Disúrbia
Bitàcora sobre la disciplina urbanística a les Illes Balears

Andratx: un juzgado de Tarragona saca a subasta las parcelas de los pisos ilegales de Monport

(Última Hora, 13/01/2022)

El precio de salida es de 30.000 euros y avisa que los terrenos, de 11.618 metros cuadrados, son no urbanizables

Pedro Aguiló Mora.El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Tarragona ha sacado a subasta los terrenos sobre los que se empezaron a edificar los ocho bloques de apartamentos ilegales en la urbanización de Monport (Port d’Andratx) cuya construcción, ejecutada en aproximadamente un 80 por ciento en base a una licencia urbanística otorgada de manera delictiva, fue paralizada en julio de 2007 y sobre la que, desde 2013, pesa una sentencia firme que condena al Ajuntament d’Andratx a demoler las edificaciones. La descripción del lote a subastar con un precio inicial de 30.000 euros, correspondiente al conjunto de parcelas de 11.618 metros cuadrados donde se asientan los bloques ilegales, deja meridianamente claro que se trata de «suelo no urbanizable».

En estas observaciones se informa a los potenciales pujadores que, si bien en el registro de la propiedad aún consta que la finca es un solar urbano sobre el que se han construido unas edificaciones divididas en propiedad horizontal, como consecuencia de la sentencia del Juzgado de lo Contencisoso–Administrativo número 1 de Palma, de fecha 18 de junio de 2013, «el terreno se considera rústico de especial protección, y no urbano, por lo que se declararon nulas todas la licencias de construcción sobre dicha finca». En consecuencia con lo anterior, los terrenos objeto de subasta lo constituyen «una finca rústica, o no urbanizable, que no tiene la condición de solar urbano». La descripción del lote también advierte a los ‘subasteros’ de que la mencionada sentencia de 2013 obliga al Ajuntament d’Andratx a derribar sin más demora las edificaciones y que sobre los terrenos consta una hipoteca a favor de la sociedad de gestión de activos SAREB.

Licencias

El 24 de septiembre de 2004, el Ajuntament d’Andratx, gobernado a la sazón por el alcalde Eugenio Hidalgo –luego condenado a cárcel por corrupción–, aprobó un proyecto básico de ocho edificios aislados de viviendas y piscinas en la calle Ramat, así como las licencias de ampliación y modificaciones posteriores relativas al alumbrado público e instalaciones eléctricas. En la mencionada licencia municipal, declarada posteriormente ilegal, figuraba inicialmente como promotor Joseph Ralph Hamilton. Aunque, debido a una transmisión del 2 de septiembre de 2005, pasó a figurar la empresa Prosmi SL, cuya sede social se encuentra radicada en la ciudad catalana de Tarragona, donde ahora el Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta localidad tiene previsto subastar los terrenos objeto de las infracciones urbanísticas expuestas.

Pollença: la abogada que logró anular la licencia de Villa Cortina recurre ahora la del Formentor

(Última Hora, 12/01/2022)

La letrada considera que el Ajuntament de Pollença ha cometido fraude de ley al autorizar la reforma del hotel

Elena Ballestero. Antonia Gomila, la abogada que consiguió que el Tribunal Supremo anulara en 2015 la licencia de construcción de Villa Cortina por su impacto visual, pelea ahora para anular la licencia de reforma integral que ha otorgado el Ajuntament de Pollença al hotel Formentor. En esta ocasión, representa a un propietario de un solar de la urbanización que lleva años luchando sin éxito para que le dejen construir un chalet en la urbanización. La letrada reprocha al Ajuntament de Pollença que siete años después de que el Supremo anulara la ordenación urbanística entonces vigente en el ámbito de Formentor, el Ajuntament «no ha llevado a cabo ninguna actuación de planeamiento en orden a procurar la urbanización de la zona de Formentor y las cesiones obligatorias».

