Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

El Consell demolió 137 obras ilegales en suelo rústico en 2021

(Última Hora, 1/07/2022)

Europa Press. La Agencia de Defensa del Territorio impuso el pasado año hasta siete millones de euros en sanciones y ejecutó 137 demoliciones de obras ilegales en suelo rústico en Mallorca. La consellera insular de Territorio, Maria Antònia Garcias, y el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, han presentado este viernes la memoria de actividades del ente, al que se han adherido ya 35 municipios de la isla. Según ha detallado el gerente, a lo largo de 2021 se dictaron, además, 121 órdenes de demolición.

Tugores ha explicado en este sentido que entre que se dicta la orden hasta su ejecución pueden pasar desde unos pocos meses hasta varios años, en función de si se producen recursos por parte de los propietarios. Por otra parte, Tugores ha señalado que los ayuntamientos tramitaron unos 150 proyectos de legalización o demolición. Según ha añadido, en los últimos cinco años los Consistorios han tramitado 759 de estos expedientes, lo que les ha permitido ingresas alrededor de dos millones de euros. Tugores ha explicado que la gran mayoría de estos proyectos no se habrían presentado si la ADT no hubiera actuado. La actividad de la agencia, ha señalado el gerente del ADT provoca de este modo que los infractores presenten ante el ayuntamiento el proyecto correspondiente, pagando las tasas e impuestos que correspondan.

En esta línea, en 2020 se recaudaron 444.000 euros; en 2019, 703.000 euros; en 2018, 471.000 euros; y en 2017, 401.000 euros. También en 2021, la ADT tramitó 80 suspensiones de obras en ejecución (en 2020 fueron 96), extremo que facilita la restitución y provoca un beneficio para el infractor ya que la sanción es menor. Tugores ha incidido en la importancia de estas órdenes de suspensión desde el punto de vista preventivo, puesto que impiden la continuación de obras ilegales. En cuanto a las sanciones, aunque el tipo medio se sitúa entre los 30.000 y los 60.000 euros, algunas pueden alcanzar o incluso superar los 200.000 euros. En este sentido, a lo largo de 2021 se recaudaron alrededor de 1,2 millones de euros, correspondientes a sanciones impuestas en años anteriores. El director gerente ha destacado el incremento de actividad de la ADT después de se hayan presentado 352 denuncias por parte de particulares (un 70 por ciento más que en 2020), 383 denuncias por parte de otras administraciones (un 50 por ciento más que en 2020) y 187 comunicaciones anónimas en el portal web.

En todo caso, Tugores ha insistido en que el incremento de los trámites no significa directamente un aumento de las obras ilegales sino que se producen, entre otros motivos, por la adhesión de más municipios a la agencia, lo que supone una mayor centralización de los expedientes que antes estarían dispersos. Además, ha subrayado, las obras sobre las que se actúa son más pequeñas que antes. En cuanto a la tipología de las nuevas infracciones detectadas, en 2021 se han detectado 40 nuevas viviendas. Las otras tipologías más habituales han sido las edificaciones de nueva planta no destinadas a vivienda y las reformas o ampliaciones de edificaciones existentes. Por otra parte, durante 2021 se han resuelto 123 recursos administrativos, superando el mejor dato anual anterior, los 84 recursos que se resolvieron en el 2017. "La resolución de recursos es importante para conseguir la efectiva recaudación de las sanciones, puesto que el proceso de recaudación no se puede iniciar hasta que se ha resuelto el recurso", ha dicho Tugores. En los últimos años, han explicado, también ha crecido la plantilla de la ADT, que ha pasado de 18 trabajadores en 2015 a 44 a día de hoy, en línea con el incremento de municipios adheridos (seis en 2015, 35 en 2022). Además, han explicado, la agencia ejerce control sobre otros cuatro municipios que, aunque no están adheridos, ocupan en su totalidad suelo rústico [Nota de Disúrbia: sòl rústic protegit]. Para las inspecciones y el control, la ADT cuenta desde hace unos meses con cuatro drones que se emplean únicamente por parte de los inspectores cuando no pueden hacer una correcta inspección visual. La consellera insular que la memoria fue aprobada por unanimidad en el consejo de dirección y que será ratificada en el próximo pleno ordinario de la institución insular. Garcías ha resaltado que el documento refleja el buen trabajo de la agencia, su incremento de actividad y la colaboración entre administraciones.

