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Eivissa: el ex presidente de los arquitectos insiste en la denuncia contra Vila por Can Botino |
(El Mundo, 7/09/2005)
Asegura que los trabajos de reforma del edificio comenzaron sin contar con las debidas autorizaciones municipales y sin tener el visado de la delegación pitiusa del Colegio de Arquitectos
BLANCA DIEZ
EIVISSA.- El ex presidente de la delegación del Colegio de Arquitectos en las Pitiüses, Salvador Roig, se reafirmó ayer en las denuncias que, en los últimos meses, ha venido realizando sobre la polémica reforma del histórico edificio de Can Botino. Reforma impulsada por el Ayuntamiento de Eivissa, gobernado por el Pacte, y que, según este arquitecto, incumple desde el Plan General de Ordenación Urbana de Vila hasta el plan especial que regula las intervenciones en la zona de Dalt Vila, pasando por las leyes de Suelo, Disciplina Urbanística y Patrimonio.
Roig aseguró durante la rueda de prensa que mantiene su lucha contra la reforma de Can Botino por sentirse estrechamente vinculado a este inmueble. Y es que el arquitecto realizó en su día el estudio de viabilidad de los proyectos que tenían como objetivo destinar el edificio a uso público y, además, fue el encargo de elaborar la información correspondiente a Can Botino en la Guía de Arquitectura del prestigioso Elías Torres.
¿Cuáles son, hoy, los argumentos de Salvador Roig para sostener que la reforma no es tan legal como pretenden los progresistas de Vila?
Fechas. Según Salvador Roig, las autorizaciones municipales para la demolición parcial y la reforma en sí fueron posteriores al inicio de los trabajos. De este modo, las obras comenzaron el 26 de mayo de 2004 y el decreto de aprobación del proyecto de demolición parcial fue firmado por el Consistorio el 28 de junio del mismo año. Roig denuncia también que los trabajos de reforma estaban en marcha «al menos el 13 de octubre de 2004», mientras que el proyecto fue aprobado por decreto municipal el uno de diciembre.
Documentación incompleta. Roig asegura que la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Dalt Vila (PEPRI) otorgó el informe favorable a los trabajos «con documentación incompleta» y que no contaba con el visado del Colegio de Arquitectos. Punto este último que vulnera la Ley de Disciplina Urbanística de Baleares. Además, según Roig, el proyecto incumple el propio Plan General de Vila y podría vulnerar hasta la Ley y el reglamento que regulan las contrataciones por parte de la Administración.
Tramitación excepcional. El arquitecto considera también que el proyecto de reforma de Can Botino incumple el PEPRI porque no ha sido tramitado por la vía excepcional que prevén estas ordenanzas. Vía en la que debía intervenir la antigua Comisión Insular de Patrimonio. «No la han pasado», aseguró ayer Roig. Por ello, responsabilizó también de lo sucedido al Consell Insular, al que acusó de no ejercer en este caso las competencias que tiene en materia de Patrimonio. Esta tramitación excepcional, según Roig, ya había sido indicada a finales de 2003 por el arquitecto municipal, Rafael García Lozano, quien en un informe sobre el anteproyecto advertía que parte del mismo incumplía el PEPRI. Estos incumplimientos sólo podrían ser admitidos si el proyecto se tramitaba ante Patrimonio por la vía excepcional.
Asegura que los trabajos de reforma del edificio comenzaron sin contar con las debidas autorizaciones municipales y sin tener el visado de la delegación pitiusa del Colegio de Arquitectos
BLANCA DIEZ
EIVISSA.- El ex presidente de la delegación del Colegio de Arquitectos en las Pitiüses, Salvador Roig, se reafirmó ayer en las denuncias que, en los últimos meses, ha venido realizando sobre la polémica reforma del histórico edificio de Can Botino. Reforma impulsada por el Ayuntamiento de Eivissa, gobernado por el Pacte, y que, según este arquitecto, incumple desde el Plan General de Ordenación Urbana de Vila hasta el plan especial que regula las intervenciones en la zona de Dalt Vila, pasando por las leyes de Suelo, Disciplina Urbanística y Patrimonio.
Roig aseguró durante la rueda de prensa que mantiene su lucha contra la reforma de Can Botino por sentirse estrechamente vinculado a este inmueble. Y es que el arquitecto realizó en su día el estudio de viabilidad de los proyectos que tenían como objetivo destinar el edificio a uso público y, además, fue el encargo de elaborar la información correspondiente a Can Botino en la Guía de Arquitectura del prestigioso Elías Torres.
¿Cuáles son, hoy, los argumentos de Salvador Roig para sostener que la reforma no es tan legal como pretenden los progresistas de Vila?
Fechas. Según Salvador Roig, las autorizaciones municipales para la demolición parcial y la reforma en sí fueron posteriores al inicio de los trabajos. De este modo, las obras comenzaron el 26 de mayo de 2004 y el decreto de aprobación del proyecto de demolición parcial fue firmado por el Consistorio el 28 de junio del mismo año. Roig denuncia también que los trabajos de reforma estaban en marcha «al menos el 13 de octubre de 2004», mientras que el proyecto fue aprobado por decreto municipal el uno de diciembre.
Documentación incompleta. Roig asegura que la Comisión de Seguimiento del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Dalt Vila (PEPRI) otorgó el informe favorable a los trabajos «con documentación incompleta» y que no contaba con el visado del Colegio de Arquitectos. Punto este último que vulnera la Ley de Disciplina Urbanística de Baleares. Además, según Roig, el proyecto incumple el propio Plan General de Vila y podría vulnerar hasta la Ley y el reglamento que regulan las contrataciones por parte de la Administración.
Tramitación excepcional. El arquitecto considera también que el proyecto de reforma de Can Botino incumple el PEPRI porque no ha sido tramitado por la vía excepcional que prevén estas ordenanzas. Vía en la que debía intervenir la antigua Comisión Insular de Patrimonio. «No la han pasado», aseguró ayer Roig. Por ello, responsabilizó también de lo sucedido al Consell Insular, al que acusó de no ejercer en este caso las competencias que tiene en materia de Patrimonio. Esta tramitación excepcional, según Roig, ya había sido indicada a finales de 2003 por el arquitecto municipal, Rafael García Lozano, quien en un informe sobre el anteproyecto advertía que parte del mismo incumplía el PEPRI. Estos incumplimientos sólo podrían ser admitidos si el proyecto se tramitaba ante Patrimonio por la vía excepcional.