Dice que el Consistorio «ha negado la posibilidad de otorgar licencias de obra nueva y de ampliación en el ámbito de Formentor a la espera de que se acometa la reordenación de la zona, la dotación de servicios y las cesiones obligatorias del suelo» a otros propietarios. En el recurso que Gomila registró el 29 de diciembre y que ha ampliado con posterioridad la abogada (que en su momento consiguió anular la licencia que el Ajuntament había otorgado a Alfonso Cortina para construir su chalet), acusa al Consistorio de incurrir en un fraude de ley con la concesión de la licencia de reforma integral del hotel. Entiende que otorgar la licencia condicionada por la previa cesión de las zonas verdes, aparcamientos y viales de la urbanización puede perjudicar a los pocos propietarios que disponen de solares sin edificar perpetuando el bloqueo urbanístico que vive Formentor desde hace décadas.

Gomila sostiene además que la parcela del hotel «no reúne la condición de solar y que no se pueden por ende otorgar licencias de la envergadura de la impugnada». También recuerda que «la edificación está fuera de ordenación, lo que determina que no puedan ser autorizadas obras que supongan un incremento del valor del edificio». Por último, la letrada sostiene que la licencia de reforma integral (la nueva propiedad ha demolido todo salvo los muros exteriores) «necesitaba la autorización de Patrimonio por el carácter emblemático de la edificación». Cabe recordar que, tal y como publicó Ultima Hora, el departamento insular de Patrimoni requirió el pasado mes de septiembre al Ajuntament que incluyera el hotel en su catálogo de bienes patrimoniales, pero para entonces la demolición ya estaba en una fase muy avanzada.

El juez rechaza que Sant Antoni pague 14 millones a Cretu por la demolición de su mansión en Ibiza

(Diario de Ibiza, 2/01/2022)

El juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma rechaza el pago de una indemnización de 14 millones más intereses al músico Michel Cretu por la demolición, en 2009, de su mansión en Santa Agnès a raíz de una denuncia del Grup d’Estudis de la Naturalesa (GEN). La sentencia confirma el acuerdo de la junta de gobierno de Sant Antoni de diciembre de 2017, que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial de las entidades Baloo Music SA y Eden Roc SA, al entender que hubo «dolo y negligencia grave» del propietario y promotor en la tramitación de la licencia que le concedió el Ayuntamiento en 1997. La sentencia ha sido recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).

El Consell Consultiu ya había apreciado negligencia grave, pero no dolo, aunque el juez apunta que «resulta irrelevante» porque basta que se dé una de las dos para eximir a la Administración al pago de una indemnización por el daño causado al propietario como consecuencia del derribo de la mansión construida al amparo de una licencia urbanística, con el visto bueno del Consell y con el final de obra del Consistorio.

El juez de primera instancia basa su decisión en el informe del perito judicial, que concluye que hubo «falseamiento u ocultación» de datos en el proyecto básico. En concreto, el informe apunta que había elementos «ilógicos» o que «no respondían a ninguna necesidad o requerimiento para la correcta funcionalidad o la estética de la vivienda».

Se refiere, por ejemplo, a la existencia de sendos espacios con paredes circulares y semicirculares situados en la zona de distribución y que, pese a que inicialmente le parecían «extraños», constató que estaban pensados para construir una escalera en su interior con «la finalidad de unir la planta baja legal con un sótano ilegal tras obtener el final de obra».

Un patio «sin sentido»

También señala que se construyó un patio sin acceso de más de cuatro metros de profundidad, con una superficie en planta de 52 metros cuadrados, y considera que «no tenía ningún sentido realizar una excavación de tales dimensiones si no era para darle un uso concreto». Luego advirtió de que se construyó para «iluminar y ventilar la planta sótano», lo cual «se ocultó» en el proyecto básico.

