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Sant Josep: el juzgado recibió en julio una petición del fiscal para investigar al arquitecto |
(Diario de Ibiza, 12/12/2006)
El fiscal pidió que se practicara «una batería de diligencias» sobre las obras de Cala Carbó, pero desconoce si el juez ha practicado alguna
EIVISSA | P. PRIETO
La Fiscalía de Eivissa presentó en julio un escrito en el juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa pidiendo «una batería de diligencias» en torno a la actuación del arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, respecto a la construcción de unas obras en Cala Carbó, entre ellas, una pericial para comprobar si es cierta la denuncia del GEN de que la construcción duplica lo permitido.
A pesar de que han transcurrido cuatro meses desde esta petición, por el momento no se ha informado al Ministerio Fiscal de si el juzgado del magistrado Juan Carlos Torres ha efectuado ninguna de ellas. La Fiscalía ha solicitado también la imputación del propio Huerta, su hijo y su nuera por este mismo caso, sin que por el momento se les haya llamado a declarar.
En el vídeo grabado por detectives privados -que se ha aportado al juzgado de Instrucción número 3, que investiga a Huerta por otra causa, la de Cala Molí, y que fue publicado por este diario- se puede apreciar cómo Huerta visita las obras de Cala Carbó y las asume como propias, a pesar de que el proyecto fue firmado por su nuera. Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que existe la posibilidad de que ambas causas de unan en un solo procedimiento judicial, al tratarse de delitos similares imputados a las mismas personas.
Antonio Huerta está imputado por informar favorablemente proyectos de su nuera, Pilar Fernández, también arquitecta. En el caso de Cala Carbó, se trata de un proyecto de un bloque de apartamentos firmado por Fernández. El Ayuntamiento de Sant Josep lo paralizó en un primer momento tras admitir primero que se había sobrepasado la altura máxima autorizada. Después, otro informe del propio Huerta permitía que se aceptasen las alegaciones presentadas contra la paralización por los constructores y Pilar Fernández. Argumentaban que se había excavado más de lo proyectado inicialmente, dando «desde el exterior la falsa imagen de una planta de más en el conjunto».
La Fiscalía observa indicios de cinco delitos: contra el medio ambiente, la ordenación del territorio, actividades prohibidas a funcionarios, falsedad documental y prevaricación. En la causa se ha personado también el Colegio de Arquitectos.
Pilar Fernández deberá declarar como imputada en el juzgado de Instrucción número 3 por la causa de Cala Molí el 20 de diciembre
El fiscal pidió que se practicara «una batería de diligencias» sobre las obras de Cala Carbó, pero desconoce si el juez ha practicado alguna
EIVISSA | P. PRIETO
La Fiscalía de Eivissa presentó en julio un escrito en el juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa pidiendo «una batería de diligencias» en torno a la actuación del arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta, respecto a la construcción de unas obras en Cala Carbó, entre ellas, una pericial para comprobar si es cierta la denuncia del GEN de que la construcción duplica lo permitido.
A pesar de que han transcurrido cuatro meses desde esta petición, por el momento no se ha informado al Ministerio Fiscal de si el juzgado del magistrado Juan Carlos Torres ha efectuado ninguna de ellas. La Fiscalía ha solicitado también la imputación del propio Huerta, su hijo y su nuera por este mismo caso, sin que por el momento se les haya llamado a declarar.
En el vídeo grabado por detectives privados -que se ha aportado al juzgado de Instrucción número 3, que investiga a Huerta por otra causa, la de Cala Molí, y que fue publicado por este diario- se puede apreciar cómo Huerta visita las obras de Cala Carbó y las asume como propias, a pesar de que el proyecto fue firmado por su nuera. Fuentes de la Fiscalía explicaron ayer que existe la posibilidad de que ambas causas de unan en un solo procedimiento judicial, al tratarse de delitos similares imputados a las mismas personas.
Antonio Huerta está imputado por informar favorablemente proyectos de su nuera, Pilar Fernández, también arquitecta. En el caso de Cala Carbó, se trata de un proyecto de un bloque de apartamentos firmado por Fernández. El Ayuntamiento de Sant Josep lo paralizó en un primer momento tras admitir primero que se había sobrepasado la altura máxima autorizada. Después, otro informe del propio Huerta permitía que se aceptasen las alegaciones presentadas contra la paralización por los constructores y Pilar Fernández. Argumentaban que se había excavado más de lo proyectado inicialmente, dando «desde el exterior la falsa imagen de una planta de más en el conjunto».
La Fiscalía observa indicios de cinco delitos: contra el medio ambiente, la ordenación del territorio, actividades prohibidas a funcionarios, falsedad documental y prevaricación. En la causa se ha personado también el Colegio de Arquitectos.
Pilar Fernández deberá declarar como imputada en el juzgado de Instrucción número 3 por la causa de Cala Molí el 20 de diciembre