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Sant Josep: una comisión judicial precinta las obras de instalación de la hormigonera de Sant Jordi |
(Diario de ibiza, 22/07/2006)
El juez del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa ordenó ayer la paralización provisional de las obras de instalación de la planta de hormigón de Sant Jordi, en la calle Els Avets, a la espera de que se practique una prueba pericial del posible efecto nocivo de esta industria sobre la población. Así, el juez da curso a las peticiones solicitadas por el Ministerio Fiscal a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Olimpo. También requiere al Ayuntamiento de Sant Josep a que acredite las actuaciones realizadas para proteger la salud y controlar el impacto de la planta sobre el núcleo urbano. Una comisión judicial precintó por la tarde la fábrica.
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
Una comisión judicial acompañada por cuatro agentes de la Guardia Civil precintó ayer, alrededor de las 18,15 horas, la planta de hormigón que se está levantando en Sant Jordi y la dosificadora de áridos. El juez del juzgado de Instrucción número 3, Pablo Fito, sustituto del titular, Pablo Mendoza, dictó antes un auto por el que ordenaba, tal como solicitó previamente la Fiscalía, la paralización cautelar de las obras de construcción de la fábrica móvil y la elaboración con «urgencia» de un dictamen pericial sobre los posibles efectos nocivos de esta instalación industrial. Entiende el juez, según consta en el auto, que los hechos denunciados hacen presumir «la existencia de una infracción penal» contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio.
El juez agrega que dicha evaluación técnica de las posibles consecuencias del funcionamiento de la instalación debe tener en cuenta a «la población de los alrededores, su proximidad y el carácter residencial y núcleo de población en la que se ubica la fábrica, así como la existencia de un pozo subterráneo de agua potable utilizada para el abastecimiento de los residentes de la zona».
Asimismo, el juez también acepta la solicitud de la fiscal de que se requiera al Ayuntamiento de Sant Josep a que aporte, «en el caso de existir», la licencia que hubiera sido otorgada para la planta, así como «las actuaciones que hayan sido realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, que le atribuye la competencia sobre la protección de la salubridad pública, y, por lo tanto, que se acredite si ha adoptado alguna medida para proteger esa salud y controlar el impacto de la instalación sobre el núcleo urbano». Contra este auto cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días. Los operarios levantaron a última hora de la tarde una valla alrededor de la instalación.
El Consistorio ha renunciado a exigir a la constructora autorización municipal alguna a raíz de los dos dictámenes jurídicos presentados por la conselleria de Obras Públicas, que defienden que al tratarse de una fábrica temporal, ligada a las obras de la autovía, no precisa de permiso alguno. El mismo argumento ha utilizado la Administración para levantar en Montecristo una planta asfáltica sin licencia de obra ni de actividad, con el consentimiento también del Ayuntamiento de Sant Antoni.
Sin respuesta del Govern
Este periódico trató ayer sin éxito de recabar la opinión de Obras Públicas. El director general de Carreteras, Carlos Jover, atendió a la llamada de este rotativo, pero se negó a hacer declaraciones sobre la orden judicial. El Consell ya ha manifestado que este asunto compete al Govern balear y que es este organismo quien debe responder. El gobierno insular del PP se negó incluso en el último pleno a debatir una moción del Pacto sobre la fábrica de Sant Jordi.
Se da la circunstancia de que algunos vecinos de la zona consideran que la planta de suelo-grava-cemento podría ser, en realidad, una instalación para «la fabricación de prefabricados para elaborar los paneles de cemento que se utilizan para forrar las paredes de la trinchera de la autovía». «El problema es que nadie ha visto el proyecto presentado ante la comisión balear de Medio Ambiente.
También cabe preguntar al Govern balear en qué parte del estudio de evaluación de impacto ambiental de la autovía del aeropuerto figuran todas estas instalaciones. Nadie lo ha visto», señalan los testimonios recogidos.
El juez del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa ordenó ayer la paralización provisional de las obras de instalación de la planta de hormigón de Sant Jordi, en la calle Els Avets, a la espera de que se practique una prueba pericial del posible efecto nocivo de esta industria sobre la población. Así, el juez da curso a las peticiones solicitadas por el Ministerio Fiscal a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos Olimpo. También requiere al Ayuntamiento de Sant Josep a que acredite las actuaciones realizadas para proteger la salud y controlar el impacto de la planta sobre el núcleo urbano. Una comisión judicial precintó por la tarde la fábrica.