Por ello, el juez considera acreditado que hubo dolo por parte del propietario y promotor de la mansión, ya que, según el perito judicial, «configuró el proyecto con el que obtuvo la licencia con la clara intención de ampliar posteriormente, ya sin licencia y de forma considerable, la superficie edificada». De hecho, la sentencia recuerda que el TSJB confirmó en su momento que el promotor incrementó la construcción autorizada sin licencia. «La licencia queda así absolutamente desvirtuada si se atiende a cuál era el propósito real del promotor», apunta la sentencia de primera instancia.

En su defensa, el promotor alegó que no hubo un proyecto nuevo, sino que se procedió, sin licencia, al «aprovechamiento de los espacios ya existentes bajo la planta baja». El Ayuntamiento, en cambio, argumentó que el hecho que la planimetría no mostrara lo que se ejecutó bajo el forjado es «la prueba de la voluntad de ocultación y dolo», y que, por ello, no pudo controlarlo en la tramitación del final de obra.

El fallo judicial también considera que hubo negligencia por parte de la propiedad porque «no se analizó el impacto de la construcción ni las posibles alternativas, y se decantó por ubicar la vivienda en el punto más elevado de la finca», lo cual fue lo que provocó que la construcción fuera ilegal e ilegalizable.

El perito sostiene que había «múltiples opciones dentro de la misma finca» para evitar situarla en el punto más alto. Además, el perito señala que «el proyectista presuponía que la vegetación disimularía la vivienda; es decir, que la haría menos visible, pero no lo demostró con imágenes ni con planos justificativos ni definiendo qué tipo de vegetación iba a usar».

El 68,3% de la vivienda se edificó sin autorización

La mansión de Cretu se construyó al amparo de una licencia para una vivienda de 867 metros cuadrados, pero se amplió, sin autorización: un 68,3% del total era ilegal. La licencia fue anulada por los tribunales a raíz de una denuncia del GEN porque incumplía la Ley de Espacios Naturales (se construyó en una cima). El Govern presidido por Jaume Matas, del PP, intentó salvar la casa incorporando en la ley de los presupuestos de 2004 una ‘amnistía’ a medida, pero los tribunales consideraron que no era suficiente para evitar el derribo.
 

Es Migjorn asume los expedientes en rústico iniciados el último año y medio

(Menorca, 17/12/2021)

La salida del Consorcio se formalizará este mes, sin ninguna compensación económica

Pep Mir. El Ayuntamiento de Es Migjorn Gran asumirá los expedientes del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca iniciados en este municipio después de la fecha en que solicitó abandonar el organismo, en julio del año pasado. Este traspaso se hará efectivo una vez se cierre definitivamente el proceso de salida. Queda pendiente solo la firma del convenio entre las dos partes, que debe formalizarse antes de que acabe el año. En el último pleno municipal se aprobó la autorización a la alcaldesa Antonia Camps para hacerlo.

El concejal de Urbanismo, Ramón Verdú, explica que una docena de expedientes ya abiertos por el Consorcio pasarán así a ser tramitados por el Ayuntamiento de Es Migjorn en virtud de este acuerdo. El resto, aquellos iniciados antes del verano de 2020 y aquellos inmersos en procesos judiciales, quedan en manos del Consorcio. Estos son alrededor de quince, asegura. Se trata de los expedientes que están ya más avanzados. Una de las razones es que, de haberlos asumido ahora, en el caso de derivarse derechos indemnizatorios por una sentencia judicial adversa, podría haberse dado el caso de que el Ayuntamiento tuviera que asumir responsabilidades derivadas de acciones que no le eran propias, sino del Consorcio.

En el aspecto económico, Verdú comenta que el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran no abonará ni recibirá un solo euro del Consorcio a la hora de formalizar su salida de este organismo coparticipado por el Consell y los ayuntamientos. El cálculo de costes de una y otra parte era extremedamente complejo al tener que valorarse diferentes cuestiones, por lo que se optó, afirma el concejal, por establecer un saldo cero.