Por otra parte, la consellera insular se ha referido al aparcamiento de Cala Llombards (Santanyí) que fue clausurado por la ADT a finales del año pasado. Según ha explicado, después de que el Consistorio haya aprobado la modificación del planeamiento urbanístico, en el momento en que finalmente se autorice, la ADT levantará la suspensión, lo que podría producirse en las próximas semanas.

El Consell denuncia por la vía penal seis obras ilegales en suelo protegido de Ibiza

(Diario de Ibiza, 27/07/2022)

Eugenio Rodríguez Martos. La sección de disciplina urbanística del Consell de Ibiza ha abierto en los últimos dos años la vía penal, ya sea con una denuncia en la Fiscalía o en los juzgados, para seis expedientes de obras ilegales en suelo rústico protegido al apreciar un posible delito contra la ordenación del territorio o el medio ambiente.

Una de las denuncias afecta a una villa ubicada en la Venda de Xarracó, en Sant Joan, en un Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (SRP-AANP), Área de Protección de Costas (APT) y que forma parte de la Red Natura 2000. Las obras ilegales detectadas por la institución consisten en la ampliación de edificaciones, la eliminación de cubierta vegetal, la construcción de depósitos de agua e infraestructuras de abastecimiento soterradas, muros de cierre de la finca y la apertura de viales, entre otras cosas, sin ningún tipo de autorización. La cuantía de la posible sanción por las infracciones cometidas, cuya tramitación está en suspenso mientras se instruyen las diligencias penales, asciende inicialmente a 2,6 millones de euros.

Otro de los expedientes de mayor peso, por la cuantía de la multa proyectada (dos millones de euros), concierne a las sucesivas obras de ampliación de una villa en la zona de es Cubells, en Sant Josep, también en SRP-AANP, APT y Red Natura 2000.

 El vicepresidente primero y responsable del departamento de Territorio del Consell, Mariano Juan, destacó hace dos meses, en un balance de la actividad en disciplina urbanística, que «se ha consolidado la tendencia clara al alza del número de expedientes». Por ejemplo, el año pasado se abrieron 26, seis más que en 2020 y más del doble que en 2019 (10). En 2018, el año en que se puso en marcha esta sección, se abrieron siete procedimientos.

La Ley de Urbanismo de Balears, que entró en vigor en enero de 2018, estableció por primera vez que la disciplina urbanística en suelo rústico protegido pasaba a manos de los consells insulares.

La persecución de las infracciones en suelo rústico común, al igual que en urbano, depende de los ayuntamientos, aunque en el caso de que la Administración municipal no actúe ante unas obras ilegales en el campo, el Consell, previo requerimiento, puede subrogarse e instruir el correspondiente expediente de disciplina urbanística. Hay que tener en cuenta, además, que con la ley balear de Urbanismo las infracciones cometidas en cualquier tipo de suelo rústico (incluido el común) ahora no prescriben nunca.

La plantilla de la sección

El anterior gobierno del Consell puso en marcha en septiembre de 2018 la nueva sección de disciplina urbanística con un letrado, un administrativo y sólo un celador. Hay que tener en cuenta que el suelo rústico protegido, los parajes protegidos por la Ley de Espacios Naturales (ANEI, ARIP y APT), entre otras normativas, ocupan la mitad aproximadamente del territorio de la isla, según Juan. Pese a la elevada extensión de territorio a vigilar y el aumento de expedientes de infracción, esta sección de disciplina urbanística aún tiene a un único celador. 

En concreto, el Consell cuenta en este momento con un letrado, un Técnico de la Administración General (TAG), un aparejador y un celador en exclusiva para tramitar los expedientes de disciplina en suelo rústico protegido. Además, un arquitecto superior da apoyo a esta sección cuando el expediente que se tramita lo requiere, según Mariano Juan.

El vicepresidente primero asume que un celador es insuficiente, pero explica que los técnicos también hacen labores de inspección. En todo caso, el equipo de gobierno tiene previsto incluir este año en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que está tramitando, «un cuerpo de inspectores», aunque aún no se ha concretado cuántas personas lo formarán.

Colaboración del Seprona

También indica que, aunque sólo haya un celador, «la gran mayoría, prácticamente todos» los expedientes que se tramitan en el Consell son de «oficio». «Hay pocas denuncias», indica el vicepresidente, al tiempo que destaca también la labor del Servicio de Protección de la Naturalesa (Seprona) de la Guardia Civil, que colabora en la detección de infracciones, al igual que los agentes de Medio Ambiente del Parque Natural de ses Salines.