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
Una comisión judicial acompañada por cuatro agentes de la Guardia Civil precintó ayer, alrededor de las 18,15 horas, la planta de hormigón que se está levantando en Sant Jordi y la dosificadora de áridos. El juez del juzgado de Instrucción número 3, Pablo Fito, sustituto del titular, Pablo Mendoza, dictó antes un auto por el que ordenaba, tal como solicitó previamente la Fiscalía, la paralización cautelar de las obras de construcción de la fábrica móvil y la elaboración con «urgencia» de un dictamen pericial sobre los posibles efectos nocivos de esta instalación industrial. Entiende el juez, según consta en el auto, que los hechos denunciados hacen presumir «la existencia de una infracción penal» contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio.
El juez agrega que dicha evaluación técnica de las posibles consecuencias del funcionamiento de la instalación debe tener en cuenta a «la población de los alrededores, su proximidad y el carácter residencial y núcleo de población en la que se ubica la fábrica, así como la existencia de un pozo subterráneo de agua potable utilizada para el abastecimiento de los residentes de la zona».
Asimismo, el juez también acepta la solicitud de la fiscal de que se requiera al Ayuntamiento de Sant Josep a que aporte, «en el caso de existir», la licencia que hubiera sido otorgada para la planta, así como «las actuaciones que hayan sido realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, que le atribuye la competencia sobre la protección de la salubridad pública, y, por lo tanto, que se acredite si ha adoptado alguna medida para proteger esa salud y controlar el impacto de la instalación sobre el núcleo urbano». Contra este auto cabe un recurso de reforma en el plazo de tres días. Los operarios levantaron a última hora de la tarde una valla alrededor de la instalación.
El Consistorio ha renunciado a exigir a la constructora autorización municipal alguna a raíz de los dos dictámenes jurídicos presentados por la conselleria de Obras Públicas, que defienden que al tratarse de una fábrica temporal, ligada a las obras de la autovía, no precisa de permiso alguno. El mismo argumento ha utilizado la Administración para levantar en Montecristo una planta asfáltica sin licencia de obra ni de actividad, con el consentimiento también del Ayuntamiento de Sant Antoni.
Sin respuesta del Govern
Este periódico trató ayer sin éxito de recabar la opinión de Obras Públicas. El director general de Carreteras, Carlos Jover, atendió a la llamada de este rotativo, pero se negó a hacer declaraciones sobre la orden judicial. El Consell ya ha manifestado que este asunto compete al Govern balear y que es este organismo quien debe responder. El gobierno insular del PP se negó incluso en el último pleno a debatir una moción del Pacto sobre la fábrica de Sant Jordi.
Se da la circunstancia de que algunos vecinos de la zona consideran que la planta de suelo-grava-cemento podría ser, en realidad, una instalación para «la fabricación de prefabricados para elaborar los paneles de cemento que se utilizan para forrar las paredes de la trinchera de la autovía». «El problema es que nadie ha visto el proyecto presentado ante la comisión balear de Medio Ambiente.
También cabe preguntar al Govern balear en qué parte del estudio de evaluación de impacto ambiental de la autovía del aeropuerto figuran todas estas instalaciones. Nadie lo ha visto», señalan los testimonios recogidos.
«Resulta imposible vivir en casa y temo tener problemas de salud», declara una vecina ante el juez
EIVISSA | E. R.
Una persona afectada directamente por las obras de instalación de la planta se personó ayer en el juzgado de Instrucción número 3 y prestó declaración ante el juez. Esta vecina, que vive a escasos 20 metros de la fábrica móvil, declaró en el juzgado que desde que se han iniciado las obras de construcción de la instalación resulta «imposible vivir en casa» como consecuencia de las molestias de polvo y ruido, que calificó de «insoportables». «Tengo prohibido el uso de las zonas anexas a la vivienda como el jardín y la piscina. Tengo miedo a padecer problemas de salud», indicó esta vecina en su comparecencia voluntaria ante el juez, que le ha ofrecido, tal como consta en el auto, la posibilidad de ejercer la acusación particular.
Las obras de construcción de la planta se iniciaron el pasado 6 de julio. Los vecinos alertan de las molestias que causan ya las obras. La guardería Mafalda, que se halla a una distancia de 300 metros, ha iniciado una recogida de firmas entre los padres de los niños previa a la presentación de una denuncia ante la conselleria de Sanidad, según ha explicado a este periódico la directora del centro educativo.
La conselleria de Obras Públicas mantiene que la Comisión balear de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a esta fábrica con una serie de condiciones. Entre otras cosas, la comisión obliga a la constructora a impermeabilizar toda el área para evitar que «los posibles vertidos alcancen el subsuelo». Medio Ambiente advierte de que la actividad prevista no es contaminante, pero que «algunas de las actividades derivadas de la planta son susceptibles de contaminar el subsuelo». Esta zona se encuentra dentro del perímetro de restricciones moderadas de un pozo de abastecimiento de Can Bossa. Además, la fábrica móvil debe darse de alta en el censo de control de partículas en suspensión APCA, dependiente de la Oficina del Cambio Climático del Govern.