El efecto del nuevo PTI

Las competencias de urbanismo en suelo rústico serán, en breve, recuperadas por el Ayuntamiento de Es Migjorn Gran con los mismos recursos humanos que tiene ahora. Verdú recuerda que la administración municipal solo es competente en el suelo rústico común y que este quedará reducido de forma muy signicativa (pasará a ser un 20 por ciento del actual, más o menos) con la entrada en vigor del nuevo Plan Territorial Insular.

Fue en julio del año pasado cuando se conoció la voluntad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Es Migjorn Gran, del PP, de abandonar el consorcio que vigila el cumplimiento de la disciplina urbanística en suelo rústico. En varias ocasiones ha denunciado la dilación injustificada del proceso para ejecutarlo. El PP defiende que con esta medida pretende recuperar el control en la materia, una postura que recibió la crítica por parte de la oposición.

Sant Josep: el derribo de Casa Lola de Ibiza, pendiente del juez

(Diario de Ibiza, 13/12/2021)

Redacción. El Ayuntamiento de Sant Josep pedirá una autorización judicial para acceder al interior del complejo turístico ilegal Casa Lola, en Davall sa Serra, al objeto de comprobar si la propiedad ha derribado por su cuenta las edificaciones con orden de demolición ratificada por sentencia firme de los tribunales y, en caso de que no se haya hecho, ejecutarla de forma subsidiaria con cargo a la propiedad. A primera hora de esta mañana, un técnico municipal, junto con un agente de la Policía Local de Sant Josep, se ha personado en la entrada de Casa Lola, pero nadie ha abierto la puerta del complejo, propiedad de la empresaria Francisca Sánchez Ordóñez. Esta circunstancia obliga al Consistorio a solicitar una autorización judicial para acceder a esta propiedad privada, primero para comprobar su estado y, posteriormente, iniciar la demolición.

Antecedentes

El pasado 26 de noviembre, el alcalde josepí, Ángel Luis Guerrero, firmó un decreto por el cual el Ayuntamiento asumía "la ejecución forzosa de la orden de restablecimiento de la legalidad dictada el pasado agosto". Sant Josep ejecutará la demolición de manera subsidiaria, por lo que reclamará después a la promotora su coste, que se ha estimado en 275.000 euros.

La lista de las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, es interminable: piscina y terraza aneja en el edificio principal; el porche; edificación aneja de unos 50 metros cuadrados; los cimientos de una edificación de 30 metros cuadrados de superficie aproximada; edificación de unos 50 metros cuadrados construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso; dos edificaciones que forman una ‘L’ a de 200 metros cuadrados (50 metros una y 150 metros cuadrados la otra), y un depósito de agua con una superficie aproximada de 52 metros cuadrados.

También hay ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados; terrazas cubiertas con una superficie total al cien por cien de 342 metros cuadrados; terrazas abiertas con una superficie total de 414 metros cuadrados; otras dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados, y una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados de superficie.

1,4 millones de sanción

Pero la lista sigue con una construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloques prefabricados de hormigón y piedra natural. Todo suma una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación total aproximada de 1.892 metros cuadrados.

"Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, dado que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave", detallaba el pasado mes el Ayuntamiento.

El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros, a los que se tendrá que añadir también la factura de la demolición. 

2021-12-13 | Etiquetes: , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Alaró aprueba un código de buenas prácticas urbanísticas para evitar otro «caso Fantasio»

(Última Hora, 5/12/2021)

Forma parte del acuerdo extrajudicial que evita tener que demoler 14 pisos que invaden la vía pública

Elena Ballestero. El Ajuntament d’Alaró estará obligado a ofrecer información actualizada sobre la situación jurídica de los inmuebles afectados por recursos o impugnaciones de licencias y promoverá de oficio la inscripción en el Registro e la Propiedad de los actos administrativos y sentencias firmes que anulen licencias urbanísticas. Cualquier posible comprador estará así al tanto de la situación legal el inmueble que quiere adquirir en Alaró antes de hacer la correspondiente transacción económica. Ambos compromisos forman parte del nuevo Código de buenas prácticas urbanísticas que ha aprobado el Consistorio en cumplimiento del acuerdo extrajudicial que permite salvar de la demolición una parte de los conocidos como «pisos del Fantasio» que se edificaron en el año 2003 sobre los terrenos del antiguo cine Fantasio invadiendo parcialmente la vía pública.

