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El PP afirma que «sobran» 40 viviendas en el edificio ilegal de "Eivissa centre" |
(Diario de Ibiza, 27/06/2006)
El número de afectados que deben realojarse procedentes de las viviendas protegidas del grupo Santa Margarita es de 92, pero el nuevo inmueble tiene capacidad para 132. La obra cuadruplica lo autorizado
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Eivissa denunció ayer que el edificio de siete pisos construido de forma ilegal dentro del proyecto "Eivissa centre" no sólo incumple las condiciones de la licencia que obtuvo en su día, hasta cuadrupliar el volumen previsto en ella, sino que también supera holgadamente el número de viviendas necesarias para realojar a los inquilinos de las antiguas Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Grupo Santa Margarita, en la avenida de Isidor Macabich.
La portavoz del grupo del PP, Virtudes Marí, acompañada del también concejal Toni Prats, recordó que el número de familias que deben ser realojadas desde las viejas viviendas son 92, pero el edificio que se está construyendo junto a Joan XXIII tiene capacidad para albergar a 132, por lo que se preguntó el sentido de los 40 pisos restantes.
«Hay cuarenta viviendas que no están justificadas y cuya función no es realojar a nadie», señaló Marí. Estos pisos se hacen «para venderse en el libre mercado y con ánimo de lucro», afirmó.
De todos modos, la concejala del PP recordó que en realidad, ni las edificaciones del Grupo Santa Margarita ni el propio edificio de Juan XXIII son Viviendas de Protección Oficial, las primeras porque dejaron de estar acogidas a este régimen hace años y las segunda porque «no se han acogido a esta situación; son de régimen libre», indicó.
Asimismo, el PP denunció, después de haber tenido acceso al expediente oficial sobre esta edificación, que la licencia otorgada en su momento permitía una superficie construida total de 4.331 metros cuadrados, mientras que en la actualidad se han ocupado 12.153 metros cuadrados. Del 17 por ciento del solar que permitía edificar el permiso otorgado por el Ayuntamiento, se ha terminado construyendo el 100 por ciento del mismo, según la denuncia formulada por el concejal Toni Prats.
En cuanto al volumen, la licencia permitía 4.331,43 metros cúbicos y el inmueble que se estaba levantando antes de ser paralizado tiene ya 30.383 metros cúbicos, según las estimaciones proporcionadas por el grupo de la oposición en rueda de prensa.
También existe en el Ayuntamiento otro expediente relativo al mismo solar, con unas dimensiones más o menos intermedias entre la licencia y el edificio actualmente construido. Sin embargo, ese expediente no llegó a obtener licencia alguna ni está acompañado tampoco de ningún informe técnico o jurídico, por lo que «no sabemos a qué viene este expediente», afirmó perpleja Virtudes Marí.
Preguntada sobre la intención de su grupo de poner estos hechos, que calificó de «gravísimos», en manos de la Fiscalía de Eivissa u otras instancias judiciales, la portavoz conservadora respondió: «Por el prestigio del Ayuntamiento y de la propia ciudad, sólo emprenderíamos acciones penales contra el alcalde cuando tengamos todos los datos». Sin embargo, dio a entender su renuencia a este tipo de acciones, porque «tenemos un sentido de Estado, no como hacen los partidos de izquierda en otras instituciones donde gobierna el PP».
En cualquier caso, «desde el punto de vista administrativo, está claro que este expediente contiene un sinnúmero de infracciones», agregó.
El número de afectados que deben realojarse procedentes de las viviendas protegidas del grupo Santa Margarita es de 92, pero el nuevo inmueble tiene capacidad para 132. La obra cuadruplica lo autorizado
Eivissa | J. Ll. Ferrer
El grupo del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Eivissa denunció ayer que el edificio de siete pisos construido de forma ilegal dentro del proyecto "Eivissa centre" no sólo incumple las condiciones de la licencia que obtuvo en su día, hasta cuadrupliar el volumen previsto en ella, sino que también supera holgadamente el número de viviendas necesarias para realojar a los inquilinos de las antiguas Viviendas de Protección Oficial (VPO) del Grupo Santa Margarita, en la avenida de Isidor Macabich.
La portavoz del grupo del PP, Virtudes Marí, acompañada del también concejal Toni Prats, recordó que el número de familias que deben ser realojadas desde las viejas viviendas son 92, pero el edificio que se está construyendo junto a Joan XXIII tiene capacidad para albergar a 132, por lo que se preguntó el sentido de los 40 pisos restantes.
«Hay cuarenta viviendas que no están justificadas y cuya función no es realojar a nadie», señaló Marí. Estos pisos se hacen «para venderse en el libre mercado y con ánimo de lucro», afirmó.
De todos modos, la concejala del PP recordó que en realidad, ni las edificaciones del Grupo Santa Margarita ni el propio edificio de Juan XXIII son Viviendas de Protección Oficial, las primeras porque dejaron de estar acogidas a este régimen hace años y las segunda porque «no se han acogido a esta situación; son de régimen libre», indicó.
Asimismo, el PP denunció, después de haber tenido acceso al expediente oficial sobre esta edificación, que la licencia otorgada en su momento permitía una superficie construida total de 4.331 metros cuadrados, mientras que en la actualidad se han ocupado 12.153 metros cuadrados. Del 17 por ciento del solar que permitía edificar el permiso otorgado por el Ayuntamiento, se ha terminado construyendo el 100 por ciento del mismo, según la denuncia formulada por el concejal Toni Prats.
En cuanto al volumen, la licencia permitía 4.331,43 metros cúbicos y el inmueble que se estaba levantando antes de ser paralizado tiene ya 30.383 metros cúbicos, según las estimaciones proporcionadas por el grupo de la oposición en rueda de prensa.
También existe en el Ayuntamiento otro expediente relativo al mismo solar, con unas dimensiones más o menos intermedias entre la licencia y el edificio actualmente construido. Sin embargo, ese expediente no llegó a obtener licencia alguna ni está acompañado tampoco de ningún informe técnico o jurídico, por lo que «no sabemos a qué viene este expediente», afirmó perpleja Virtudes Marí.
Preguntada sobre la intención de su grupo de poner estos hechos, que calificó de «gravísimos», en manos de la Fiscalía de Eivissa u otras instancias judiciales, la portavoz conservadora respondió: «Por el prestigio del Ayuntamiento y de la propia ciudad, sólo emprenderíamos acciones penales contra el alcalde cuando tengamos todos los datos». Sin embargo, dio a entender su renuencia a este tipo de acciones, porque «tenemos un sentido de Estado, no como hacen los partidos de izquierda en otras instituciones donde gobierna el PP».
En cualquier caso, «desde el punto de vista administrativo, está claro que este expediente contiene un sinnúmero de infracciones», agregó.
Cambian el PGOU para edificar una planta más
Virtudes Marí destacó que el planeamiento urbanístico municipal permitía inicialmente una altura máxima de planta baja y cinco pisos en este solar. Sin embargo, gracias a una modificación puntual aprobada en una sesión plenaria del mes pasado, se pasó a permitir una altura de planta baja y seis pisos, es decir, uno más que antes. En la actualidad, el edificio ya ha alcanzado esta altura.