emplazamiento actual, cambiar el sistema de expropiación por el de cooperación en el caso de los afectados de las viviendas, y bajar la edificabilidad en algunas de las obras previstas».
Virtudes Marí pone condiciones para recuperar el diálogo con el equipo de gobierno, basadas en modificaciones en el proyecto aprobado para la reforma del centro de la ciudad
Eivissa | J. Ll. F.
La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Eivissa, Virtudes Marí, anunció ayer que tiene previsto promover la reactivación de la denuncia penal que había sido presentada el año pasado en Fiscalía contra el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, por la falta de la licencia adecuada para algunas de las obras del proyecto de Eivissa Centre. Esta denuncia fue archivada por el Ministerio Público al no apreciar indicios de delito, pero el PP considera que la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) proporciona nueva base legal para la denuncia.
La concejala, en una rueda de prensa inmediatamente posterior a la ofrecida media hora antes por el equipo de gobierno sobre el mismo tema (ver página 5), dijo que en el caso del edificio de Joan XXIII -donde irán a parar los vecinos desalojados de las antiguas viviendas protegidas, que serán derribadas- se ha producido «una falsedad documental por haber declarado una obra nueva inexistente» en el Registro de la Propiedad.
«El auto del TSJB demuestra que nuestras críticas no eran una cuestión política, sino que el alcalde se saltó el procedimiento establecido, y así lo ha dicho el juzgado», dijo Virtudes Marí.
«No teníamos toda la confianza en que se diera la suspensión cautelar, porque siempre se presume la legalidad de la actuación de las instituciones», agregó.
A su juicio, existe «responsabilidad política, porque el alcalde dictó el decreto de Eivissa Centre sabiendo que no podía dictarlo».
El PP culpó a Tarrés de «usar dos varas de medir», ya que en el caso de la mansión de Michael Cretu en Sant Antoni «se ha producido un linchamiento personal a compañeros» de su partido, porque la sentencia que hay allí es sólo administrativa». «No vale que cuando te toca a tí, te dediques a rehuir responsabilidades», agregó.
Sin embargo, aseguró que podría reanudarse el diálogo si se cumplen tres condiciones: «Mantener el colegio de Sa Graduada con su uso y emplazamiento actual, cambiar el sistema de expropiación por el de cooperación en el caso de los afectados de las viviendas, y bajar la edificabilidad en algunas de las obras previstas».