Indemnizaciones

El Tribunal Supremo había ordenado al Consistorio ejecutar la demolición parcial del bloque de pisos situado en la esquina de las calles Pere Rosselló i Oliver. Previamente el Ajuntament debía depositar un aval de 3.531.026 euros para hacer frente a posibles indemnizaciones a propietarios. Desde que el Supremo dictó sentencia el Ajuntament sabía que solo evitaría la demolición llegando a un acuerdo extrajudicial con el demandante (un constructor sin ningún vínculo con los pisos) pero todos los intentos eran infructuosos. La entrada en concurso de acreedores de este constructor abrió una nueva vía negociadora a través de un administrador concursal. Este aceptó finalmente el pasado mes de octubre una indemnización de 100.000 euros y el compromiso de que el Ajuntament aprobara en el plazo máximo de dos meses el Código de buenas prácticas urbanísticas y modificara la normativa urbanística para legalizar los pisos.

El alcalde Llorenç Perelló valora positivamente el acuerdo extrajudicial alcanzado que «permitirá que en medio año los propietarios puedan estar tranquilos, ya que como terceros de buena fe ninguna culpa tenían de este embrollo judicial». «Es de justicia para ellos», añade. El Ajuntament d’Alaró ya ha adjudicado a una empresa la modificación puntual de la normativa urbanística con el objetivo de legalizar los pisos. «La previsión es que podamos hacer una aprobación inicial en enero de 2022», dice el alcalde. Informa también de que el Ajuntament abonó el 15 de noviembre los 100.000 euros de indemnización. El código de buenas prácticas urbanísticas salió a exposición pública este sábado en el Boib.

Sant Josep anuncia que demolerá las obras ilegales de Casa Lola el 13 de diciembre

(Diario de Ibiza, 26/11/2021)

El Consistorio desestima el recurso de la propiedad contra la orden de demolición del establecimiento

Redacción. El Ayuntamiento de Sant Josep procederá a la demolición del establecimiento ilegal conocido como Casa Lola el próximo 13 de diciembre, según consta en el nuevo decreto firmado hoy por el alcalde, Ángel Luis Guerrero. Así lo ha confirmado el propio Consistorio en una nota, tras desestimar el recurso de reposición presentado contra la orden de demolición del establecimiento.

A través de este decreto se informa a la propiedad de que el Consistorio "asume la ejecución forzosa de la orden de restablecimiento de la legalidad dictada el pasado agosto". Los técnicos del Ayuntamiento que se personarán en el inmueble para proceder a la demolición, irán acompañados de la Policía Local para que levanten acta de lo que suceda, advierten fuentes municipales.

En el comunicado, Guerrero valora "la exhaustividad del informe jurídico que fundamenta la desestimación de los argumentos de la representación legal de la propiedad" y que "los rebate punto por punto". "Entre otras cosas, se venía a decir al Ayuntamiento que no habían tenido suficiente tiempo para cumplir la orden de ejecución, pero tenemos que recordar que hace diez años que se inició el expediente de infracción urbanística que ya les obligaba a demoler todo lo construido sin licencia y a día de hoy no consta que ni tan solo hayan presentado un proyecto de demolición", han recordado desde el Consistorio. Y añaden que han preparado este proyecto ante la previsión de que la propiedad desobedezca nuevamente la orden de ejecución forzosa.

