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Sant Josep espera un informe para demoler la obra del Puig d´en Serra |
(Diario de Ibiza, 26/05/2006)
José Serra Escandell y José Torres Cardona deberán pagar los gastos de su defensa judicial en el caso. Aqualia ha denunciado a la empresa que construye la autovía del aeropuerto por las averías en la red
Sant Josep | Pep Ribas
El Ayuntamiento de Sant Josep está esperando un informe jurídico sobre la forma como debe proceder para acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), según la cual deberá demolerse una construcción en el Puig d´en Serra (es Cubells). Una vez el informe se presente al Consistorio, se encargará el proyecto de demolición y se seguirá el proceso determinado por los asesores legales.
Así lo manifestó ayer el concejal de Urbanismo, José Marí Ribas, Reganes, en el transcurso del debate plenario sobre una moción presentada por la oposición progresista, que proponía una serie de acuerdos en relación con el veredicto del TSJB.
Concretamente, el Pacto pedía que se iniciase el proceso de demolición; que el Ayuntamiento abriese un expediente sancionador contra los responsables de las licencias anuladas; que los imputados en este caso (el alcalde, Josep Serra, y el teniente de alcalde Josep Torres, Tomàs) devolviesen el dinero que ha pagado por ellos el Consistorio en el transcurso de este caso, y que el pleno repruebe a los concejales imputados.
En el texto de la moción la oposición recordaba que la junta de gobierno aprobó en junio de 2005 que el Ayuntamiento asumiría los gastos de defensa jurídica de los imputados en este caso y que el año pasado ellos mismos manifestaron en dos plenos que se harían cargo de estos gastos si la justicia no les daba la razón.
Reganes quiso destacar en el pleno que el grupo gobernante acata la resolución judicial en todos sus extremos, «aunque no porque hayan presentado ustedes una moción, sino porque hay una sentencia y nosotros la respetamos».
Con respecto a devolver el dinero por parte de los imputados, señaló que este punto también se llevará a cabo a su debido tiempo, y resultó tajante en la pretendida reprobación a los imputados: «Nosotros no reprobamos a nadie. Estos señores están aquí porque se presentaron a unas elecciones y salieron elegidos por mayoría. Si alguien les tiene que reprobar es el pueblo en las próximas elecciones», afirmó Reganes.
La moción fue rechazada. Sometida a votación y obtuvo los votos afirmativos del Pacto y los negativos del PP, a excepción de dos abstenciones: las de los dos imputados, Serra Escandell y Torres Cardona.
Denunciadas las obras de la autovía
En el transcurso del pleno el PP informó de que la empresa Aqualia, a instancias del Ayuntamiento, ha denunciado judicialmente a la constructora de la autovía del aeropuerto por las averías causadas en la red de agua. Reganes reconoció que se han producido veintidós cortes debido a los estropicios causados por esta empresa, aunque aseguró que tanto el equipo de gobierno como Aqualia han realizado un seguimiento exhaustivo y se ha hecho todo lo posible por resolver cada problema que ha surgido.
El portavoz del gobierno municipal afirmó que el motivo de la denuncia judicial se debió a que la empresa constructora, por su cuenta y riesgo y sin permiso del Ayuntamiento, tras haber causado la rotura de una tubería, cerró el caudal y la sustituyó por otra, pero que no estaba homologada. En el expediente contra la constructora, se la acusa también de haber modificado la señalización de varias calles en Sant Jordi, igualmente sin permiso.
Por otra parte, el PP aceptó la propuesta del Pacto de eliminar el vertedero incontrolado de escombros denunciado reiteradamente, producido en terrenos del empresario Fernando Ferre, en la calle Sabadell, junto al hotel Monterrey de Cala de Bou. El concejal de Medio Ambiente se mostró de acuerdo con la moción y precisó que estos vertidos se retirarían del lugar, «previos los trámites oportunos», ya que que se ha abierto un expediente al responsable y se le debe conceder audiencia, tal como establecen las disposiciones pertinentes.
El Pacto había presentado también una propuesta para asegurar la protección de los torrentes, en la que pedía que se hiciese un inventario sobre estos cauces naturales existentes en el municipio, así como la delimitación de los mismos, con el fin de declararlos inedificables en la próxima revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. El PP aceptó el sentido de la moción, pero sugirió que estas peticiones se remitan al organismo competente, es decir la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria de Medio Ambiente del Govern.
En el turno de ruegos y preguntas el concejal progresista Josep Antoni Prats preguntó por qué se reconstruye con bloques de cemento una pared del camino de es des Pou des Mussons, cuyas obras de ampliación ya han empezado. `Reganes´ señaló que es una cuestión de presupuesto y Prats observó que el Ayuntamiento incumple el PTI que obliga a reconstruir las paredes de piedra.
