 |
Archivada la causa contra cinco ediles de Sant Josep por delito urbanístico |
(Diario de Ibiza, 19/09/2005)
Eivissa | P. P. / L. F. A.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, ha emitido una resolución judicial en la que decreta el sobreseimiento y el archivo de las diligencias por un presunto delito contra la ordenación del territorio en Sant Josep. Así, los concejales del Ayuntamiento de Sant Josep que votaron en el año 2000 a favor de la concesión de una prórroga de una licencia de obras en la zona de ses Serretes de Cala Carbó no serán citados como imputados de un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, tal y como solicitó la Fiscalía en julio de este año.
Torres asegura que los concejales actuaron «en el ejercicio de sus competencias, conforme a derecho y a la legislación urbanística en el proceso de conceder la prórroga de la licencia» y que de haber alguna irregularidad, ésta pertenece al campo político, «no al ámbito penal».
El fiscal señaló en su día que esta casa contaba con una licencia de obra de 1985 que fue prorrogada hace cuatro o cinco años. Según la Fiscalía, los informes técnicos indicaban que renovar el permiso era inviable pero, de todos modos, los concejales votaron favorablemente. Sin embargo, el magistrado Torres asegura que existía la licencia y que ésta fue prorrogada legal y automáticamente porque estaban permitidas las edificaciones en el suelo aún no urbanizable. Admite que se produjo un exceso de construcción sobre lo permitido respecto al proyecto presentado, pero matiza que ese no es motivo para imputar a los concejales ya que el único responsable es el propietario de la finca. El juez añade que los terrenos no están dentro de un Área de Especial Protección conforme a la Ley de Espacios Naturales (LEN) de Balears, tal y como se llegó a insinuar.
Eivissa | P. P. / L. F. A.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, ha emitido una resolución judicial en la que decreta el sobreseimiento y el archivo de las diligencias por un presunto delito contra la ordenación del territorio en Sant Josep. Así, los concejales del Ayuntamiento de Sant Josep que votaron en el año 2000 a favor de la concesión de una prórroga de una licencia de obras en la zona de ses Serretes de Cala Carbó no serán citados como imputados de un delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, tal y como solicitó la Fiscalía en julio de este año.
Torres asegura que los concejales actuaron «en el ejercicio de sus competencias, conforme a derecho y a la legislación urbanística en el proceso de conceder la prórroga de la licencia» y que de haber alguna irregularidad, ésta pertenece al campo político, «no al ámbito penal».
El fiscal señaló en su día que esta casa contaba con una licencia de obra de 1985 que fue prorrogada hace cuatro o cinco años. Según la Fiscalía, los informes técnicos indicaban que renovar el permiso era inviable pero, de todos modos, los concejales votaron favorablemente. Sin embargo, el magistrado Torres asegura que existía la licencia y que ésta fue prorrogada legal y automáticamente porque estaban permitidas las edificaciones en el suelo aún no urbanizable. Admite que se produjo un exceso de construcción sobre lo permitido respecto al proyecto presentado, pero matiza que ese no es motivo para imputar a los concejales ya que el único responsable es el propietario de la finca. El juez añade que los terrenos no están dentro de un Área de Especial Protección conforme a la Ley de Espacios Naturales (LEN) de Balears, tal y como se llegó a insinuar.