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Marí Tur declara por un presunto delito contra la ordenación del territorio |
(Diario de Ibiza, 10/11/2004)
EIVISSA | E.F.M.
El conseller insular de Patrimonio y vicepresidente del Parlament balear, Joan Marí Tur, Botja, declaró ayer en calidad de testigo, y durante más de una hora, ante el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa por un caso de supuestas irregularidades cometidas en una finca de su propiedad situada en el término municipal de Sant Josep.
El juez responsable de las diligencias, José Espinosa, explicó que en el caso de que el Ministerio Fiscal encuentre indicios de un presunto delito contra la ordenación del territorio, Marí Tur debería comparecer de nuevo, esta vez como imputado. Sin embargo, su condición de aforado -el ayer testigo es diputado autonómico por el PP- obligaría al juez Espinosa a inhibirse en favor de un tribunal competente, en este caso el TSJB.
Además, el magistrado indicó que el hecho de que el caso no hubiera sido denunciado ante la Guardia Civil o en los juzgados había retrasado la labor de la fiscalía, hasta el punto de que las presuntas irregularidades «podrían haber prescrito», agregó. La desaparecida formación política Els Verds había presentado una reclamación administrativa en 1998 en el Ayuntamiento de Sant Josep, que fue quien dio la licencia a Marí Tur para convertir unas païsses en estructuras habitables.
EIVISSA | E.F.M.
El conseller insular de Patrimonio y vicepresidente del Parlament balear, Joan Marí Tur, Botja, declaró ayer en calidad de testigo, y durante más de una hora, ante el titular del juzgado de Instrucción número 2 de Eivissa por un caso de supuestas irregularidades cometidas en una finca de su propiedad situada en el término municipal de Sant Josep.
El juez responsable de las diligencias, José Espinosa, explicó que en el caso de que el Ministerio Fiscal encuentre indicios de un presunto delito contra la ordenación del territorio, Marí Tur debería comparecer de nuevo, esta vez como imputado. Sin embargo, su condición de aforado -el ayer testigo es diputado autonómico por el PP- obligaría al juez Espinosa a inhibirse en favor de un tribunal competente, en este caso el TSJB.
Además, el magistrado indicó que el hecho de que el caso no hubiera sido denunciado ante la Guardia Civil o en los juzgados había retrasado la labor de la fiscalía, hasta el punto de que las presuntas irregularidades «podrían haber prescrito», agregó. La desaparecida formación política Els Verds había presentado una reclamación administrativa en 1998 en el Ayuntamiento de Sant Josep, que fue quien dio la licencia a Marí Tur para convertir unas païsses en estructuras habitables.