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Cerco judicial a los delitos urbanísticos |
(Diario de Ibiza, 10/07/2006)
Progresan las principales diligencias abiertas por presuntas infracciones penales en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Tres alcaldes y una docena de concejales del PP, imputados por distintos juzgados. El 18 de octubre habrá el primer juicio
eivissa | joan lluís ferrer
De todas las denuncias por presuntos delitos urbanísticos y medioambientales que está investigando la Fiscalía de Eivissa en la actualidad -casi treinta en total-, una pequeña pero significativa parte ha logrado abrirse paso hacia el objetivo final de toda diligencia judicial: la celebración de vista oral. En muchos de ellos aparecen implicados políticos que han permitido estos posibles delitos, y en algún caso los habrían cometido ellos mismos.
En las últimas semanas se han producido novedades en varios casos. En la causa del restaurante ilegal de Cala Nova, el juzgado de lo Penal número 1 ya ha fijado la fecha del 18 de octubre para celebrar juicio contra el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicente Riera Noguera, por haber votado a favor de este permiso ilegal, que además se otorgó a su primo hermano. De todos, es el caso que más lejos ha llegado en su tramitación y ahora la vista oral determinará su inocencia o culpabilidad. El fiscal pide nueve años de inhabilitación para Riera.
Aún en Santa Eulària, el alcalde, Vicente Guasch, ha visto cómo la titular del juzgado número 4 de Eivissa, Susana González de la Varga, cerraba la instrucción de las diligencias de ses Torres sin acordar su archivo, es decir, manteniendo los indicios de delito. La acusación particular, que ejerce Izquierda Unida, pide dos años de prisión para Guasch y varios concejales, técnicos y promotores relacionados con el caso. Tan pronto como se resuelva un recurso pendiente, la Fiscalía deberá decidir si formula acusación o si pide el archivo de las diligencias, aunque esto último parece poco probable.
Vicente Guasch tiene abierto otro frente en el que también está imputado: el de la cantera de ses Planes, que está pendiente de un recurso en la Audiencia Provincial.
El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, tiene muy adelantadas las diligencias que le tienen imputado en dos casos especialmente relevantes.
El primero de ellos es el abierto por el asfaltado de su negocio con material procedente de una planta ilegal que él mismo ordenó desprecintar. El titular del juzgado de instrucción número 2, José Espinosa, aseguró que está a punto de cerrar la investigación judicial para decidir el próximo paso.
La instrucción que ya ha sido terminada es la de la vivienda del Puig d´en Serra, en es Cubells. El juez del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha cerrado la investigación abierta, manteniendo los indicios de delito que motivaron el inicio de las diligencias, por lo que ahora la Fiscalía deberá formular escrito de acusación y, posteriormente, el juez dictará la celebración de juicio, si es que no decide antes archivar el caso.
Progresan las principales diligencias abiertas por presuntas infracciones penales en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. Tres alcaldes y una docena de concejales del PP, imputados por distintos juzgados. El 18 de octubre habrá el primer juicio
eivissa | joan lluís ferrer
De todas las denuncias por presuntos delitos urbanísticos y medioambientales que está investigando la Fiscalía de Eivissa en la actualidad -casi treinta en total-, una pequeña pero significativa parte ha logrado abrirse paso hacia el objetivo final de toda diligencia judicial: la celebración de vista oral. En muchos de ellos aparecen implicados políticos que han permitido estos posibles delitos, y en algún caso los habrían cometido ellos mismos.
En las últimas semanas se han producido novedades en varios casos. En la causa del restaurante ilegal de Cala Nova, el juzgado de lo Penal número 1 ya ha fijado la fecha del 18 de octubre para celebrar juicio contra el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicente Riera Noguera, por haber votado a favor de este permiso ilegal, que además se otorgó a su primo hermano. De todos, es el caso que más lejos ha llegado en su tramitación y ahora la vista oral determinará su inocencia o culpabilidad. El fiscal pide nueve años de inhabilitación para Riera.
Aún en Santa Eulària, el alcalde, Vicente Guasch, ha visto cómo la titular del juzgado número 4 de Eivissa, Susana González de la Varga, cerraba la instrucción de las diligencias de ses Torres sin acordar su archivo, es decir, manteniendo los indicios de delito. La acusación particular, que ejerce Izquierda Unida, pide dos años de prisión para Guasch y varios concejales, técnicos y promotores relacionados con el caso. Tan pronto como se resuelva un recurso pendiente, la Fiscalía deberá decidir si formula acusación o si pide el archivo de las diligencias, aunque esto último parece poco probable.
Vicente Guasch tiene abierto otro frente en el que también está imputado: el de la cantera de ses Planes, que está pendiente de un recurso en la Audiencia Provincial.
El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, tiene muy adelantadas las diligencias que le tienen imputado en dos casos especialmente relevantes.
El primero de ellos es el abierto por el asfaltado de su negocio con material procedente de una planta ilegal que él mismo ordenó desprecintar. El titular del juzgado de instrucción número 2, José Espinosa, aseguró que está a punto de cerrar la investigación judicial para decidir el próximo paso.
La instrucción que ya ha sido terminada es la de la vivienda del Puig d´en Serra, en es Cubells. El juez del juzgado de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, ha cerrado la investigación abierta, manteniendo los indicios de delito que motivaron el inicio de las diligencias, por lo que ahora la Fiscalía deberá formular escrito de acusación y, posteriormente, el juez dictará la celebración de juicio, si es que no decide antes archivar el caso.
Repentino impulso a la causa penal del caso Cretu
eivissa | j. ll. f.
La vía penal del caso Cretu -iniciada después de que haya terminado la vía administrativa, saldada con una orden de derribo aún pendiente de ejecutar- comenzó hace dos años con la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias sobre la existencia de un posible delito en la concesión de esta licencia ilegal en zona protegida.
Sin embargo, en todo este tiempo sólo se produjo la declaración en calidad de imputados del promotor de la obra, el músico rumano Michael Cretu, y el arquitecto de la mansión, José Torres.
No obstante, hace sólo unas semanas la Fiscalía de Eivissa, en coordinación con la Fiscalía de Urbanismo de Balears, decidió pedir al juzgado la declaración como imputado del alcalde que dio esa licencia, Antonio Marí Tur, de toda la comisión de gobierno que votó a favor de su concesión y del técnico que informó favorablemente a la misma.
Dado que Marí Tur es aforado por ser diputado en el Parlament balear, la Fiscalía pedía su interrogatorio en el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), pero el juez de instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, ha decidido mantener la causa en la isla y ha acordado ya citar a declarar a todos estos políticos.