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Sant Josep renuncia a exigir licencia para la planta si no lo ordena un juez |
(Diario de Ibiza, 20/07/2006)
El GEN advierte de que el PTI prohíbe esta actividad en la zona donde se levanta la planta. El juez del juzgado de Instrucción número 3 debe decidir si ordena la paralización cautelar solicitada por la Fiscalía
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Sant Josep mantiene firme su idea de no exigir licencia a la constructora de la autovía del aeropuerto para ubicar una planta de hormigón en Sant Jordi acorde a lo que dicen los dos informes jurídicos remitidos por la conselleria de Obras Públicas. El responsable de comunicación del Consistorio aseguró ayer a este periódico que hasta que un juez no diga lo contrario «nos valen los informes del Govern».
Sobre el decreto de la Fiscalía por el cual se pide al juzgado la paralización cautelar de la instalación de la fábrica móvil, la Corporación recuerda que de momento «la Justicia no ha intervenido», en referencia a la decisión que pueda adoptar el juez. La fiscal también ha requerido al juez a que solicite al Ayuntamiento de Sant Josep a que aporte la documentación de las licencias que, en su caso, hubiera otorgado, así como las actuaciones realizadas para garantizar la salubridad pública de la zona en cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local. Por su parte, el Consell se mantiene al margen de la polémica y remite a los medios de comunicación a la conselleria de Obras Públicas.
La petición del Ministerio Público ha recaído en el juzgado de Instrucción número 3, cuyo titular, el juez Pablo Mendoza, se encuentra de vacaciones, por lo que su sustituto será quien adopte una resolución. Se da la circunstancia de que el mismo juez (Pablo Mendoza) fue quien archivó, al no ver indicios de delito, la denuncia presentada por los vecinos de Montecristo por la instalación de una planta asfáltica.
Por su parte, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) remitió ayer un escrito al Consell y al Ayuntamiento de Sant Josep instando a ambas instituciones a que ordenen la paralización de la instalación de la planta, cuyas obras seguían ayer su curso, según vecinos de la zona. Los ecologistas advierten de que se trata de «una actividad ilegal» puesto que, según el Plan Territorial Insular (PTI), se trata de «una actividad prohibida en suelo rústico común-área de transición». Apunta, además, que para «dar apariencia de legalidad a una actividad ilegal» se hizo «un simulacro de informe ambiental que no tiene nada que ver con la normativa de aplicación». En este sentido, recuerda que la instalación de la planta debe tramitarse como «una actividad clasificada y que le ley sólo exime de ello a las instalaciones necesarias para «la defensa nacional». Entre otras irregularidades, el GEN recuerda que el proyecto no se ha sometido a exposición pública, tal como establece la normativa que regula las actividades clasificadas, «y más aún cuando es nociva, molesta, insalubre y peligrosa y se ubica en las proximidades de viviendas y, por tanto, puede afectar directamente a la salud y el bienestar de las personas».
Asimismo, señala que el estudio de impacto ambiental del proyecto de la autovía no hacía referencia alguna a esta instalación industrial, cuando la normativa establece que en este documento deben figurar «todas las acciones inherentes a la actuación que se trate que sean susceptibles de producir un impacto sobre el medio ambiente». Vecinos de la zona no entienden por qué no se ubica la planta en la cantera donde se recoge la grava necesaria para la producción del hormigón.
El GEN advierte de que el PTI prohíbe esta actividad en la zona donde se levanta la planta. El juez del juzgado de Instrucción número 3 debe decidir si ordena la paralización cautelar solicitada por la Fiscalía
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ
El Ayuntamiento de Sant Josep mantiene firme su idea de no exigir licencia a la constructora de la autovía del aeropuerto para ubicar una planta de hormigón en Sant Jordi acorde a lo que dicen los dos informes jurídicos remitidos por la conselleria de Obras Públicas. El responsable de comunicación del Consistorio aseguró ayer a este periódico que hasta que un juez no diga lo contrario «nos valen los informes del Govern».
Sobre el decreto de la Fiscalía por el cual se pide al juzgado la paralización cautelar de la instalación de la fábrica móvil, la Corporación recuerda que de momento «la Justicia no ha intervenido», en referencia a la decisión que pueda adoptar el juez. La fiscal también ha requerido al juez a que solicite al Ayuntamiento de Sant Josep a que aporte la documentación de las licencias que, en su caso, hubiera otorgado, así como las actuaciones realizadas para garantizar la salubridad pública de la zona en cumplimiento de la Ley de Bases de Régimen Local. Por su parte, el Consell se mantiene al margen de la polémica y remite a los medios de comunicación a la conselleria de Obras Públicas.
La petición del Ministerio Público ha recaído en el juzgado de Instrucción número 3, cuyo titular, el juez Pablo Mendoza, se encuentra de vacaciones, por lo que su sustituto será quien adopte una resolución. Se da la circunstancia de que el mismo juez (Pablo Mendoza) fue quien archivó, al no ver indicios de delito, la denuncia presentada por los vecinos de Montecristo por la instalación de una planta asfáltica.
Por su parte, el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) remitió ayer un escrito al Consell y al Ayuntamiento de Sant Josep instando a ambas instituciones a que ordenen la paralización de la instalación de la planta, cuyas obras seguían ayer su curso, según vecinos de la zona. Los ecologistas advierten de que se trata de «una actividad ilegal» puesto que, según el Plan Territorial Insular (PTI), se trata de «una actividad prohibida en suelo rústico común-área de transición». Apunta, además, que para «dar apariencia de legalidad a una actividad ilegal» se hizo «un simulacro de informe ambiental que no tiene nada que ver con la normativa de aplicación». En este sentido, recuerda que la instalación de la planta debe tramitarse como «una actividad clasificada y que le ley sólo exime de ello a las instalaciones necesarias para «la defensa nacional». Entre otras irregularidades, el GEN recuerda que el proyecto no se ha sometido a exposición pública, tal como establece la normativa que regula las actividades clasificadas, «y más aún cuando es nociva, molesta, insalubre y peligrosa y se ubica en las proximidades de viviendas y, por tanto, puede afectar directamente a la salud y el bienestar de las personas».
Asimismo, señala que el estudio de impacto ambiental del proyecto de la autovía no hacía referencia alguna a esta instalación industrial, cuando la normativa establece que en este documento deben figurar «todas las acciones inherentes a la actuación que se trate que sean susceptibles de producir un impacto sobre el medio ambiente». Vecinos de la zona no entienden por qué no se ubica la planta en la cantera donde se recoge la grava necesaria para la producción del hormigón.
«La Fiscalía sí es competente»
La portavoz del Pacto, Pilar Costa, recordó ayer que el PP prohibió en el último pleno de la institución el debate sobre la polémica planta de hormigón de Sant Jordi porque «no era de su competencia o parece ser que no interesaba a los ciudadanos». «Ahora que la Fiscalía solicita su paralización, vemos a qué intereses está entregado el PP», señaló Costa, quien subrayó que «la Fiscalía sí es competente para investigar si la planta es nociva para los ciudadanos». Asimismo, la portavoz de los progresistas reiteró que la consellera de Obras Públicas, Mabel Cabrer, se «ha lavado las manos sobre los posibles efectos de la actividad de la planta sobre la población». | E. R.