«Colaboramos todos, al igual que nuestro celador también envía medio centenar de denuncias a los ayuntamientos cuando se detectan infracciones en suelo rústico común», recalca.

Santa Eugènia: clausuran un camping clandestino de caravanas en Mallorca

(Última Hora, 6/05/2022)

Pedro Aguiló Mora. La Agencia de Defensa del Territori del Consell de Mallorca, en colaboración con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y el cuerpo insular de inspección turística, han detectado esta semana un camping para 140 caravanas y autocaravanas en Santa Eugènia. A la zona de acampada, con recepción, bar y piscina incluidas, no le faltaba de casi nada. Sin embargo no contaba con lo más importante: un permiso legal para asentarse en suelo rústico. Así las cosas, la Agencia de Defensa del Territori ha procedido a su clausura y ordenado su desmantelamiento.

Según la mencionada agencia, el camping, de propiedad privada y uso comercial, contaba con una zona de recepción, bar y piscina para los usuarios del mismo, además de 140 parcelas debidamente delimitadas para estacionar los vehículos: autocaravanas y caravanas enganchadas a un automóvil. Hasta la zona situada a escasos metros de la carretera que conecta Santa Eugènia con Sineu (Ma–3040), y también muy cercana al cruce con la Ma–3100 que conecta con la autopista de Manacor a altura de Algaida (la conexión viaria, inmejorable), se personaron el miércoles el Seprona y el cuerpo de inspección turística del Consell de Mallorca que, junto a la Agencia de Defensa del Territori. Esta último ordenó la clausura de la zona de acampada por «uso ilegal del suelo rústico», y ayer el camping totalmente desmantelado.

Desde la agencia dependiente del departamento insular de Territori, advierte de que los responsables de la infraestructura turística ilegal serán sancionados, tal y como determina la ley en estos casos. La agencia se muestra inflexible a la hora de perseguir ilegalidades en rústico.

Sóller: condena de un año de cárcel a un millonario ruso por un delito contra el territorio

(Última Hora, 30/04/2022)

La sentencia le obliga a demoler una serie de obras ilegales en una finca de la Serra que se llevaron a cabo sin licencias y en zona ANEI

Víctor Malagón. Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un año de cárcel a un millonario ruso por varias construcciones ilegales en una finca protegida en Sóller. La sentencia obliga a la demolición de las obras que no estaban permitidas en la zona, un terreno rústico y protegido como ANEI. Las obras fueron denunciadas por la Guardia Civil que las detectó en el año 2013. Según declara probado la sentencia, en la edificación principal se había cambiado un porche techado destinado a garaje por una estancia cerrada de cuarenta metros cuadrados y se había edificado otro de quince metros. Además se había ampliado en otros 45 metros cuadrados la segunda planta. En otros edificios se había sustituido un almacén viejo por una obra nueva sin licencia y se había edificado un porche con cocina de ochenta metros cuadrados. El objetivo era destinar la finca a un agroturismo y para ello también se habían modificado los caminos internos de la propiedad sin licencia urbanística. La magistrada sostiene que todas esas obras «no debieron ser realizadas y no son susceptibles de legalización».

Durante el juicio, el acusado argumentó que, en todo momento fue aconsejado por un encargado de la finca y que éste le había asegurado que todo estaba bien y que contaban con las licencias municipales en regla. Insistió en que no vivía en la propiedad y que la visitaba de forma esporádica. Se escudó en que desconocía tanto el idioma como la normativa urbanística española y que, por tanto, delegó cualquier responsabilidad.

La magistrada no se cree esta versión. «Llama la atención que no se haya podido determinar quién era el constructor», señala y considera que «es evidente que el acusado no dice la verdad e intenta excusarse con el hecho de que no conoce el idioma español». También añade que no existe un posible error que le sirva de excusa: «El acusado dispone de medios para asegurarse de cómo tenía que hacer las cosas y no lo hizo, realizando obras sin la oportuna licencia y sin un arquitecto que se hiciera cargo de las mismas, lo que implica que sabía que no podía hacerlo y asumió realizarlos sin tener la oportuna licencia». Sí reconoce la sentencia un atenuante por dilaciones indebidas por el retraso en la causa. A partir de ahora, el condenado puede recurrir la sentencia ante la Audiencia.

La demolición será supervisada por el Ajuntament de Sóller
La sentencia encarga al departamento de urbanismo del Ayuntamiento de Sóller que supervise la demolición de las obras ilegales y que, de no llevarse a cabo por parte del propietario, las ejecute a su costa. El dueño, no obstante, ya manifestó en el juicio su intención de devolver la finca a su estado original y ha pedido permiso para ello. Sin embargo, este procedimiento administrativo estaba paralizado mientras se resolvía la causa penal en la que, en ningún caso se discutía la irregularidad de las obras ejecutadas en la finca.

