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Santa Eulària: la instrucción refuerza los «indicios de criminalidad» en Ses Torres |
El juzgado que instruye el caso de la urbanización ilegal rechaza de nuevo la reanudación de las obras y recalca que la declaración del promotor reforzó motivos «que dieron lugar a la formación de esta causa»
Eivissa | J. Ll. Ferrer
La juez Susana González de la Varga, que dirige el juzgado de primera instancia número dos de Eivissa y que instruye diligencias por un presunto delito sobre la ordenación del territorio en la urbanización de ses Torres -aprobada ilegalmente por el Ayuntamiento de Santa Eulària sobre un suelo rústico-, acaba de asegurar en un auto que la reciente declaración efectuada en este mismo juzgado por el promotor, Germán Vázquez Losada, «refuerza los indicios de criminalidad que dieron lugar a la formación de esta causa».
La magistrada aprovecha un auto aparentemente intrascendente, en el que desestima un recurso de reforma que pedía reanudar las obras, para constatar que la comparecencia como imputado de Vázquez Losada, lejos de disipar los indicios de delito que pesan sobre esta licencia, los refuerza.
La juez no realiza ningún otro comentario sobre el contenido de la declaración efectuada por Germán Vázquez Losada hace aproximadamente un mes tras desvelar la existencia de un «pacto de caballeros» con el alcalde Vicente Guasch, pero la elocuente frase introducida en el auto permite presagiar la continuación de las diligencias, según la opinión expresada por fuentes de la acusación.
De hecho, Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular, ha pedido que vuelvan a declarar como imputados el alcalde Vicente Guasch y sus más inmediatos colaboradores.
Rechazado otro recurso del promotor contra la paralización de las obras
Eivissa | J. Ll. F.
El auto de la juez que instruye las diligencias por el caso de ses Torres desestima el recurso de reforma interpuesto por Lloma Talamanca SL contra una anterior resolución de esta juez confirmando la paralización de las obras. Lloma Talamanca pedía que se levantara la suspensión, pero la magistrada entiende que nada ha cambiado entre su anterior auto de hace dos meses y el momento presente que justifique variar su decisión.
«Ningún argumento se encuentra en el extenso recurso interpuesto por Lloma Talamanca SL que desvirtúe lo ya resuelto con anterioridad, limitándose en su mayor parte a desarrollar los motivos ya alegados en la petición inicial de alzamiento de la medida cautelar», es decir, de levantar la suspensión de las obras.
Por este motivo, el juzgado da por «íntegramente reproducido el auto dictado en su día, a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias».
El juzgado se limita a corregir el error material que se deslizó en ese auto cuando se firmó con fecha de 3 de febrero de 2004, cuando corresponía fecharse en 2005.