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Sant Antoni: el Supremo rechaza otro recurso que quería evitar el derribo de la casa de Cretu |
(Diario de Ibiza, 23/11/2006)
El GEN exige que «no se pierda más tiempo» para la demolición y el alcalde afirma que está pendiente de otro recurso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma. «No es nada nuevo», dice José Sala
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Antoni contra el auto que confirmaba la necesidad de demoler la vivienda ilegal de Michael Cretu en un monte protegido de Santa Agnès. Esta es la tercera resolución emitida en un solo año contra la posible legalización de la vivienda y la quinta desde que se dictó sentencia de demolición.
El auto lleva fecha del 15 de junio de este año, pero no fue notificado a los denunciantes, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) hasta esta misma semana, según dio a conocer ayer esta organización en una nota de prensa. El Ayuntamiento, por su parte, aseguró que «no es nada nuevo» porque la Corporación tenía esta notificación desde el verano, dijo el alcalde, José Sala, quien además aseguró que este no es el recurso de cuya resolución está pendiente el Ayuntamiento para decidir el derribo.
En todo caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de queja contra el auto del 2 de enero de este año, confirmado por el del 2 de febrero, emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que denegó el recurso de casación anunciado contra la sentencia del 10 de noviembre de 2005, que rechazó la posibilidad de legalizar la vivienda.
Según el comunicado con el que el GEN dio a conocer esta resolución, «este recurso de queja era el último presentado por el Ayuntamiento para intentar eludir la demolición ordenada por los tribunales en reiteradas resoluciones o, al menos, para intentar retrasar al máximo su ejecución, dado que el mismo ya no podía tener por objeto el fondo de la cuestión (es decir, la ilegalidad de la edificación), al ser firme la sentencia que la declaraba, sino cuestiones de forma del procedimiento».
«A pesar de que en reiteradas ocasiones el letrado del promotor había manifestado a los medios de comunicación que este recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo, lo cierto es que la fecha de desestimación es del 15 de junio, tres meses después de su presentación, aunque ha sido notificado ahora», añade el GEN.
Los ecologistas consideran que este es «un trámite más que los contribuyentes de Sant Antoni se podrían haber ahorrado si el Ayuntamiento no estuviera más pendiente de proteger los intereses de un particular y, probablemente, los del anterior alcalde, imputado por la fiscalía, que los de la ciudadanía».
El GEN pide que «acabe la irresponsable actitud de las administraciones en este caso y, de una vez, se dejen de gastar dinero público para defender unos intereses privados».
El GEN exige que «no se pierda más tiempo» para la demolición y el alcalde afirma que está pendiente de otro recurso en el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma. «No es nada nuevo», dice José Sala
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento de Sant Antoni contra el auto que confirmaba la necesidad de demoler la vivienda ilegal de Michael Cretu en un monte protegido de Santa Agnès. Esta es la tercera resolución emitida en un solo año contra la posible legalización de la vivienda y la quinta desde que se dictó sentencia de demolición.
El auto lleva fecha del 15 de junio de este año, pero no fue notificado a los denunciantes, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) hasta esta misma semana, según dio a conocer ayer esta organización en una nota de prensa. El Ayuntamiento, por su parte, aseguró que «no es nada nuevo» porque la Corporación tenía esta notificación desde el verano, dijo el alcalde, José Sala, quien además aseguró que este no es el recurso de cuya resolución está pendiente el Ayuntamiento para decidir el derribo.
En todo caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de queja contra el auto del 2 de enero de este año, confirmado por el del 2 de febrero, emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que denegó el recurso de casación anunciado contra la sentencia del 10 de noviembre de 2005, que rechazó la posibilidad de legalizar la vivienda.
Según el comunicado con el que el GEN dio a conocer esta resolución, «este recurso de queja era el último presentado por el Ayuntamiento para intentar eludir la demolición ordenada por los tribunales en reiteradas resoluciones o, al menos, para intentar retrasar al máximo su ejecución, dado que el mismo ya no podía tener por objeto el fondo de la cuestión (es decir, la ilegalidad de la edificación), al ser firme la sentencia que la declaraba, sino cuestiones de forma del procedimiento».
«A pesar de que en reiteradas ocasiones el letrado del promotor había manifestado a los medios de comunicación que este recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Supremo, lo cierto es que la fecha de desestimación es del 15 de junio, tres meses después de su presentación, aunque ha sido notificado ahora», añade el GEN.
Los ecologistas consideran que este es «un trámite más que los contribuyentes de Sant Antoni se podrían haber ahorrado si el Ayuntamiento no estuviera más pendiente de proteger los intereses de un particular y, probablemente, los del anterior alcalde, imputado por la fiscalía, que los de la ciudadanía».
El GEN pide que «acabe la irresponsable actitud de las administraciones en este caso y, de una vez, se dejen de gastar dinero público para defender unos intereses privados».
Sala: «Pensaba que se podía estimar»
Eivissa | J. Ll. F.
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, mostró su extrañeza por la divulgación ayer de esta desestimación, fechada en junio, y supuso que «al GEN se lo han notificado tarde». «Pero no es esto de lo que estamos pendientes», dijo Sala. «Lo que falta es que el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma resuelva la petición de suspensión de la ejecución de sentencia formulada por el promotor», explicó. «Precisamente porque esta resolución tarda más de lo que pensábamos, hemos decidido pedir al juez autorización para que nuestros técnicos entren en la vivienda para redactar el proyecto de demolición», continuó.
«No queremos incurrir en un déficit de cumplimiento de la sentencia», afirmó el alcalde. «Por ello hemos decidido simultanear la tramitación de la petición de suspensión con la redacción del proyecto de demolición».
«Muchas dificultades»
En relación con la desestimación del Tribunal Supremo, Sala dijo: «Pensaba que se podía estimar, pero veía muchas dificultades».
Sobre el motivo por el cual debe personarse un técnico en la vivienda, existiendo ya planos detallados del proyecto que recibió licencia en su día, Sala afirmó: «No se puede hacer un proyecto en el aire, sin visitar el terreno. No es un proyecto teórico, es para que se ejecute, y se tiene que ver lo que hay allí, cómo es el terreno».
También dijo que «además se de deberá ver si se cumplió todo correctamente o no», en alusión a la adaptación de la obra al proyecto autorizado.