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Cretu pide a Sant Antoni una indemnización de 18 millones de euros si se derriba su casa |
(Diario de Ibiza, 2/12/2005)
El músico rumano Michael Cretu ha reclamado formalmente ante el Ayuntamiento de Sant Antoni una indemnización de 18 millones de euros si finalmente es obligado a derribar su mansión, construida con una licencia otorgada ilegalmente por la Corporación municipal. Esta solicitud supera ampliamente el millón de euros en que está valorada la obra en el presupuesto anexo al proyecto que obtuvo licencia. Durante la mañana de ayer declaró ante el juez el arquitecto que redactó el proyecto, Josep Torres, quien fue preguntado sobre las diferencias entre la obra realmente construida y la que obtuvo autorización municipal.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, desveló ayer que el promotor de la obra ilegal de Santa Agnès con orden de derribo, Michael Cretu, presentó el año pasado ante el Ayuntamiento un expediente de responsabilidad patrimonial en el que reclama el pago de 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas) en concepto de indemnización si finalmente es obligado al derribo de su mansión, como establecen todas las sentencias recaídas hasta la fecha.
Sala hizo pública la existencia de esta solicitud al salir de los juzgados de Eivissa, donde prestó declaración en calidad de testigo en las diligencias de tipo penal que el juez Juan Carlos Torres instruye en relación a esta mansión. La investigación judicial, surgida a raíz de una iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente, trata de establecer si Cretu incurrió en algún tipo de delito por sobrepasar las dimensiones previstas en el proyecto que obtuvo licencia.
En sus declaraciones a los periodistas, Sala citó la existencia de un procedimiento de responsabilidad patrimonial presentado por Cretu el año pasado y en el que pide compensaciones económicas «en concepto de daños y perjuicios» por valor de 18 millones de euros si debe derribar la casa, ya que ésta obtuvo licencia de obras del Ayuntamiento y, por tanto, se encuentra legalmente respaldada, según el promotor. Este expediente debe resolverse en el plazo de un año, aunque en la actualidad su instrucción se encuentra paralizada «y seguirá suspendida hasta que llegue una sentencia definitiva», afirmó Sala en alusión al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo.
Dentro de las diligencias que practica el Consistorio para averiguar si procede o no la indemnización solicitada -que excede en mucho el valor de obra nueva declarado cuando Cretu pidió la licencia-, el alcalde señaló que «será ahora cuando determinaremos si se ha hecho más obra de la autorizada o no».
«Cuando se reanude el proceso nos corresponderá ir allí y ver lo que se ha hecho. Yo no estado aún allí», afirmó Sala, quien agregó: «Nosotros sólo indemnizaremos lo que tenga licencia».
«Asumiremos lo que se derive de nuestro expediente, aunque, desde luego, no sé cuál será el resultado final del mismo», añadió el máximo mandatario municipal ante los informadores.
Al ser preguntado por qué el Ayuntamiento otorgó un certificado de final obras en el que se aseguraba que la mansión construida se ajustaba a la licencia otorgada, Sala -que no era responsable municipal entonces- señaló: «Se entendió que, según los informes, la obra se ajustaba a la licencia. Y por el mismo motivo el Consell Insular otorgó la licencia de habitabilidad».
Declaración del arquitecto
Por otra parte, durante la jornada de ayer prestó declaración en calidad de imputado el arquitecto autor del proyecto que obtuvo la licencia de obras, Josep Torres, asistido por la abogada Ascensión Joaniquet.
Torres respondió durante casi dos horas a las preguntas formuladas por el juez Juan Carlos Torres y por el fiscal Manuel Campoy, aunque a la salida de la comparecencia tanto él como su abogada se negaron a hacer comentario alguno, y tampoco quisieron aclarar si las obras realizadas por Cretu se adaptan al proyecto original.
Tampoco el fiscal quiso dar detalles sobre las declaraciones realizadas por Torres y por su socio de despacho Javier Planas -que no intervino en el proyecto-, pero otras fuentes señalaron que durante el interrogatorio se revelaron hechos «sorprendentes» y que permiten abrir «nuevas vías» en la investigación de tipo penal que se está siguiendo.
Para hoy a las diez de la mañana está prevista la comparecencia, en calidad de imputado, del propio Michael Cretu, que deberá responder a las preguntas de la fiscalía y del juez que instruye las diligencias.
El músico rumano Michael Cretu ha reclamado formalmente ante el Ayuntamiento de Sant Antoni una indemnización de 18 millones de euros si finalmente es obligado a derribar su mansión, construida con una licencia otorgada ilegalmente por la Corporación municipal. Esta solicitud supera ampliamente el millón de euros en que está valorada la obra en el presupuesto anexo al proyecto que obtuvo licencia. Durante la mañana de ayer declaró ante el juez el arquitecto que redactó el proyecto, Josep Torres, quien fue preguntado sobre las diferencias entre la obra realmente construida y la que obtuvo autorización municipal.
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
El alcalde de Sant Antoni, José Sala, desveló ayer que el promotor de la obra ilegal de Santa Agnès con orden de derribo, Michael Cretu, presentó el año pasado ante el Ayuntamiento un expediente de responsabilidad patrimonial en el que reclama el pago de 18 millones de euros (unos 3.000 millones de pesetas) en concepto de indemnización si finalmente es obligado al derribo de su mansión, como establecen todas las sentencias recaídas hasta la fecha.