Desde el Consistorio prevén ejecutar la demolición de manera subsidiaria, por lo que reclamará después a la promotora su coste, que se ha estimado en 275.000 euros. Si el próximo día 13 la propiedad niega la entrada al complejo turístico ilegal para poder proceder a la demolición o si se impide poder comprobar que ya la ha ejecutado por su cuenta, «se tendrá que pedir autorización judicial para poder acceder pero confiamos en que los juzgados sean rápidos al conceder la entrada, si tenemos en cuenta que se trata de dar cumplimiento a una sentencia ratificada al tribunal Supremo», ha explicado Guerrero.

Una lista interminable de ilegalidades

Con la resolución judicial del caso, han explicado desde el Consistorio, se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos por el Ayuntamiento a raíz de las diferentes denuncias y visitas que se han hecho en los últimos años por parte de los servicios técnicos municipales al complejo turístico ilegal des Cubells. Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza aneja en el edificio principal, el porche, edificación aneja de unos 50 metros cuadrados, los cimientos de una edificación de unos 30 metros cuadrados de superficie aproximada, edificación de unos 50 metros cuadrados construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una 'L' a de una superficie de 200 metros cuadrados (50 metros cuadrados una y 150 metros cuadrados la otra) y un depósito de agua con una superficie aproximada de 52 metros cuadrados.

También ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados, terrazas cubiertas con una superficie total al cien por cien de 342 metros cuadrados, terrazas abiertas con una superficie total de 414 metros cuadrados, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados, respectivamente y una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados de superficie.

Pero la lista sigue: construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural. Todo suma una edificabilidad total aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación total aproximada de 1.892 metros cuadrados.

"Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, dado que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave", han explicado desde el Ayuntamiento. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros, a los que se tendrá que añadir también la factura de la demolición llegado al caso que sea el Ayuntamiento quién lo tenga que asumir.

2021-11-26 | Etiquetes: , , , , | Categories: Eivissa i Formentera | Enllaç

Ferreries: el Consorcio multa a Son Mercer de Baix por unas obras sin licencia en 2013

(Menorca, 12/11/2021)

Le sanciona ocho años después de la falta

Miguel Juan Urbano.El inicio de la construcción de una nave destinada a la maduración de quesos en la finca de Son Mercer de Baix, en Ferreries, ha derivado ocho años después en la resolución de una sanción impuesta por el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico. La multa alcanza los 9.450 euros puesto que se trata de tres sanciones de 3.150 euros cada una al promotor, al director técnico y al constructor que la ejecutó.

La obra se inició sin que la propiedad dispusiera de la pertinente licencia municipal por la compleja tramitación de la solicitud entres las administraciones.Finalmente se comunicó a los promotores que debían solicitar la declaración de una obra de interés general, al hallarse en un terreno calificado como suelo rústico protegido.

El Consorcio constató, entonces, en el verano de 2013, que las obras para levantar una nave de 276 metros cuadrados se habían iniciado sin licencia por lo que incoó un expediente sancionador. Apenas unos meses más tarde Son Mercer de Baix legalizó la construcción tras obtener la declaración que había solicitado y a continuación la licencia municipal.

El procedimiento sancionador que podía haber acabado en la demolición y restitución del terreno, se archivó entonces al quedar la nave plenamente legalizada, pero se mantuvo vigente el expediente también sancionador correspondiente al inicio de las obras cuando no disponía del permiso municipal.

Ocho años después, ayer el Consorcio resolvió la sanción de las tres multas que suman 9.450 euros, con el voto contrario del Ayuntamiento de Ferreries debido al tiempo transcurrido, considerando que la ilegalidad se resolvió en solo cuestión de meses, ha precisado la regidora de Urbanismo de Ferreries, Maite Pons [Nota de Disúrbia: que, com que la infracció no havia prescrit, dient això queda en molt mal lloc...].

La falta de personal, tanto administrativo como de inspectores, en el Consorcio para la Protección de la Legalidad en Suelo Rústico motiva el retraso en la finalización de expedientes abiertos en su día. El criterio es ir resolviendo los más antiguos antes de que prescriban.

2021-11-12 | Etiquetes: , , , | Categories: Menorca | Enllaç





		

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