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Sant Josep: la planta de Sant Jordi podrá operar tras alegar el Govern motivos de seguridad |
(Diario de Ibiza, 4/08/2006)
El juez da por bueno el argumento del Ejecutivo regional de que si no se forran de hormigón con urgencia las paredes de la trinchera de la autovía pueden producirse deslizamientos del terreno
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El juez sustituto del juzgado de Instrucción número 3, Pablo Fito, levantó ayer mediante un auto la medida cautelar de paralización de las obras de instalación de una planta de prefabricados en Sant Jordi. El Ministerio Fiscal apoya la medida adoptada por el juez. El auto apunta que la empresa constructora de la autovía del aeropuerto pretendía inicialmente construir en Sant Jordi una planta hormigonera y una dosificadora de áridos, pero que finalmente, según los informes aportados por la conselleria de Obras Públicas, «la construcción que está realizándose es un entramado destinado a la fabricación de muros prefabricados destinados a la contención de tierras en el tramo comprendido entre los kilómetros 3,6 y 4,8 de la carretera».
En dicho informe, el jefe del departamento de Carreteras del Govern, José Morey, afirma que existen «razones de urgencia y seguridad que hacen necesario que las instalaciones paralizadas continúen adelante para evitar desprendimientos y deslizamientos de tierras que pueden suponer daños a las personas». Otro documento aportado por el Govern, firmado por Tebar Garau, pone de manifiesto que la planta «no pone en peligro la salud de las personas». Al amparo de estos argumento, más un informe añadido del Seprona, en el que se apunta que «no se verifica en estos momentos riesgo de daño a los bienes protegidos», el juez permitió que ayer mismo se reanudaran los trabajos de instalación de la planta.
Se da la circunstancia de que el informe del Seprona se realizó el pasado 28 de julio, cuando las obras de la planta estaban paralizada y, por tanto, la industria aún no había empezado a producir moldes de hormigón. Los agentes pusieron de manifiesto que «no se aprecia en el suelo ni en las inmediaciones de la planta sustancias nocivas que puedan producir efectos o daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola» y que en el caso de que la planta entrara en funcionamiento «podría constituir una actividad clasificada como molesta por ruidos o polvos en suspensión».
Por su parte, los vecinos de Can Raspalls manifestaron ayer su oposición a esta resolución judicial, que «va a ser recurrida», aunque a su vez también agregaron «su satisfacción» al forzar la retirada de la hormigonera y la dosificadora de áridos. Lamentan, eso sí, que el juez renuncie ahora a que se practique una prueba pericial, tal como había solicitado inicialmente, en lugar de un informe del Seprona para comprobar los posibles efectos nocivos de la planta de prefabricados sobre la salud de las personas. También expresan su descontento por el hecho de que el juez no adopte medida alguna por la retirada de una parte de la instalación (dos silos) al día siguiente del precinto.
El juez da por bueno el argumento del Ejecutivo regional de que si no se forran de hormigón con urgencia las paredes de la trinchera de la autovía pueden producirse deslizamientos del terreno
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El juez sustituto del juzgado de Instrucción número 3, Pablo Fito, levantó ayer mediante un auto la medida cautelar de paralización de las obras de instalación de una planta de prefabricados en Sant Jordi. El Ministerio Fiscal apoya la medida adoptada por el juez. El auto apunta que la empresa constructora de la autovía del aeropuerto pretendía inicialmente construir en Sant Jordi una planta hormigonera y una dosificadora de áridos, pero que finalmente, según los informes aportados por la conselleria de Obras Públicas, «la construcción que está realizándose es un entramado destinado a la fabricación de muros prefabricados destinados a la contención de tierras en el tramo comprendido entre los kilómetros 3,6 y 4,8 de la carretera».
En dicho informe, el jefe del departamento de Carreteras del Govern, José Morey, afirma que existen «razones de urgencia y seguridad que hacen necesario que las instalaciones paralizadas continúen adelante para evitar desprendimientos y deslizamientos de tierras que pueden suponer daños a las personas». Otro documento aportado por el Govern, firmado por Tebar Garau, pone de manifiesto que la planta «no pone en peligro la salud de las personas». Al amparo de estos argumento, más un informe añadido del Seprona, en el que se apunta que «no se verifica en estos momentos riesgo de daño a los bienes protegidos», el juez permitió que ayer mismo se reanudaran los trabajos de instalación de la planta.
Se da la circunstancia de que el informe del Seprona se realizó el pasado 28 de julio, cuando las obras de la planta estaban paralizada y, por tanto, la industria aún no había empezado a producir moldes de hormigón. Los agentes pusieron de manifiesto que «no se aprecia en el suelo ni en las inmediaciones de la planta sustancias nocivas que puedan producir efectos o daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola» y que en el caso de que la planta entrara en funcionamiento «podría constituir una actividad clasificada como molesta por ruidos o polvos en suspensión».
Por su parte, los vecinos de Can Raspalls manifestaron ayer su oposición a esta resolución judicial, que «va a ser recurrida», aunque a su vez también agregaron «su satisfacción» al forzar la retirada de la hormigonera y la dosificadora de áridos. Lamentan, eso sí, que el juez renuncie ahora a que se practique una prueba pericial, tal como había solicitado inicialmente, en lugar de un informe del Seprona para comprobar los posibles efectos nocivos de la planta de prefabricados sobre la salud de las personas. También expresan su descontento por el hecho de que el juez no adopte medida alguna por la retirada de una parte de la instalación (dos silos) al día siguiente del precinto.