Sala hizo pública la existencia de esta solicitud al salir de los juzgados de Eivissa, donde prestó declaración en calidad de testigo en las diligencias de tipo penal que el juez Juan Carlos Torres instruye en relación a esta mansión. La investigación judicial, surgida a raíz de una iniciativa de la Fiscalía de Medio Ambiente, trata de establecer si Cretu incurrió en algún tipo de delito por sobrepasar las dimensiones previstas en el proyecto que obtuvo licencia.
En sus declaraciones a los periodistas, Sala citó la existencia de un procedimiento de responsabilidad patrimonial presentado por Cretu el año pasado y en el que pide compensaciones económicas «en concepto de daños y perjuicios» por valor de 18 millones de euros si debe derribar la casa, ya que ésta obtuvo licencia de obras del Ayuntamiento y, por tanto, se encuentra legalmente respaldada, según el promotor. Este expediente debe resolverse en el plazo de un año, aunque en la actualidad su instrucción se encuentra paralizada «y seguirá suspendida hasta que llegue una sentencia definitiva», afirmó Sala en alusión al recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo.
Dentro de las diligencias que practica el Consistorio para averiguar si procede o no la indemnización solicitada -que excede en mucho el valor de obra nueva declarado cuando Cretu pidió la licencia-, el alcalde señaló que «será ahora cuando determinaremos si se ha hecho más obra de la autorizada o no».
«Cuando se reanude el proceso nos corresponderá ir allí y ver lo que se ha hecho. Yo no estado aún allí», afirmó Sala, quien agregó: «Nosotros sólo indemnizaremos lo que tenga licencia».
«Asumiremos lo que se derive de nuestro expediente, aunque, desde luego, no sé cuál será el resultado final del mismo», añadió el máximo mandatario municipal ante los informadores.
Al ser preguntado por qué el Ayuntamiento otorgó un certificado de final obras en el que se aseguraba que la mansión construida se ajustaba a la licencia otorgada, Sala -que no era responsable municipal entonces- señaló: «Se entendió que, según los informes, la obra se ajustaba a la licencia. Y por el mismo motivo el Consell Insular otorgó la licencia de habitabilidad».
Declaración del arquitecto
Por otra parte, durante la jornada de ayer prestó declaración en calidad de imputado el arquitecto autor del proyecto que obtuvo la licencia de obras, Josep Torres, asistido por la abogada Ascensión Joaniquet.
Torres respondió durante casi dos horas a las preguntas formuladas por el juez Juan Carlos Torres y por el fiscal Manuel Campoy, aunque a la salida de la comparecencia tanto él como su abogada se negaron a hacer comentario alguno, y tampoco quisieron aclarar si las obras realizadas por Cretu se adaptan al proyecto original.
Tampoco el fiscal quiso dar detalles sobre las declaraciones realizadas por Torres y por su socio de despacho Javier Planas -que no intervino en el proyecto-, pero otras fuentes señalaron que durante el interrogatorio se revelaron hechos «sorprendentes» y que permiten abrir «nuevas vías» en la investigación de tipo penal que se está siguiendo.
Para hoy a las diez de la mañana está prevista la comparecencia, en calidad de imputado, del propio Michael Cretu, que deberá responder a las preguntas de la fiscalía y del juez que instruye las diligencias.
El presupuesto que obtuvo licencia era de sólo un millón
Eivissa | J. Ll. Ferrer
Los 18 millones de euros que reclama ahora Michael Cretu en concepto de indemnización multiplican notablemente la cantidad que declaró oficialmente el propio músico rumano cuando tramitaba la obtención de la licencia.
Aquel presupuesto era de sólo 1,17 millones de euros (195 millones de pesetas) y es el que sirvió de base para el pago de la licencia.
Los 18 millones de euros que ahora reclama Cretu van también mucho más allá de la cifra que en noviembre de 2001 había avanzado el abogado del promotor como posible cuantía de la indemnización: 8,4 millones de euros, que es en lo que está escriturada la casa en el Registro de la Propiedad.
El letrado Jaume Roig dijo entonces: «Me remito a lo que es público y a la declaración de obra nueva, que si no recuerdo mal son 1.400 millones de pesestas. Es el valor de la obra».
Cuando en ese momento le fue preguntado a Roig por el presupuesto oficial de 1,17 millones, el letrado aseguró que ello era «una valoración ab initio que se hace según parámetros del Colegio de Arquitectos, pero si luego tú quieres poner un grifo con brillantes, por ejemplo, eso te costará una fortuna, pero no es una infracción».
Ayer declinó explicar por qué reclama ahora una cifra superior al doble de esos 8,4 millones.
Por su parte, José Sala dejó claro el pasado 22 de octubre de 2003 que sólo se pagarían indemnización a partir de lo oficialmente declarado en el presupuesto del expediente de licencia: «La indemnización no está condicionada a lo que Cretu tenga declarado, sino al gasto real; todo lo que esté amparado en la licencia». Entonces, Sala añadió: «Creo que la declaración de obra nueva está en unos 1,8 millones de euros, lo cual sería mucho, pero tal vez asumible. Sin embargo, temo que el gasto real ejecutado con obras con licencia sería bastante superior».