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El alcalde de Sant Josep y cinco concejales, imputados en un presunto delito urbanístico |
Por primera vez en la historia pitiusa, un alcalde y toda su comisión de gobierno deberán comparecer ante el juez en calidad de imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio, al haber concedido una licencia ilegal, pese a tener informes jurídicos y técnicos que lo desaconsejaban. José Serra Escandell y sus ediles deberán acudir mañana, jueves, al juzgado que dirige el magistrado Pablo Mendoza para explicar por qué motivo aprobaron la licencia de la casa de Puig d´en Serra, que según una anterior sentencia debe ser derribada al no ser legalizable.
Sant Josep | Joan Lluís Ferrer
El alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, y los cinco concejales que componían la comisión de gobierno del Ayuntamiento en 1992, comparecerán ante el juez de instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, en calidad de imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio. Todos ellos votaron a favor de una licencia que fue declarada ilegal por los tribunales y que, además, tenía informes jurídicos y técnicos desfavorables del propio Ayuntamiento.
José Serra Escandell y los concejales y ex concejales José Marí Prats, Berris; Francisco Bonet Roig, José Ribas Marí, José Torres Cardona, Tomàs, y Vicente Portas Marí, Serral, han sido citados a las diez de la mañana de mañana, jueves, dentro de las diligencias penales abiertas por este juzgado después de que un juez de Palma hubiera declarado ilegal, por la vía administrativa, la licencia concedida para una vivienda en la cima del Puig d´en Serra, cerca de es Cubells, en 1992.
La zona en que se construyó la licencia estaba protegida y no admitía este tipo de construcción, tal y como detallaban las Normas Subsidiarias de Sant Josep. Además, la Secretaría municipal y el aparejador del Ayuntamiento habían emitido sendos informes advirtiendo de la imposibilidad de otorgar la licencia solicitada. A pesar de todo ello, la comisión de gobierno aprobó el permiso en su reunión del 14 de mayo de 1992.
Tras dictarse esta sentencia, y a raíz de un escrito presentado por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) solicitando la apertura de la vía penal, el fiscal de Medio Ambiente de Eivissa, Manuel Campoy, decidió abrir diligencias informativas, como consecuencia de las cuales apreció indicios de delito y presentó una denuncia ante el juez. Entre las diligencias que solicitó figuraba la declaración como imputados de todos los miembros del equipo de gobierno que votaron a favor de la licencia. El magistrado aceptó la petición de la Fiscalía y ahora Serra Escandell y los otros cinco ediles de Sant Josep -alguno de los cuales ya no forma parte de la Corporación- deberán explicar por qué motivo aprobaron una licencia en un terreno inedificable según la propia normativa municipal y con informes técnicos desfavorables.
La fiscalía no descarta que puedan producirse otras comparecencias en el futuro, relacionadas con este caso, que puedan arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon esta votación.
Licencia con informes en contra
Sant Josep | J. Ll. Ferrer
La sentencia que emitió el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Palma recordaba que en el informe de la Secretaría municipal de Sant Josep «se advierte expresamente de que no puede autorizarse la licencia al haber cambiado la normativa urbanística del suelo, concluyendo que procedía denegar la licencia de obras solicitada». El mismo informe jurídico «advierte también de que la parcela está afectada por la Ley de Espacios Naturales (LEN)». «Pues bien, aun y así se concede licencia el 14 de mayo de 1992», constataba la sentencia conocida en noviembre del año pasado.
Además, el permiso de la vivienda no obtuvo tampoco la preceptiva autorización previa de la Comisión Insular de Urbanismo (CIU). «La ausencia de este trámite comporta la nulidad radical o de pleno derecho de esa licencia, y por lo tanto es un vicio insubsanable», agregaba la sentencia.
La licencia vulneraba la LEN porque en esa zona exigía 30.000 metros cuadrados y la parcela sólo tenía 20.000. Además, la LEN también prohibía entonces construir por encima de los 200 metros de altura, y la casa está en la cota 300. Por último, las Normas Subsidiarias de Sant Josep declaran la zona como inedificable.
La juez señalaba en su sentencia que la cantidad de licencias aprobadas sin el beneplácito de la CIU es tan grande en Sant Josep que anularlas todas provocaría «efectos devastadores para el Ayuntamiento, desde el punto de vista social, económico y político».
Dos alcaldes imputados en diez días
José Serra Escandell es el segundo alcalde al que los jueces ordenan comparecer en calidad de imputado en el breve plazo de diez días. A finales del mes pasado trascendía que el alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, deberá declarar también en los juzgados por tolerar el funcionamiento de una cantera ilegal desde hace 26 años, pese a las denuncias recibidas. Guasch declarará el día 18 de este mes. Mientras el alcalde de Santa Eulària había sido imputado en dos ocasiones anteriores por otras cuestiones, el de Sant Josep es la primera vez que visitará las dependencias judiciales en tal calidad. Aunque la citación judicial de Serra Escandell y los cinco concejales se emitió hace algunas semanas, los hechos no trascendieron hasta ayer mismo. | J. Ll. F.