José Serra Escandell y José Torres Cardona deberán pagar los gastos de su defensa judicial en el caso. Aqualia ha denunciado a la empresa que construye la autovía del aeropuerto por las averías en la red
Sant Josep | Pep Ribas
El Ayuntamiento de Sant Josep está esperando un informe jurídico sobre la forma como debe proceder para acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), según la cual deberá demolerse una construcción en el Puig d´en Serra (es Cubells). Una vez el informe se presente al Consistorio, se encargará el proyecto de demolición y se seguirá el proceso determinado por los asesores legales.
Así lo manifestó ayer el concejal de Urbanismo, José Marí Ribas, Reganes, en el transcurso del debate plenario sobre una moción presentada por la oposición progresista, que proponía una serie de acuerdos en relación con el veredicto del TSJB.
Concretamente, el Pacto pedía que se iniciase el proceso de demolición; que el Ayuntamiento abriese un expediente sancionador contra los responsables de las licencias anuladas; que los imputados en este caso (el alcalde, Josep Serra, y el teniente de alcalde Josep Torres, Tomàs) devolviesen el dinero que ha pagado por ellos el Consistorio en el transcurso de este caso, y que el pleno repruebe a los concejales imputados.
En el texto de la moción la oposición recordaba que la junta de gobierno aprobó en junio de 2005 que el Ayuntamiento asumiría los gastos de defensa jurídica de los imputados en este caso y que el año pasado ellos mismos manifestaron en dos plenos que se harían cargo de estos gastos si la justicia no les daba la razón.
Reganes quiso destacar en el pleno que el grupo gobernante acata la resolución judicial en todos sus extremos, «aunque no porque hayan presentado ustedes una moción, sino porque hay una sentencia y nosotros la respetamos».
Con respecto a devolver el dinero por parte de los imputados, señaló que este punto también se llevará a cabo a su debido tiempo, y resultó tajante en la pretendida reprobación a los imputados: «Nosotros no reprobamos a nadie. Estos señores están aquí porque se presentaron a unas elecciones y salieron elegidos por mayoría. Si alguien les tiene que reprobar es el pueblo en las próximas elecciones», afirmó Reganes.
La moción fue rechazada. Sometida a votación y obtuvo los votos afirmativos del Pacto y los negativos del PP, a excepción de dos abstenciones: las de los dos imputados, Serra Escandell y Torres Cardona.
Denunciadas las obras de la autovía
En el transcurso del pleno el PP informó de que la empresa Aqualia, a instancias del Ayuntamiento, ha denunciado judicialmente a la constructora de la autovía del aeropuerto por las averías causadas en la red de agua. Reganes reconoció que se han producido veintidós cortes debido a los estropicios causados por esta empresa, aunque aseguró que tanto el equipo de gobierno como Aqualia han realizado un seguimiento exhaustivo y se ha hecho todo lo posible por resolver cada problema que ha surgido.
El portavoz del gobierno municipal afirmó que el motivo de la denuncia judicial se debió a que la empresa constructora, por su cuenta y riesgo y sin permiso del Ayuntamiento, tras haber causado la rotura de una tubería, cerró el caudal y la sustituyó por otra, pero que no estaba homologada. En el expediente contra la constructora, se la acusa también de haber modificado la señalización de varias calles en Sant Jordi, igualmente sin permiso.
Por otra parte, el PP aceptó la propuesta del Pacto de eliminar el vertedero incontrolado de escombros denunciado reiteradamente, producido en terrenos del empresario Fernando Ferre, en la calle Sabadell, junto al hotel Monterrey de Cala de Bou. El concejal de Medio Ambiente se mostró de acuerdo con la moción y precisó que estos vertidos se retirarían del lugar, «previos los trámites oportunos», ya que que se ha abierto un expediente al responsable y se le debe conceder audiencia, tal como establecen las disposiciones pertinentes.
El Pacto había presentado también una propuesta para asegurar la protección de los torrentes, en la que pedía que se hiciese un inventario sobre estos cauces naturales existentes en el municipio, así como la delimitación de los mismos, con el fin de declararlos inedificables en la próxima revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico. El PP aceptó el sentido de la moción, pero sugirió que estas peticiones se remitan al organismo competente, es decir la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria de Medio Ambiente del Govern.
En el turno de ruegos y preguntas el concejal progresista Josep Antoni Prats preguntó por qué se reconstruye con bloques de cemento una pared del camino de es des Pou des Mussons, cuyas obras de ampliación ya han empezado. `Reganes´ señaló que es una cuestión de presupuesto y Prats observó que el Ayuntamiento incumple el PTI que obliga a reconstruir las paredes de piedra.