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Sant Josep: Pacto y GEN piden una sentencia ejemplar en el caso de Puig d´en Serra |
(Diario de Ibiza, 23/07/2006)
El portavoz del Pacto de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, aseguró ayer a este periódico que hace tiempo que el alcalde, José Serra Escandell, y otros miembros de su equipo de gobierno no deberían ocupar sus cargos. Marí Ribas mostró su satisfacción ante la posibilidad de que se puedan «depurar responsabilidades dentro del Ayuntamiento por las irregularidades urbanísticas cometidas» y recuerda que en su momento ya se pidió «la dimisión del alcalde».
Así valora el jefe de la oposición la petición formulada por la Fiscalía en contra del alcalde y los otros cinco concejales que en 1992 integraban la comisión de gobierno, entre ellos el edil aún en activo José Torres Cardona, Tomàs, por permitir la construccción de una vivienda en la cima de Puig d´en Serra, una zona protegida y declarada inedificable. El fiscal pide para cada uno de ellos, tal como avanzó ayer este periódico, la pena de dos años y medio de cárcel, así como 12 años de inhabilitación al considerarlos autores de un presunto delito de prevaricación urbanística.
Marí Ribas recalcó que el escrito de acusación del fiscal confirma una vez más que el departamento de Urbanismo del Consistorio comete «muchas irregularidades». «Está bastante comprobado. Ya es hora de que se produzca alguna actuación contundente», señaló el portavoz del Pacto, que apuntó que, aparte de la concesión ilegal de la licencia de obra, resulta tanto o más grave el hecho de que posteriormente el Consistorio hiciera caso omiso a «las denuncias presentadas por vecinos afectados por la construcción». En un caso, según Marí Ribas, las obras invadían la propiedad privada de un vecino. «El alcalde no hizo caso a nadie a pesar de que estos ciudadanos actuaban de buena fe». Marí Ribas expresó su confianza en que «la gente tome conciencia» y evite en las próximas elecciones que continúe «esta vergüenza de Ayuntamiento».
Este periódico trató ayer sin éxito de recabar la opinión del alcalde y la del concejal José Torres, Tomàs, así como la del portavoz de la Ejecutiva del PP, Miguel Jerez. El grupo ecologista GEN, que fue quien interpuso en su día la denuncia ante la Fiscalía, mantiene que el escrito de acusación del fiscal es «lo único sensato de la evolución del urbanismo de esta isla». «Es lo más normal que podía pasar», señaló el portavoz del GEN, Mariano Marí. «No sabemos quién será el primero en caer, pero hay una serie de causas pendientes que provocarán que algún político acabe en prisión o quede inhabilitado», dijo Marí, que espera que el asunto de Puig d´en Serra culmine con «una sanción que sirva de ejemplo tanto para los políticos como los técnicos».
El portavoz del Pacto de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, aseguró ayer a este periódico que hace tiempo que el alcalde, José Serra Escandell, y otros miembros de su equipo de gobierno no deberían ocupar sus cargos. Marí Ribas mostró su satisfacción ante la posibilidad de que se puedan «depurar responsabilidades dentro del Ayuntamiento por las irregularidades urbanísticas cometidas» y recuerda que en su momento ya se pidió «la dimisión del alcalde».
Así valora el jefe de la oposición la petición formulada por la Fiscalía en contra del alcalde y los otros cinco concejales que en 1992 integraban la comisión de gobierno, entre ellos el edil aún en activo José Torres Cardona, Tomàs, por permitir la construccción de una vivienda en la cima de Puig d´en Serra, una zona protegida y declarada inedificable. El fiscal pide para cada uno de ellos, tal como avanzó ayer este periódico, la pena de dos años y medio de cárcel, así como 12 años de inhabilitación al considerarlos autores de un presunto delito de prevaricación urbanística.
Marí Ribas recalcó que el escrito de acusación del fiscal confirma una vez más que el departamento de Urbanismo del Consistorio comete «muchas irregularidades». «Está bastante comprobado. Ya es hora de que se produzca alguna actuación contundente», señaló el portavoz del Pacto, que apuntó que, aparte de la concesión ilegal de la licencia de obra, resulta tanto o más grave el hecho de que posteriormente el Consistorio hiciera caso omiso a «las denuncias presentadas por vecinos afectados por la construcción». En un caso, según Marí Ribas, las obras invadían la propiedad privada de un vecino. «El alcalde no hizo caso a nadie a pesar de que estos ciudadanos actuaban de buena fe». Marí Ribas expresó su confianza en que «la gente tome conciencia» y evite en las próximas elecciones que continúe «esta vergüenza de Ayuntamiento».
Este periódico trató ayer sin éxito de recabar la opinión del alcalde y la del concejal José Torres, Tomàs, así como la del portavoz de la Ejecutiva del PP, Miguel Jerez. El grupo ecologista GEN, que fue quien interpuso en su día la denuncia ante la Fiscalía, mantiene que el escrito de acusación del fiscal es «lo único sensato de la evolución del urbanismo de esta isla». «Es lo más normal que podía pasar», señaló el portavoz del GEN, Mariano Marí. «No sabemos quién será el primero en caer, pero hay una serie de causas pendientes que provocarán que algún político acabe en prisión o quede inhabilitado», dijo Marí, que espera que el asunto de Puig d´en Serra culmine con «una sanción que sirva de ejemplo tanto para los políticos como los técnicos».