2022-04-30 | Etiquetes: , , , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Multa de 10.000 ¤ por instalar 300 metros cuadrados de pérgolas en es Cavallet

(Diario de Ibiza, 23/04/2022)

La institución tiene en marcha la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos por valor de cuatro millones de euros

Redacción. La promotora de unas obras en un restaurante de la playa de es Cavallet, en Sant Josep, dentro del Parque Natural de ses Salines, tendrá que pagar 10.057 euros de multa por colocar, de manera ilegal, pérgolas. La actuación ilegal consiste en la instalación de pérgolas en una superficie de 300 metros cuadrados.

El Consell de Ibiza informó ayer de que ha aprobado la sanción y ha ordenado a la empresa promotora de las obras el restablecimiento de los terrenos al estado anterior en un plazo de tres meses, según comunicaron ayer desde el gobierno insular.

De no hacerlo, la empresa se podría enfrentar hasta a «doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un mes y con una cuantía en cada ocasión de 600 euros», remarcaron desde la institución.

Además, recordaron, en caso de negativa por parte de la empresa, el propio Consell podría llevar a cabo la orden de restablecimiento de la situación de la zona previa a las obras.

El vicepresidente primero y conseller de Gestión del Territorio, Mariano Juan, recordó en un comunicado que además de esta multa, la institución insular ya tiene en marcha la tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos que ascienden a los cuatro millones de euros. «Desde el inicio de la legislatura, el equipo de gobierno del Consell se comprometió a luchar contra el intrusismo y perseguir a los infractores urbanísticos. Esta sanción es una prueba más del trabajo que está llevando a cabo el departamento de Gestión del Territorio, Infraestructuras Viarias, Ordenación Turística y Lucha contra el Intrusismo y que demuestra que la impunidad se ha acabado», dijo Juan.

En relación al trabajo llevado a cabo por el Consell en este tipo de acciones, el gobierno insular quiso recordar el derribo que se llevó a cabo en septiembre de 2021 de una casa que se estaba construyendo de manera ilegal en una finca protegida, afectada por ANEI, APT de Costa y Xarxa Natura 2000, en la zona de Cala d’Hort, en Sant Josep.

En esa ocasión habían hecho un cierre perimetral con un «muro de hormigón de veinte centímetros de ancho, un metro de altura y una longitud de 44,30 metros», así como la construcción de una vivienda sobre una plataforma también de hormigón, que ocupaba 145 metros cuadrados totales. En el momento del derribo, según los técnicos, la construcción estaba al 30%. Los hechos se denunciaron meses antes, en marzo de 2021, y se paralizó la obra por no tener licencia. Finalmente, tres meses después el expediente se resolvió y la propiedad tuvo que restablecer el estado inicial de la finca y enfrentarse a una propuesta de sanción de 131.590 euros.

El PSOE tira de sarcasmo

Poco después de que el Consell enviara la nota de prensa sobre esta actuación urbanística el PSOE envió otra en la que manifestó su «satisfacción por la rectificación del PP, que ahora reconoce la importancia de la Oficina de Disciplina Urbanística del Consell, creada en 2018 por el anterior equipo de goberno progresista con el voto en contra del PP». Los socialistas matizan que los expedientes por valor de cuatro millones «son fruto de la puesta en marcha» de esta oficina «en la legislatura anterior gracias a la aprobación de la Ley de Urbanismo, que atribuyó a los consells la competencia en disciplina urbanística en suelo rústico protegido».

Récord en 2021 de demoliciones de construcciones ilegales en rústico

(Diario de Mallorca, 17/04/2022)

El año pasado se ejecutaron 137 derribos, superando la marca de 124 establecida en 2019

EP.La actividad de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) ha provocado la ejecución de 137 demoliciones de construcciones ilegales en suelo rústico de Mallorca durante el año pasado, cifra que según el Consell de Mallorca supone el mayor número anual de demoliciones ejecutadas hasta ahora. La anterior cifra más elevada fue en 2019, cuando fueron 124.

En los últimos cinco años se han realizado 541 demoliciones en toda la isla de Mallorca. El 93% de estas demoliciones se han podido acoger a las reducciones de la sanción establecida por la ley, porque han sido ejecutadas por los propietarios dentro del plazo voluntario para ello.

