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Sant Josep: la Fiscalía pide al juez la imputación de Antonio Huerta por cinco posibles delitos en la obra de Cala Carbó |
(Diario de Ibiza, 21/12/2005)
El fiscal aprecia indicios de delito sobre la ordenación del territorio, el medio ambiente, prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios. Huerta dictaminó a favor de su propia nuera
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
La Fiscalía de Eivissa ha remitido a los juzgados un escrito de denuncia en el que solicita que se tome declaración en calidad de imputado al arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, por su actuación en el caso de la obra de Cala Carbó que excede la altura permitida y cuyo proyecto fue redactado por la propia nuera de Huerta, Pilar Fernández Pérez.
Huerta no sólo evitó abstenerse de intervenir como arquitecto municipal en este proyecto, sino que emitió al menos tres informes al respecto, y uno de ellos fue para dictaminar a favor de la reanudación de los trabajos que habían sido previamente paralizados.
El escrito remitido por Fiscalía a los juzgados pide también la práctica de varias pruebas documentales, como reclamar al Ayuntamiento de Sant Josep que remita «todos los antecedentes del expediente» de esta obra, con toda la documentación alusiva a la misma.
También se solicita que se pida al Colegio Oficial de Arquitectos la remisión del expediente que exista en esa entidad sobre dicha licencia. Asimismo, la Fiscalía quiere que se proponga al Colegio el ofrecimiento de acciones penales por si quiere intervenir en el proceso abierto.
Cuatro plantas en vez de tres
El fiscal de Medio Ambiente, Manuel Campoy, ha basado su escrito ante el juzgado en la denuncia que el mes pasado le fue remitida por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) y que describe un importante cúmulo de irregularidades en la construcción de esta obra, que debería tener sólo tres plantas de altura y tiene cuatro en total.
En concreto, la Fiscalía aprecia la existencia de indicios de cinco delitos diferentes en este caso, todos ellos contenidos en el Código Penal y castigados con penas de cárcel e inhabilitación: delito sobre la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
En algunas de estas figuras penales se inscribiría el hecho de que la arquitecta autora del proyecto es nuera del propio Antonio Huerta. Ya con anterioridad el fiscal había pedido que se investigara este hecho en otras diligencias distintas, las relacionadas con la urbanización de Cala Molí, donde también actuaba como arquitecta la nuera de Huerta.
El juzgado que reciba ahora esta denuncia deberá decidir si practica o no las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal.
El fiscal aprecia indicios de delito sobre la ordenación del territorio, el medio ambiente, prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios. Huerta dictaminó a favor de su propia nuera
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
La Fiscalía de Eivissa ha remitido a los juzgados un escrito de denuncia en el que solicita que se tome declaración en calidad de imputado al arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, por su actuación en el caso de la obra de Cala Carbó que excede la altura permitida y cuyo proyecto fue redactado por la propia nuera de Huerta, Pilar Fernández Pérez.
Huerta no sólo evitó abstenerse de intervenir como arquitecto municipal en este proyecto, sino que emitió al menos tres informes al respecto, y uno de ellos fue para dictaminar a favor de la reanudación de los trabajos que habían sido previamente paralizados.
El escrito remitido por Fiscalía a los juzgados pide también la práctica de varias pruebas documentales, como reclamar al Ayuntamiento de Sant Josep que remita «todos los antecedentes del expediente» de esta obra, con toda la documentación alusiva a la misma.
También se solicita que se pida al Colegio Oficial de Arquitectos la remisión del expediente que exista en esa entidad sobre dicha licencia. Asimismo, la Fiscalía quiere que se proponga al Colegio el ofrecimiento de acciones penales por si quiere intervenir en el proceso abierto.
Cuatro plantas en vez de tres
El fiscal de Medio Ambiente, Manuel Campoy, ha basado su escrito ante el juzgado en la denuncia que el mes pasado le fue remitida por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) y que describe un importante cúmulo de irregularidades en la construcción de esta obra, que debería tener sólo tres plantas de altura y tiene cuatro en total.
En concreto, la Fiscalía aprecia la existencia de indicios de cinco delitos diferentes en este caso, todos ellos contenidos en el Código Penal y castigados con penas de cárcel e inhabilitación: delito sobre la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, tráfico de influencias, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos.
En algunas de estas figuras penales se inscribiría el hecho de que la arquitecta autora del proyecto es nuera del propio Antonio Huerta. Ya con anterioridad el fiscal había pedido que se investigara este hecho en otras diligencias distintas, las relacionadas con la urbanización de Cala Molí, donde también actuaba como arquitecta la nuera de Huerta.
El juzgado que reciba ahora esta denuncia deberá decidir si practica o no las peticiones formuladas por el Ministerio Fiscal.
El alcalde se declara «contento» con el arquitecto
Eivissa | J. LL. F.
Donde la Fiscalía aprecia indicios de cinco delitos, el alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, no encuentra motivo ni para proseguir las diligencias informativas que abrió en noviembre teóricamente para averiguar la legalidad de la actuación de Antonio Huerta. El alcalde no sólo va a dar carpetazo a las diligencias dando por buena la versión exculpatoria del técnico municipal y sin realizar ninguna otra indagación, sino que ayer, en declaraciones a Radio Ibiza Ser, aseguró que «la Corporación está contenta» con el arquitecto, dado «el trabajo que hace, porque en el Ayuntamiento normalmente informa más de mil proyectos», aunque admitió que «hay un error, efectivamente».
En su denuncia ante la Fiscalía, el GEN aseguró que en el Área de Actuación 4.1 «se está produciendo un exceso de aprovechamiento urbanístico que puede superar en un 100 por ciento lo permitido por el planeamiento municipal».
El GEN subraya que en una de las parcelas se permitía un máximo de 14 viviendas y, en la otra parcela del mismo polígono, otras seis, lo que totaliza un máximo de veinte viviendas. Sin embargo, la obra realizada hasta ahora evidencia, a juicio del grupo ecologista, un mayor número de viviendas de las permitidas en la parcela número 2. En cuanto a la parcela número 1, «existe una licencia otorgada este mismo año para la construcción de 14 apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y piscina, lo cual supone, al menos, duplicar la densidad máxima permitida en la normativa municipal», agrega la denuncia.
Según el GEN, pese a que la normativa municipal establece un tope de tres plantas de altura por edificio, «los promotores están levantando artificialmente los edificios, consiguiendo un total de cuatro plantas al no adaptarse a la pendiente natural del terreno». «Esta elevación extra es posteriormente disimulada con la creación de terrazas, cuyos muros ocultan la altura extra dada a los edificios», añade esta organización.