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Sant Josep: el juzgado que investiga la casa de Marí Tur no encuentra peritos para medirla |
(Diario de Ibiza, 1/12/2006)
Varios se han negado a hacerlo y la Fiscalía ha advertido a un técnico que aceptó que si se retrasa más puede ser acusado de obstrucción a la justicia
EIVISSA | PEDRO PRIETO
La investigación judicial abierta hace más de dos años por unas supuestas obras ilegales en una casa propiedad del vicepresidente del Parlament balear y conseller insular de Patrimonio, Joan Marí Tur, se encuentra paralizada debido a que varios peritos se han negado a aceptar el encargo del juzgado de acudir a la vivienda y efectuar mediciones para conocer el alcance real de las obras. Fuentes judiciales confirmaron ayer que, tras varias negativas, un técnico sí aceptó el encargo pero reclamó cobrar por anticipado, un extremo que no está previsto en las causas penales.
Para reactivar el proceso, la Fiscalía ha emitido un escrito en el que se apremia a este último perito a que haga el trabajo, ya que en caso contrario puede incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia.
El juez instructor de este caso, José Espinosa, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, confirmó que el retraso en la investigación judicial se debe a la dificultad para encontrar un perito, si bien consideró que el motivo es, principalmente, económico: «En la jurisdicción penal no está prevista la provisión de fondos a los peritos con carácter previo a la finalización de la causa. En la jurisdicción civil, en cambio, sí se puede hacer. El problema con esta causa es que un perito pidió un adelanto de fondos y se le ha denegado».
El magistrado mostró su comprensión con este problema: «En muchos casos, la realización de un peritaje comporta gastos y mucho trabajo a los expertos, y en las causas penales no cobran hasta que se dicta sentencia o se archiva la causa». De todas formas, añadió que los profesionales que figuran en los listados de peritos judiciales están obligados a efectuar las peritaciones «sin perjuicio de que se minute en su tasación los gastos y cobren al finalizar la causa».
Fuentes del Colegio de Arquitectos informaron de que los técnicos que figuran en el listado de peritos judiciales no pueden negarse a efectuar un encargo si no se acogen a alguno de los supuestos previstos por la ley: amistad o enemistad con la persona investigada, incompatibilidad manifiesta o un exceso de trabajo justificado. Estas mismas fuentes, que desconocían la negativa generalizada a peritar la vivienda de Marí Tur, consideraron que este hecho es «excepcional» y puede deberse a que se trata de una persona «muy conocida». El Colegio de Arquitectos Técnicos de las Pitiüses también desconoce que se produzcan negativas a efectuar peritajes. Su presidente, Vicente Serra, confirmó que suelen producirse retrasos en los pagos, pero consideró que «no suele ser una razón para negarse a hacerlo».
De unos corrales a una casa
El grupo del Pacto Progresista en el Consell Insular y en el Ayuntamiento de Sant Josep denunciaron en marzo de 2004 la realización de obras supuestamente ilegales en terrenos propiedad de Joan Marí Tur en las inmediaciones de sa Talaia de Sant Josep. La denuncia explicaba que Marí Tur, en 1997, «efectuó unas obras de ampliación ilegales de unos corrales para convertirlos en viviendas». En 2003 pidió una licencia para ampliar los corrales, a pesar de que se encuentra por encima de la cota de 200 metros de altura. La Fiscalía apreció indicios de un delito contra la Ordenación del Territorio si bien exculpó a Marí Tur, que declaró exclusivamente como testigo en noviembre de 2004.
Varios se han negado a hacerlo y la Fiscalía ha advertido a un técnico que aceptó que si se retrasa más puede ser acusado de obstrucción a la justicia
EIVISSA | PEDRO PRIETO
La investigación judicial abierta hace más de dos años por unas supuestas obras ilegales en una casa propiedad del vicepresidente del Parlament balear y conseller insular de Patrimonio, Joan Marí Tur, se encuentra paralizada debido a que varios peritos se han negado a aceptar el encargo del juzgado de acudir a la vivienda y efectuar mediciones para conocer el alcance real de las obras. Fuentes judiciales confirmaron ayer que, tras varias negativas, un técnico sí aceptó el encargo pero reclamó cobrar por anticipado, un extremo que no está previsto en las causas penales.
Para reactivar el proceso, la Fiscalía ha emitido un escrito en el que se apremia a este último perito a que haga el trabajo, ya que en caso contrario puede incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia.
El juez instructor de este caso, José Espinosa, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa, confirmó que el retraso en la investigación judicial se debe a la dificultad para encontrar un perito, si bien consideró que el motivo es, principalmente, económico: «En la jurisdicción penal no está prevista la provisión de fondos a los peritos con carácter previo a la finalización de la causa. En la jurisdicción civil, en cambio, sí se puede hacer. El problema con esta causa es que un perito pidió un adelanto de fondos y se le ha denegado».
El magistrado mostró su comprensión con este problema: «En muchos casos, la realización de un peritaje comporta gastos y mucho trabajo a los expertos, y en las causas penales no cobran hasta que se dicta sentencia o se archiva la causa». De todas formas, añadió que los profesionales que figuran en los listados de peritos judiciales están obligados a efectuar las peritaciones «sin perjuicio de que se minute en su tasación los gastos y cobren al finalizar la causa».
Fuentes del Colegio de Arquitectos informaron de que los técnicos que figuran en el listado de peritos judiciales no pueden negarse a efectuar un encargo si no se acogen a alguno de los supuestos previstos por la ley: amistad o enemistad con la persona investigada, incompatibilidad manifiesta o un exceso de trabajo justificado. Estas mismas fuentes, que desconocían la negativa generalizada a peritar la vivienda de Marí Tur, consideraron que este hecho es «excepcional» y puede deberse a que se trata de una persona «muy conocida». El Colegio de Arquitectos Técnicos de las Pitiüses también desconoce que se produzcan negativas a efectuar peritajes. Su presidente, Vicente Serra, confirmó que suelen producirse retrasos en los pagos, pero consideró que «no suele ser una razón para negarse a hacerlo».
De unos corrales a una casa
El grupo del Pacto Progresista en el Consell Insular y en el Ayuntamiento de Sant Josep denunciaron en marzo de 2004 la realización de obras supuestamente ilegales en terrenos propiedad de Joan Marí Tur en las inmediaciones de sa Talaia de Sant Josep. La denuncia explicaba que Marí Tur, en 1997, «efectuó unas obras de ampliación ilegales de unos corrales para convertirlos en viviendas». En 2003 pidió una licencia para ampliar los corrales, a pesar de que se encuentra por encima de la cota de 200 metros de altura. La Fiscalía apreció indicios de un delito contra la Ordenación del Territorio si bien exculpó a Marí Tur, que declaró exclusivamente como testigo en noviembre de 2004.