La mayoría de municipios donde se han ejecutado más demoliciones siguen siendo los que delegaron sus competencias en la ADT en el momento de su creación, en 2009, es decir los ayuntamientos de Algaida, Marratxí y Montuïri, ya que han sumado más expedientes tramitados en estos 12 años.

Hay que destacar que la actividad que lleva a cabo la Agencia ha provocado también la presentación de 150 proyectos de obra de legalización o de restablecimiento del estado anterior durante 2021, que suman un total de 759 proyectos en los últimos cinco años (2017/ 2021). Lo que ha generado para los ayuntamientos de Mallorca unos ingresos aproximados de 2,5 millones de euros en concepto de tasas e impuesto de construcciones.

Para el Consell de Mallorca, «se trata de proyectos que no se habrían presentado sin la intervención de la Agencia» porque, ha apuntado, «los propietarios pretendían llevar a cabo las obras de forma ilegal sin informar a las administraciones». Una ejecución que, además, emplea al sector de la construcción y genera nuevos ingresos para los ayuntamientos de Mallorca, resaltó la institución insular.

Inca ejecuta la paralización forzosa de la antena 5G instalada en suelo rústico

(Última Hora, 12/04/2022)

La empresa no respetó el plazo que el Ajuntament dio para detener la actividad y ayer fue precintada

Juanjo Roig. La antena de tecnología 5G que desde octubre de 2020 estaba activa en unos terrenos rústicos cercanos al camino de Can Boqueta ha dejado de funcionar después de que el Ajuntament d’Inca haya ordenado la ejecución forzosa de la paralización de la actividad. Como ya publicó Ultima Hora el pasado 18 de marzo, el Consistorio inquer dio un plazo de 48 horas a la empresa instaladora para detener la actividad de la antena 5G por incumplir la normativa urbanística local y por provocar molestias a los vecinos de la zona. Transcurrido el plazo sin que se produjera ninguna reacción por parte de la promotora el alcalde Virgilio Moreno (PSOE) firmó un decreto por el que ordenaba la suspensión cautelar del funcionamiento de la antena. Este lunes por la mañana se produjo la inspección municipal, asistida por la Policía Local, para comprobar que la actividad se había detenido. De hecho, el pasado viernes la empresa instaladora retiró el generador eléctrico que suministraba energía a la antena, por lo que dejó de funcionar en ese momento.

En el decreto de Alcaldía se recuerda que la justificación para ordenar la suspensión de la actividad de la antena de telecomunicaciones se debe a que la instalación no cuenta «con el correspondiente título habilitante pertinente y de autorizaciones sectoriales pertinentes». Además, el Consistorio acordó «la no admisión de la declaración responsable presentada por la empresa, en calidad de titular y promotora de la actividad».

 

2022-04-13 | Etiquetes: , , , | Categories: Mallorca | Enllaç

Santa Eulària detecta infracciones urbanísticas en el 75% de las casas inspeccionadas el pasado verano

(Diario de Ibiza, 9/04/2022)

Redacción.  El Ayuntamiento de Santa Eulària llevó a cabo, durante el pasado verano, diversas inspecciones urbanísticas en viviendas cuyos ocupantes habían sido denunciados por sus vecinos por exceso de ruido.

Según detalló el Consistorio en una nota de prensa, del total de las viviendas denunciadas, el 75% vulneraba la legalidad urbanística. El importe de las sanciones de los diferentes expedientes abiertos, explicaron, puede oscilar, dependiendo del caso, entre los 15.923 euros y los 364.041 euros.

Asimismo, fuentes municipales informaron de que, en la mitad de los casos, el expediente se inició por hacer uso del edificio sin disponer del título urbanístico preceptivo, tales como el certificado de final de obra o la licencia de primera ocupación.

El 50% restante fue por realizar obras de ampliación y/o reforma sin el permiso correspondiente.

Solicitud de acceso

En estos casos no fue necesaria la solicitud de entrada en el domicilio ante los juzgados de lo contencioso administrativo, como sí lo fue en otras ocasiones, detallaron desde el Ayuntamiento de Santa Eulària.

En este sentido, aprovecharon para recordar que «la obstrucción a la labor inspectora constituye en sí misma una infracción», lo que puede aumentar la sanción que posteriormente se imponga.

Desde la administración municipal destacaron que estas actuaciones se enmarcan dentro de la campaña estival de control de obras y actividades destinada a dotar al municipio de mecanismos y protocolos de vigilancia e inspección más eficientes.





		

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