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Sant Josep: intentan legalizar una mansión en Cap Llentrisca con la «ley Cretu» |
(Diario de Ibiza, 16/11/2006)
EIVISSA | PEDRO PRIETO
Su propietario se enfrenta a tres años de cárcel y 180.000 euros de multa por un delito contra la ordenación del territorio. Asegura que cuando la compró ya presentaba el aspecto actual
El propietario de una mansión construida en un monte de Cap Llentrisca por encima de los 200 metros de altitud y en un Área Natural de Especial Interés -que, posteriormente, quedó dentro de los límites del Parque Natural de Cala d´Hort- está intentando legalizar la construcción utilizando la disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de Balears del año 2004. Su abogada defensora, Ascensión Joaniquet, defendió esta posible legalización en el juicio celebrado ayer contra este propietario, W. L. H., y recordó ayer en el juicio que se celebró contra el dueño que, en su día, «se dijo que la norma estaba hecha a propósito para salvar la casa de Cretu».
El dueño de la vivienda, de nacionalidad alemana, se sentó ayer en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa para responder de una acusación de un delito contra la Ordenación del Territorio por el que la Fiscalía le pide una pena de tres años de cárcel y 180.000 euros de multa, además de la demolición de la casa.
Una arquitecta del Consell Insular que tramitó el expediente de infracción urbanística relató en el juicio cómo la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep en 1997 (antes de que fuese firme la prohibición de construir por encima de la cota 200) preveía la construcción de una vivienda unifamiliar con un pequeño sótano para cisternas y una planta baja, con un volumen construido de 1.490 metros cúbicos. Sin embargo, cuando ella acudió a ver el estado de la casa, encontró una mansión de dos plantas además de un sótano que tenía, además de las cisternas, un gimnasio, dos garajes, lavandería, un apartamento de servicio y varias habitaciones. El volumen total de la construcción era de unos 7.000 metros cúbicos, según su informe. «No tenía nada que ver con el proyecto inicial», aseguró.
El arquitecto que está tramitando la legalización de la casa y que también compareció en el juicio atribuye esta diferencia a que se cerraron algunas pérgolas y pasillos, pero defendió que «en esencia» la vivienda actual es la misma que obtuvo el certificado de final de obra -si bien apuntó que, ya al obtener el final de obra, los techos debían ser más altos de los previstos en el proyecto inicial-. También añadió que «es práctica habitual que, una vez se obtiene este certificado, se cambien los usos de los sótanos».
El dueño, por su parte, aseguró que cuando él compró la vivienda, en noviembre de 2001 a través de la empresa Noraanys S. L., de la que tenía un poder especial, ya se encontraba en su estado actual, a excepción de unas obras que estaba acometiendo el propietario anterior y que permitió que finalizaran. Este dueño anterior no ha podido ser localizado por el juzgado y el imputado declaró que en 2002 se había marchado de la isla y no había sabido nada más de él. El nuevo propietario admitió haber realizado obras de reforma sin licencia «porque no sabía que era necesaria», aunque aseguró que se tratan, simplemente, de un cambio en el techo y en el revestimiento de la casa para poner mármol.
Varios guardias civiles, agentes forestales y celadores de obras relataron en el juicio la espectacular ampliación que, según sus informes y las fotos de la evolución de las obras, sufrió la casa en torno a la fecha de la compra por parte del actual dueño. La Fiscalía describe que el resultado final es una «fastuosa macromansión» y sostiene que las obras ilegales son responsabilidad del actual propietario, mientras que la defensa pide su absolución porque entiende que fueron anteriores a la venta y, además, el actual propietario desconocía la protección del lugar.
En el juicio no comparecieron ni los responsables del GEN que denunciaron los hechos ni el arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huertas, a pesar de estar citados.
EIVISSA | PEDRO PRIETO
Su propietario se enfrenta a tres años de cárcel y 180.000 euros de multa por un delito contra la ordenación del territorio. Asegura que cuando la compró ya presentaba el aspecto actual
El propietario de una mansión construida en un monte de Cap Llentrisca por encima de los 200 metros de altitud y en un Área Natural de Especial Interés -que, posteriormente, quedó dentro de los límites del Parque Natural de Cala d´Hort- está intentando legalizar la construcción utilizando la disposición adicional 18 de la ley de acompañamiento de los presupuestos de Balears del año 2004. Su abogada defensora, Ascensión Joaniquet, defendió esta posible legalización en el juicio celebrado ayer contra este propietario, W. L. H., y recordó ayer en el juicio que se celebró contra el dueño que, en su día, «se dijo que la norma estaba hecha a propósito para salvar la casa de Cretu».
El dueño de la vivienda, de nacionalidad alemana, se sentó ayer en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa para responder de una acusación de un delito contra la Ordenación del Territorio por el que la Fiscalía le pide una pena de tres años de cárcel y 180.000 euros de multa, además de la demolición de la casa.
Una arquitecta del Consell Insular que tramitó el expediente de infracción urbanística relató en el juicio cómo la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Sant Josep en 1997 (antes de que fuese firme la prohibición de construir por encima de la cota 200) preveía la construcción de una vivienda unifamiliar con un pequeño sótano para cisternas y una planta baja, con un volumen construido de 1.490 metros cúbicos. Sin embargo, cuando ella acudió a ver el estado de la casa, encontró una mansión de dos plantas además de un sótano que tenía, además de las cisternas, un gimnasio, dos garajes, lavandería, un apartamento de servicio y varias habitaciones. El volumen total de la construcción era de unos 7.000 metros cúbicos, según su informe. «No tenía nada que ver con el proyecto inicial», aseguró.
El arquitecto que está tramitando la legalización de la casa y que también compareció en el juicio atribuye esta diferencia a que se cerraron algunas pérgolas y pasillos, pero defendió que «en esencia» la vivienda actual es la misma que obtuvo el certificado de final de obra -si bien apuntó que, ya al obtener el final de obra, los techos debían ser más altos de los previstos en el proyecto inicial-. También añadió que «es práctica habitual que, una vez se obtiene este certificado, se cambien los usos de los sótanos».
El dueño, por su parte, aseguró que cuando él compró la vivienda, en noviembre de 2001 a través de la empresa Noraanys S. L., de la que tenía un poder especial, ya se encontraba en su estado actual, a excepción de unas obras que estaba acometiendo el propietario anterior y que permitió que finalizaran. Este dueño anterior no ha podido ser localizado por el juzgado y el imputado declaró que en 2002 se había marchado de la isla y no había sabido nada más de él. El nuevo propietario admitió haber realizado obras de reforma sin licencia «porque no sabía que era necesaria», aunque aseguró que se tratan, simplemente, de un cambio en el techo y en el revestimiento de la casa para poner mármol.
Varios guardias civiles, agentes forestales y celadores de obras relataron en el juicio la espectacular ampliación que, según sus informes y las fotos de la evolución de las obras, sufrió la casa en torno a la fecha de la compra por parte del actual dueño. La Fiscalía describe que el resultado final es una «fastuosa macromansión» y sostiene que las obras ilegales son responsabilidad del actual propietario, mientras que la defensa pide su absolución porque entiende que fueron anteriores a la venta y, además, el actual propietario desconocía la protección del lugar.
En el juicio no comparecieron ni los responsables del GEN que denunciaron los hechos ni el arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huertas, a pesar de estar citados.