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Sant Josep: el GEN, «sorprendido» por el archivo del caso de Los Parques des Cubells |
(Diario de ibiza, 9/09/2006)
Los ecologistas recuerdan que es «el caso más grave de Eivissa, según la Fiscalía». Juan Carlos Torres les pide 10.000 euros de fianza
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) emitió ayer un comunicado en el que se declara «sorprendido» por la actuación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, en el caso de la urbanización de Los Parques de es Cubells, edificada según los ecologistas en terrenos que gozan de la máxima protección ambiental. Torres archivó recientemente las diligencias penales abiertas por esta urbanización, en la que estaba imputado el arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta.
El GEN revela que el juez ha exigido a esta organización el pago de 10.000 euros de fianza para poder personarse en la causa, «a pesar de que no nos hemos querellado, sino que sencillamente queremos personarnos para defender, al lado de la Fiscalía, el interés público». El GEN recuerda su condición de entidad declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros y su posesión del Premio Nacional de Medio Ambiente, otorgado por el anterior Gobierno. «No se trata de uno de los supuestos en los que habitualmente se impone una fianza», señala la organización.
Además, los ecologistas recuerdan que fue el mismo magistrado quien, hace meses, denegó la petición de la Fiscalía de Eivissa de que declarara como imputado, en relación a estos hechos, el concejal de Urbanismo de Sant Josep.
Todo ello se produce a pesar de que «el propio fiscal que abrió el caso manifestó públicamente que este era el tema más grave y complejo que se había encontrado en toda su carrera», agrega el GEN.
Los ecologistas añaden también que discrepan del auto de archivo de las diligencias, puesto que
«contrariamente a lo que, según las noticias publicadas, afirma el auto judicial» la zona aparece como terreno protegido en todas las normativas urbanísticas surgidas entre el Plan Provincial de 1973 y la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Además, «el juez hace una serie de consideraciones sobre la calificación que han de tener, en su opinión, los suelos rústicos protegidos del municipio que en su momento ya fueron objeto de sentencia por parte del Tribunal Supremo, el cual dio la razón a la Administración ambiental que los declaró protegidos en 1986 a partir de los informes emitidos por el Institut d´Estudis Ecològics, dependiente del Icona». Asimismo, los ecologistas señalan que «toda, sencillamente toda la normativa de aplicación, no permitía otorgar las licencias en esa zona».
En cuanto a la carretera, «no está allí por disposición divina, ni desde tiempos inmemoriales, sino que es el resultado de la urbanización ilegal denunciada», añaden.
Además, «es cierto que los promotores no actuaron de espaldas a la Administración, sino en connivencia con ella», resalta la organización ecologista.
Los ecologistas recuerdan que es «el caso más grave de Eivissa, según la Fiscalía». Juan Carlos Torres les pide 10.000 euros de fianza
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) emitió ayer un comunicado en el que se declara «sorprendido» por la actuación del titular del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, en el caso de la urbanización de Los Parques de es Cubells, edificada según los ecologistas en terrenos que gozan de la máxima protección ambiental. Torres archivó recientemente las diligencias penales abiertas por esta urbanización, en la que estaba imputado el arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta.
El GEN revela que el juez ha exigido a esta organización el pago de 10.000 euros de fianza para poder personarse en la causa, «a pesar de que no nos hemos querellado, sino que sencillamente queremos personarnos para defender, al lado de la Fiscalía, el interés público». El GEN recuerda su condición de entidad declarada de Utilidad Pública por el Consejo de Ministros y su posesión del Premio Nacional de Medio Ambiente, otorgado por el anterior Gobierno. «No se trata de uno de los supuestos en los que habitualmente se impone una fianza», señala la organización.
Además, los ecologistas recuerdan que fue el mismo magistrado quien, hace meses, denegó la petición de la Fiscalía de Eivissa de que declarara como imputado, en relación a estos hechos, el concejal de Urbanismo de Sant Josep.
Todo ello se produce a pesar de que «el propio fiscal que abrió el caso manifestó públicamente que este era el tema más grave y complejo que se había encontrado en toda su carrera», agrega el GEN.
Los ecologistas añaden también que discrepan del auto de archivo de las diligencias, puesto que
«contrariamente a lo que, según las noticias publicadas, afirma el auto judicial» la zona aparece como terreno protegido en todas las normativas urbanísticas surgidas entre el Plan Provincial de 1973 y la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Además, «el juez hace una serie de consideraciones sobre la calificación que han de tener, en su opinión, los suelos rústicos protegidos del municipio que en su momento ya fueron objeto de sentencia por parte del Tribunal Supremo, el cual dio la razón a la Administración ambiental que los declaró protegidos en 1986 a partir de los informes emitidos por el Institut d´Estudis Ecològics, dependiente del Icona». Asimismo, los ecologistas señalan que «toda, sencillamente toda la normativa de aplicación, no permitía otorgar las licencias en esa zona».
En cuanto a la carretera, «no está allí por disposición divina, ni desde tiempos inmemoriales, sino que es el resultado de la urbanización ilegal denunciada», añaden.
Además, «es cierto que los promotores no actuaron de espaldas a la Administración, sino en connivencia con ella», resalta la organización ecologista.