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Eivissa: el juez rechaza imputar a Xico Tarrés por la cantera de Can Capità |
(Diario de Ibiza, 3/08/2005)
EIVISSA | PEDRO PRIETO
El juez Juan Carlos Torres, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, no aprecia indicios de delito en la actuación del Ayuntamieto de Eivissa en el caso de la cantera de Can Capità y ha rechazado la imputación del alcalde de Vila, Xico Tarrés, que debía acudir a declarar el próximo 8 de septiembre después de que se anulase su primera comparecencia porque coincidía con un pleno municipal.
El juez Torres, mediante una extensa providencia, remite la causa de nuevo a la Fiscalía de Medio Ambiente para que pueda presentar alegaciones. El magistrado asegura que «no hay lugar a imputación por delito contra al medio ambiente» ni del alcalde de Vila ni del concejal de Medio Ambiente, Juan Rubio. En su argumentación, el magistrado señala que no se aprecia ninguna «omisión impropia de las actuaciones que legalmente les correspondían llevar a cabo» ni tampoco «participación en el delito que contemplaba el Ministerio Fiscal».
Actos «directos» e «indirectos»
Torres avala su decisión en que existen «actos administrativos propios y directos de la Administración» que corroborarían la actuación municipal, como un decreto de alcaldía aprobado en 1997 que anulaba una orden de paralización de la cantera y que fue confirmado por una sentencia de Tribunal Contencioso Administrativo de Balears, con fecha de 28 de marzo de 2000.
También asegura que hay otras actuaciones «indirectas» por parte del Consistorio que avalan su actuación en la tramitación de este expediente, y señala un informe jurídico redactado por el abogado Manuel Alcaide con fecha del seis de mayo de 2004. Este informe defiende que «no es obstáculo para la concesión de la licencia municipal la falta de adaptación del Plan General al Plan Director de Canteras, puesto que mientras no se produzca dicha adaptación, será necesaria la previa declaración de interés general».
Estas actuaciones municipales «desvirtúan cualquier acción por omisión por parte del Ayuntamiento que fuera susceptible de imputarse por el artículo 329 del Código Penal», tal y como pedía el Ministerio Fiscal. Este artículo castiga a «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes [...] o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general». Para este delito se prevén penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas de hasta 24 meses.
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa considera que la consulta por parte de los responsables de las instituciones a informes redactados por técnicos dependientes del Ayuntamiento es un criterio «susceptible de apreciarse en otros muchos procedimientos para la definición de una conducta y la procedencia de la imputación».
La providencia del juez instructor, sin embargo, no exculpa al representante legal de la anterior empresa propietaria de la cantera, que sí deberá acudir a declarar al juzgado por si existen «infracciones administrativas y, en su caso, también lesiones graves al bien jurídico penalmente protegido del medio ambiente por parte de los titulares de la sociedad explotadora de la cantera».
El juzgado de Instrucción ha incorporado a la causa un informe técnico que incluye fotografías aéreas de la cantera y que permitirá evaluar el daño ambiental producido por la actividad de la explotación.
EIVISSA | PEDRO PRIETO
El juez Juan Carlos Torres, titular del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa, no aprecia indicios de delito en la actuación del Ayuntamieto de Eivissa en el caso de la cantera de Can Capità y ha rechazado la imputación del alcalde de Vila, Xico Tarrés, que debía acudir a declarar el próximo 8 de septiembre después de que se anulase su primera comparecencia porque coincidía con un pleno municipal.
El juez Torres, mediante una extensa providencia, remite la causa de nuevo a la Fiscalía de Medio Ambiente para que pueda presentar alegaciones. El magistrado asegura que «no hay lugar a imputación por delito contra al medio ambiente» ni del alcalde de Vila ni del concejal de Medio Ambiente, Juan Rubio. En su argumentación, el magistrado señala que no se aprecia ninguna «omisión impropia de las actuaciones que legalmente les correspondían llevar a cabo» ni tampoco «participación en el delito que contemplaba el Ministerio Fiscal».
Actos «directos» e «indirectos»
Torres avala su decisión en que existen «actos administrativos propios y directos de la Administración» que corroborarían la actuación municipal, como un decreto de alcaldía aprobado en 1997 que anulaba una orden de paralización de la cantera y que fue confirmado por una sentencia de Tribunal Contencioso Administrativo de Balears, con fecha de 28 de marzo de 2000.
También asegura que hay otras actuaciones «indirectas» por parte del Consistorio que avalan su actuación en la tramitación de este expediente, y señala un informe jurídico redactado por el abogado Manuel Alcaide con fecha del seis de mayo de 2004. Este informe defiende que «no es obstáculo para la concesión de la licencia municipal la falta de adaptación del Plan General al Plan Director de Canteras, puesto que mientras no se produzca dicha adaptación, será necesaria la previa declaración de interés general».
Estas actuaciones municipales «desvirtúan cualquier acción por omisión por parte del Ayuntamiento que fuera susceptible de imputarse por el artículo 329 del Código Penal», tal y como pedía el Ministerio Fiscal. Este artículo castiga a «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes [...] o que con motivo de sus inspecciones hubieren silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general». Para este delito se prevén penas de prisión de seis meses a tres años, además de multas de hasta 24 meses.
El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa considera que la consulta por parte de los responsables de las instituciones a informes redactados por técnicos dependientes del Ayuntamiento es un criterio «susceptible de apreciarse en otros muchos procedimientos para la definición de una conducta y la procedencia de la imputación».
La providencia del juez instructor, sin embargo, no exculpa al representante legal de la anterior empresa propietaria de la cantera, que sí deberá acudir a declarar al juzgado por si existen «infracciones administrativas y, en su caso, también lesiones graves al bien jurídico penalmente protegido del medio ambiente por parte de los titulares de la sociedad explotadora de la cantera».
El juzgado de Instrucción ha incorporado a la causa un informe técnico que incluye fotografías aéreas de la cantera y que permitirá evaluar el daño ambiental producido por la actividad de la explotación.